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Después de ascender al grado de brigadier general en diciembre de 2014, Jorge Horacio Romero Pinzón fue comandante de la Séptima y de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en Villavicencio y Medellín respectivamente. En agosto de 2019, apenas semanas después de haber sido llamado a calificar servicios, fue capturado y enviado preventivamente a prisión por supuestas irregularidades en 26 contratos celebrados en la última de estas unidades militares pues, al parecer, se cobraban millonarias coimas para favorecer a terceros. Desde el 22 de noviembre de 2019 está en juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ha pasado en este caso?
Al general en retiro Jorge Romero, la Fiscalía lo acusó hace un poco más de un año, el 3 de diciembre de 2019, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propios y peculado por apropiación. Según el entre investigador, el alto oficial, como comandante de la Cuarta Brigada habría acordado con el capitán (hoy mayor) Edwin Eduardo Carrillo Pacheco, comandante y jefe de Presupuesto del Batallón de Servicios No. 4 “Yariguíes”; así como el teniente coronel Harold Felipe Páez Roa; y la asesora jurídica Angélica María Oviedo, apropiarse de dinero del Estado en contratos.
¿Cómo? Según la Fiscalía, los pliegos de condiciones de los contratos se ajustaban al perfil del proponente a cambio de que este pagara, con el dinero recibido en la primera factura, el 10% del contrato a los oficiales y personal civil de la unidad. Y para ello, los cambios se hacían a última hora y se registraban tardíamente en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Según la Fiscalía, el oficial Romero omitió adelantar las investigaciones disciplinarias correspondientes y en 2016 adjudicó contratos en construcción, ferretería, mantenimiento de vehículos y otros a pesar de las advertencias que recibió del coronel Heiver Norberto Dueñas Preciado, jefe del Estado Mayor y gerente de Procesos Precontractuales de la Cuarta Brigada, quien se negó a firmarlos.
(En contexto: General (r) capturado tendría que ver con irregularidades en al menos 26 contratos)
Una inspección realizada por el Ejército en 2016 a los procesos contractuales que llevaba el Batallón de Servicios No. 4, no cumplían los requisitos de publicidad y transparencia. No obstante, dice la Fiscalía, el general Romero rechazó el 22 de agosto de 2017 una queja presentada meses antes por un uniformado que supuestamente constató que los subalternos del alto oficial se reunían con proveedores y organizaban los pliegos. Según el expediente, los contratistas que se comprometían con ese pago del 10 %, le pagaban al coronel Páez Roa y luego este se lo entregaba al general Romero en efectivo de manera directa o a través de terceras personas.
“El general Romero Pinzón valiéndose de su cargo de comandante de Brigada ordenó a sus subalternos adjudicar contratos a aquellos contratistas que le generaban beneficios económicos”, dice el expediente. De los 26 contratos mencionados, hay varios relacionados con mantenimiento de vehículos: el 028 de 2016; el 322 de 2016 y su adición; dos contratos del 22 de junio con el proceso de licitación 033 de 27 de mayo de 2016 (pero el 11 de julio de 2016 fue revocada la resolución de adjudicación). A estos se suman el contrato 346 de 2026; el 366 del 30 de septiembre de 2016, y cuatro más firmados con Motovehículos o con Jaime Alberto Ramírez Díaz.
Esos últimos cuatro contratos son todos de 2016. Uno de junio por $344 millones para el mantenimiento de vehículos y motos de la Cuarta Brigada. Otra para la adquisición de “grasa y lubricantes paras las piezas de artillería” por $5.032.992. Uno por $57 millones para mantenimiento a dos vehículos. Y uno más, de agosto, para la adquisición de repuestos por $1.694 millones. A estos, se suman varios contratos para el suministro y catering suscritos con Distrilogística, empresa de Samir García; y con el Almacén Infante de Guerly Alexander Carrera.
Sobre los firmados con Distrilogística, la Fiscalía dijo que Samir García le entregaba supuestamente al general Romero Pinzón dinero o celulares, pero que también le llegaba a pagar las facturas al alto oficial a cambio de que este ordenara que los convenios se suscribieran con él. Eso habría sucedido entre 2016 y 2017 en por lo menos 12 contratos de esta índole y otros 8 de suministro de otros elementos. Por ejemplo, hay uno por $47 millones para “servicio de restaurante y cafetería para eventos programados por el Comando de la Séptima División del Ejército y Batallón de Ingenieros No. 4”. A esto se suman un contrato por $32 millones para alimentación, otro de $30 millones para la compra de productos de cafetería y uno de $50 millones para el servicio de catering para una celebración.
