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En Colombia reina la impunidad en los asesinatos de periodistas. Es algo que recuerdan cada 2 de noviembre las organizaciones de la sociedad civil, pues a pesar de que el país ya suma 164 reporteros asesinados por su labor, solo en un caso se ha logrado llegar hasta quienes ordenaron el homicidio. También lo saben las instituciones, según se desprende de informes que el Estado colombiano le entregó a la Unesco y que son parte de los miles de documentos que se filtraron con el hackeo del grupo Guacamaya a la Fiscalía. Esos documentos están en poder de este diario y son una muestra de la ausencia de justicia en crímenes que afectan la libertad de expresión.
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De 23 homicidios de periodistas cometidos entre 2006 y 2021 en Colombia y sobre los que se pidió información, solamente en tres casos se han logrado condenas. Todas en contra de los gatilleros. En tres casos más se terminó absolviendo a los responsables. Y en otros más la Fiscalía todavía no tiene ni idea de quién pudo estar detrás de los asesinatos. Los datos se los entregó el búnker a la Cancillería en abril de este año para que el entonces embajador ante la Unesco, Mauricio Vargas, diera explicaciones por la alta impunidad. El país le pidió a Naciones Unidas mantener esto reservado, sin embargo, en el leak de Guacamaya que conoció El Espectador quedó registro de todo.
El cruce de comunicaciones comenzó en marzo de 2022, cuando Unesco le pidió a Vargas información sobre “el estado de las investigaciones legales que se adelantan dentro de los casos no resueltos” como insumo para el informe que anualmente presenta esa organización sobre impunidad en homicidios de periodistas. El embajador envió esta comunicación a la Cancillería y ellos, a su vez, a la Fiscalía. Tras escarbar entre los expedientes, los primeros borradores de la respuesta que dio el ente investigador estuvieron listos a finales de abril.
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Ni indicios de los responsables
Hay crímenes en los que la Fiscalía no tiene siquiera indicios de quién pudo estar detrás. Por ejemplo, el homicidio de Yonni Steven Caicedo, camarógrafo de Buenaventura asesinado en febrero de 2014. Siete meses antes, cubriendo un homicidio, a Caicedo lo habían amenazado miembros de un grupo ilegal, ante lo cual la Policía le había aconsejado salir de la ciudad. Según reportó el fiscal del caso, “se han adelantado plurales actividades tendientes al esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables, sin que hasta el momento se cuente con evidencia que contribuya a la identificación de los presuntos responsables”.
Lo mismo ocurre en el caso de María Efigenia Vásquez Astudillo, comunicadora indígena que regresaba de cubrir una recuperación de tierras en su comunidad kokonuco en Puracé (Cauca) cuando fue alcanzada por una bala, en octubre de 2017. Esta investigación la acompaña la Unidad Especial de Investigación (UEI), una dependencia creada con el Acuerdo de Paz que investiga asesinatos de excombatientes y líderes sociales, y está conformada por algunos de los fiscales más experimentados en crimen organizado. Sin embargo, la Fiscalía reportó que aún no ha podido establecer de dónde vino el disparo.
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En los documentos filtrados por Guacamaya la Fiscalía asegura que ha adelantado “entrevistas, reconstrucción de la escena, estudios balísticos, inspecciones e interceptaciones”. Y a renglón seguido se añade: “Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con elementos materiales probatorios que permitan endilgar la responsabilidad del homicidio investigado y se continúan adelantando actos de investigación”. En el homicidio de Efigenia Vásquez se ha hablado de la responsabilidad de agentes de Policía y Esmad, presentes en la zona ese día, pero según la Fiscalía esas entidades han sido renuentes a entregar información de lo ocurrido.
La Fiscalía tampoco tiene indicios todavía de los responsables de los homicidios de José Naudín Gómez, director de Radio Guadalajara de Buga, ocurrido en julio de 2013; así como el de Javier Córdoba Chaguedo, político y locutor en Puerto Berrío Estéreo, asesinado en septiembre del mismo año en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño. Los fiscales de ambos casos reportaron que, aunque han practicado entrevistas, han hecho búsquedas en bases de datos y otras diligencias, todavía no han identificado a los autores de los crímenes. “Se sigue investigando”, escribió el fiscal de derechos humanos que lleva el caso de Córdoba.
Otro caso que apoyan fiscales de la UEI es la investigación del homicidio de Abelardo Liz, de la emisora Nación Nasa Estéreo, ocurrido en 2020 en Corinto (Cauca). El 13 de agosto de ese año Liz cubría un desalojo adelantado por el Ejército cuando murió por un impacto de bala. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que ha seguido de cerca el caso, aseguró en agosto de este año que, a partir de avances recientes en la investigación, se consolida la hipótesis de que un miembro de la Fuerza Pública lo mató. De hecho, esta misma organización instauró una demanda contra el Estado colombiano por su responsabilidad en la muerte del periodista.
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En el informe entregado a la Unesco, elaborado unos meses antes del comunicado de la Flip, la Fiscalía reportaba que han llevado a cabo varios actos investigativos, “no obstante, aún no ha sido posible la plena identificación del autor o autores del hecho”. Además, reportaban que en mayo un investigador estaría en terreno tomando entrevistas y que pronto se realizaría un comité con altos mandos del búnker “para orientar otras líneas investigativas”. A pesar de los hallazgos que pudo haber desde entonces, y aunque el caso está en manos de una unidad tan experimentada, a la fecha ni una sola persona ha sido judicializada por el homicidio de Abelardo Liz.
