Carga ideológica

Primero debo decir que según ha trascendido, el documento tiene 525 folios que contienen al detalle las pruebas que tiene el ente organizador para haber acusado a Petro de tres conductas gravísimas y dolosas. Esta semana el debate se ha dado sobre si el procurador es o no competente para sancionar e inhabilitar a funcionarios de elección popular. Pues si lo es, de conformidad con el artículo 277 de la carta política. Que no sea el ideal, es cierto. Pero es lo que consagró la reforma constitucional del 91 que fabricó un engendro en la Procuraduría y mientras no se decida otra cosa, pues es lo que hay.

Sin embargo, hay que decir que el procurador Ordoñez, a diferencia de los anteriores, le ha metido tanta carga ideológica al ejercicio de su cargo, que los ciudadanos con razón sospechamos sobre la imparcialidad de sus decisiones y las de sus subalternos. No se explica uno, por ejemplo, por qué ha exonerado disciplinariamente a más de 9 parapolíticos condenados penalmente por la Corte Suprema de Justicia, pero haya condenado a Piedad Córdoba con unas pruebas que la propia Corte había sostenido no podían usarse en los procesos por no haber tenido una correcta cadena de custodia.

Inexplicable resulta también que al exalcalde Samuel Moreno le hubiera metido una sanción de suspensión de solo 12 meses, pero a Petro lo haya inhabilitado por 15 años. Esto ciertamente no tiene ninguna proporción ni parece lógico, pues Petro pudo haber sido negligente en sus decisiones, pero hasta ahora nadie ha dicho que tenga temas de corrupción.

Otro asunto es lo que realmente pasará con esta decisión del procurador, porque Petro la ha capitalizado para hacer proselitismo, de alguna manera, victimizándose y comparándose con los líderes de la Unión Patriótica asesinados en los años ochenta. Y la verdad, una cosa es que Petro haya sido leal con la paz que firmó como exguerrillero, y otra bien distinta que por ese solo hecho esté por encima de la ley. Esa es la paradoja.

Es tal el caos que se generó con esta decisión del procurador que bien haría el doctor Ordoñez (si está seguro de su decisión) de pedirle al Congreso que designe un procurador Ad Hoc para este caso, lo que acabaría con el argumento de la persecución de Petro.

Así el procurador tiene una salida decorosa. Y además, ¿por qué no hacerlo si está realmente convencido de la solidez de la providencia de primera instancia?

No veo que esto pueda tener otras salidas institucionales, pues entre tutelas e intromisión del aún no posesionado embajador americano y de las ONG internacionales, esto parece no tener fin, para desgracia de la ciudad y de sus habitantes.