::Capturado el general (r) Jorge Romero, investigado por corrupción::
Los contratos iban desde los $6, $7 y $10 millones, a $31, $40, $43, $55, $66 y hasta $104 millones. Sobre los contratos firmados con el Almacén Infante, la Fiscalía dijo que su representante legal, Guerly Alexander Carrera Arias, supuestamente acordó con el teniente coronel Harold Felipe Páez Roa la adjudicación del contrato No. 024 BASPC4-2016 por $500 millones para el suministro de sacos terreros. A él también se le habría entregado de manera irregular un contrato de $20 millones para el suministro de 190 colchones y 195 almohadas para un batallón, con el que no cumplió, por lo que se habría entregado una coima de $11 millones al mayor Rubén Darío Rodríguez Ortegón para que este fuera liquidado.
De otro lado, la Fiscalía también llamó a juicio a Romero por haber omitido el deber de denuncia luego de que sus subalternos le mostraran evidencias de cómo civiles estaban hurtando el combustible de la unidad. La entidad encontró que Juan Camilo Barrera Gómez, un funcionario civil del Batallón de servicios No 4 “Yariguíes”, sacaba el combustible de las estaciones de servicio en canecas de 55 galones y que carros que estaban “fuera de servicio”, reportaban su gasto para ocultar el robo. Así, algunos contratos se pagaban con combustible o se usaba en carros personales para una apropiación ilegal de $83 millones de pesos.
“Los recursos obtenidos por la venta de combustible de los vehículos del ejército eran utilizados para beneficio personal del General Romero y varios de sus subalternos. En el segundo semestre de 2016 se apropió por lo menos de seis millones de pesos para realizar un viaje a Brasil junto con su familia y los oficiales que estaban realizando el curso de altos militares”, dice el expediente. Con esto en mano, la Fiscalía enfrentó al oficial y la audiencia preparatoria de juicio necesitó de nueve sesiones que se extendieron a lo largo de 2020, hasta el pasado 4 de noviembre.
La Corte Suprema aceptó varias pruebas pedidas por la defensa del general (r) Romero que va encaminada en señalar que era el jefe del Estado Mayor de la Cuarta Brigada, y no él, quien hacía todos los trámites administrativos y de contratación. Por eso, quería que fueran aceptados documentos sobre la asistencia de ese oficial a seminarios realizados en enero de 2016 y 2017 para jefes de Estado Mayor y Ejecutivos del Ejército Nacional. No obstante, la capacitación recibida fue posterior a los hechos investigados, por lo cual la Corte rechazó la prueba.
También, un oficio del 13 de febrero de 2020 mediante el cual se solicitaba al comandante de la Cuarta Brigada un “plan correctivo a la revista de inspección del comando del Ejército de junio de 2016” y su respuesta. Según Romero, esto probaría el grado de compromiso que tuvo frente a los temas de contratación. Esta prueba sí fue aceptada por la Corte al estimar que contribuiría “en el esclarecimiento de los hechos como teoría alterna de la defensa, toda vez que la ejecución de los planes correctivos por parte del General Romero, a más de ser propio de su cargo, indicarán si su afán por solucionar las anomalías detectadas por sus superiores era en cumplimiento de sus obligaciones como comandante de brigada, o si tenía otros fines”.
“Los planes correctivos a iniciativa del incriminado en materia de contratación y administrativa en la dependencia bajo su mando, así correspondan a funciones propias del cargo, el haberlas cumplido, dependiendo de su contenido, información y condiciones en que lo hizo, constituyen parte de la estructura de la tesis que la defensa viene esgrimiendo para exculpar a su asistido”, dijo la Corte. También se aceptó un oficio de 5 de marzo de 2020, mediante el cual se solicitaba al comandante de la Cuarta Brigada “órdenes semanales cuarta brigada año 2026 -2017”, y su debida respuesta.
Para el oficial, esto probaría su cercanía o ajenidad respecto de los temas de contratación, qué directrices específicas podía dar para el período en concreto de la acusación, entre otras. De otro lado, la Corte negó los testimonios de dos coroneles con los cuales se pretendía demostrar por la defensa que no tuvo injerencia indebida en la contratación e invalidar a uno de los testigos de la Fiscalía. Este juicio seguirá en 2021.
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