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Luego del revuelo que suscitó la renuncia de Julia Miranda como directora de Parques Nacionales, la cual fue pedida por el ministro de Ambiente, Carlos Correa, se vienen conociendo las últimas disputas que encabezó esta abogada mientras lideró la entidad durante los últimos 16 años. Esta semana, la W Radio reveló que ese organismo estaba a punto de fallar en segunda instancia una millonaria multa contra el grupo Daabon (propiedad de la conocida y tradicional familia Dávila Abondano), porque una de sus empresas bananeras estaba funcionando en la Sierra Nevada de Santa Marta, ecosistema que forma parte del Parque Nacional Tayrona.
Manuel Julián Dávila, presidente del grupo que siembra palma de aceite y banano desde hace décadas en el Magdalena, rechazó que el tema tuviera que ver con la salida de Miranda y que desde 2012 pidieron ayuda a esta entidad para solucionar esta situación. Según La Silla Vacía, los Daabon conforman el grupo económico más importante del departamento, el que genera más empleos y, aunque no se mete de lleno en política, es determinante cuando le dan el espaldarazo a algún candidato a la Alcaldía de Santa Marta o la Gobernación. Es una familia con lunares también: tres hermanos Dávila terminaron firmando un preacuerdo -avalado por un juez en 2018- por el escándalo de Agro Ingreso Seguro durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Mientras se conoce si Parques Nacionales deja en firme la multa por $7.200 millones contra Daabon, El Espectador supo que la saliente directora Miranda también sostenía una disputa judicial con otra facción de los Dávila y que hace poco llegó al Consejo de Estado. Se trata del pleito por la construcción del complejo Los Ciruelos, un proyecto de al menos 12 ecocabañas que también estaba previsto para ser construido en el interior del Tayrona desde abril de 2008. Este lo encabezan las hermanas Claudia y Beatriz Dávila Zúñiga, primas segundas de los Daabon e hijas del ya fallecido Francisco Dávila Ricciardi, conocido algodonero de la región que fue presidente de la Confederación Colombiana del Algodón.
La génesis de este pleito judicial es abril de 2008, cuando el Ministerio de Ambiente le otorgó la licencia ambiental a las hermanas Dávila para construir el proyecto hotelero. Sin embargo, en enero de 2013, cuando la ANLA ya se encargaba de la autorización de licencias ambientales, suspendió de manera preventiva el proyecto por la posible afectación del ecosistema bosque seco tropical. Además, ordenó a varias entidades establecer si era necesaria la consulta previa con las comunidades nativas del Tayrona “por razón de ubicación del proyecto con relación a la ‘línea negra’ que demarca los territorios sagrados de las comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta”.
La ANLA tomó esa decisión luego de que Parques Nacionales entregara un informe del Instituto Humbolt, el cual indicaba que se debía realizar una valoración técnica de las actividades aprobadas para la construcción de Los Ciruelos. Además, la autoridad ambiental dijo que suspenderían las obras hasta que se determinara “el real y actual grado de representatividad del ecosistema del bosque seco tropical en el área de influencia del proyecto; los daños inminentes e irreversibles que se causarían por su ejecución (…) con el Ministerio del Interior establecer si la ejecución del proyecto representaba alguna afectación sobre el derecho a la integridad cultural y a la consulta previa de las comunidades étnicas”.
Para las hermanas Dávila, la ANLA actuó arbitrariamente a la hora de suspender el avance de las obras cuando, desde 2008, el Ministerio de Ambiente ya les había entregado la licencia para iniciar su construcción. Además, señalaron que prolongó esa medida preventiva injustificadamente y que incluso Parques Nacionales, en 2009, también autorizó el proyecto de las ecocabañas. Por estos hechos, las Dávila Zúñiga demandaron a la nación (ANLA y Parques Nacionales) en 2015 y solicitaron que se les reparara con más de $6.100 millones. El pleito llegó al Consejo de Estado, que terminó dándole punto final al asunto el 6 de noviembre pasado y no con muy buenas noticias para ellas.
El alto tribunal, aunque tumbó la decisión de segunda instancia -en la que se recharazon las pretensiones de las Dávila-, señaló que su demanda de reparación no era válida, ya que las determinaciones de las entidades tenían un carácter preventivo y cautelar. Además, explicó que “teniendo en cuenta que la medida cautelar de suspensión de las obras se impone mediante acto administrativo, se tiene que concluir que, en ese supuesto, la acción procedente para expulsarla del mundo jurídico es la de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que se pretendan anular sus efectos” y no a través de una demanda de reparación directa. Y añadió la alta corte que esta demanda se presentó mucho tiempo después que lo estipulado en la ley, por lo que el tema ya caducó.
Este diario contactó con las hermanas Dávila Zúñiga -sobrinas del exalcalde de Santa Marta y condenado por parapolítica Chico Zúñiga – para conocer su postura sobre este fallo, pero argumentaron que al cierre de esta edición, 18 de diciembre de 2020, no habían sido notificadas del fallo del Consejo de Estado, del 6 de noviembre pasado. Por ende, afirmaron que no podían pronunciarse sobre una determinación judicial que no conocían. Tampoco quisieron referirse a qué otros pleitos ante distintas instancias encara el proyecto hotelero o quiénes son los accionistas de la sociedad de Los Ciruelos. A su vez, la exdirectora Julia Miranda no contestó a las llamadas y mensajes se hicieron a su celular.
Fuentes cercanas a ese proceso señalan que la licencia aún está vigente, incluso la propia alta corte da cuenta de que el permiso ambiental fue modificado y que esto generó que las hermanas Dávila terminaran viendo inviable el proyecto. “Aumentaron las condiciones de protección ambiental y en últimas terminaba siendo más costoso para el operador”, señala una de las fuentes. Esas mismas fuentes señalan que el problema real de Los Ciruelos empezó cuando el Ministerio del Interior, en enero de 2008, avaló también la construcción de las cabañas y señaló que en la zona del proyecto ecoturístico no se registraban comunidades indígenas. Nada más lejos de la realidad.
Luego, en enero 2013, la fundación Misión Colombia interpuso una tutela en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, con el fin de obtener que se protegieran el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas kogui, sánha, kankuama e ika, supuestamente vulnerados “por la falta de agotamiento de consulta previa para el trámite de expedición de la licencia ambiental que autorizó el desarrollo del proyecto ecoturístico Los Ciruelos”. El Tribunal Administrativo de Magdalena, en febrero de 2013, le dio la razón a la fundación y ordenó la suspensión de las actividades de desarrollo del proyecto hasta tanto se realizara la consulta.
En febrero de 2014, el caso llegó al Consejo de Estado y este ordenó que el trámite de consulta previa debía iniciarse dentro de los 15 días siguientes, contados a partir del momento en el que la ANLA autorizara la continuación de las obras. Luz verde que llegó en julio de 2015, fecha que para las Dávila fue tardía y que, según ellas, les generó un detrimento patrimonial. Esa consulta nunca se hizo, ya que el dinero para realizarla, $500 millones, no fue puesto por Los Ciruelos, coinciden dos fuentes de Santa Marta que siguieron de cerca el caso. “El proyecto fue herido de muerte con las decisiones que tomaron varias instancias judiciales en los últimos años y por la deficiente asesoría jurídica que tuvieron los Dávila”, concluye la fuente.
Por David Escobar Moreno
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