Fiscalía pone en duda que víctima fuera periodista
Aún más grave está el caso de Valentín Rúa Tezada, un locutor con más de 15 años de experiencia asesinado en Suárez (Cauca), en agosto de 2018. La Fiscalía no ha dado con los responsables, pero en cambio uno de los fiscales del caso pone en duda en el informe enviado a la Unesco que la víctima fuera periodista. “Dentro de la investigación adelantada dirigida a perfilar a la víctima se tiene que el mismo no ostentaba la profesión de periodista o comunicador social, ni ejercía este oficio o actividad. Se estableció que de manera esporádica prestaba sus servicios en una emisora local del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, colocando música”, escribió.
Testimonios en medios regionales de colegas y líderes que conocieron a Rúa Tezada dan cuenta del reconocimiento que tenía como periodista en Suárez. Al momento solo se tienen indicios de que hay un menor de edad involucrado en el crimen, lo que ha ralentizado aún más la investigación, pues el caso quedó dividido entre dos fiscales: uno de la unidad de homicidios de Santander de Quilichao y otro de responsabilidad penal adolescente en Puerto Tejada. Fue este último quien pese a no tomar ninguna decisión de fondo en el caso pasados cuatro años, asegura que el reconocido comunicador no era periodista.
No ostentaba la profesión de periodista o comunicador social (…) de manera esporádica prestaba sus servicios en una emisora local colocando música.
Fiscal del caso del periodista Valentín Rúa
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Al día siguiente del homicidio de Valentín Rúa, sicarios asesinaron en Tuluá (Valle) a Jairo Alberto Calderón, del periódico Contacto e hijo del exalcalde de ese municipio. En su caso la Fiscalía tampoco ha dado con los responsables, aunque en el informe se asegura que continúan en labores de investigación. Algo similar ocurre en el caso de Andrés Felipe Guevara, reportero del diario Q’ Hubo baleado al frente de su casa en Cali el 21 de diciembre de 2020. La Fiscalía llevó a juicio a un menor de edad vinculado al crimen, lo que generó que el proceso quedara en manos de dos fiscales distintos, que aseguran continuar las pesquisas, sin que hasta el momento hayan tenido avances.
Hay otros casos varados, como el de Gustavo Rojas Gabalo, reportero de Radio Panzenú, a quien sicarios balearon en Montería en febrero de 2006. Las autoridades habían capturado a cuatro exparamilitares por el crimen, pero fueron asesinados uno a uno, con lo que la justicia ordenó precluir la investigación. El fiscal a cargo del caso asegura en los documentos de la filtración de Guacamaya que ningún jefe paramilitar ha reconocido el hecho en Justicia y Paz, y si bien también ha recabado entre bandas criminales de la capital de Córdoba, “sin obtener información relevante que permita la judicialización de los autores”.
También está en un punto muerto la investigación de Milton Fabián Sánchez, locutor de Yumbo Estéreo, asesinado en ese municipio valluno en 2006. El fiscal ha intentado tres veces y sin éxito contactar a un testigo; y ni siquiera ha podido contactar a la familia del periodista. Asimismo, están varadas las pesquisas por los asesinatos de José Everardo Aguilar, periodista político de Radio Súper Popayán baleado en abril de 2009 y el de Alberto Lázaro del Valle, director de la emisora Planeta en Cali, muerto en esa ciudad en 2013. En ambos casos la justicia absolvió a los sicarios que la Fiscalía llevó a juicio y desde entonces no se han presentado más avances.
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El esclarecimiento del asesinato de Mauricio Lezama, cineasta y documentalista baleado en Arauca en 2019 mientras realizaba entrevistas, también está embolatado. Los fiscales de la UEI a cargo tienen indicios de que el crimen lo ordenó el frente 10 de las disidencias de las Farc, que opera en ese departamento. Sin embargo, el máximo jefe de ese grupo armado, alias Arturo, murió este año en una operación militar, con lo que el proceso se va a precluir y, por ahora, solo hay una orden de captura en contra de quien le disparó a Lezama.
Los escasos avances en crímenes contra periodistas
Hay tres casos en los que ya hay condenas. El primero, quizá más recordado, el de Javier Ortega Paul Rivas y Efraín Segarra, equipo periodístico del diario peruano El Comercio, secuestrados y asesinados por disidencias bajo órdenes de Guacho en 2018. En este expediente ya fueron condenadas dos personas. En segundo lugar está el caso de Édgar Quintero, conocido como Quintín, periodista de Radio Luna asesinado en 2015 en Palmira (Valle). Los informes de la Fiscalía dan cuenta de que por su homicidio han sido condenadas ocho personas y resultó absuelta una más, pero el expediente de este último sujeto llegó hasta la Corte Suprema y está todavía por definirse su futuro judicial.
Asimismo, el informe da cuenta de las sentencias que ha logrado por el asesinato de la periodista Flor Alba Núñez, baleada en Pitalito (Huila) en 2015. Núñez trabajaba en la emisora La Preferida, y por su homicidio ya resultaron condenados dos sicarios a 47 y 39 años de cárcel. Además, en los documentos filtrados se sostiene que el caso sigue investigándose con miras a identificar otros responsables. Algo similar ocurre con el homicidio de Javier Córdoba Chaguendo, locutor de Planeta Estéreo asesinado en Tumaco en 2019: la Fiscalía llevó a juicio a dos personas, está por acusar a otro hombre y continúa investigando a 11 más que pudieron estar involucradas.
El parte de escasos avances de la Fiscalía culmina con tres casos más. El del periodista tulueño Marcos Efraín Montalvo, el que están por ir a juicio los sicarios, uno de los cuales era menor de edad. El de José Libardo Montenegro, periodista de una emisora comunitaria de Samaniego (Nariño) asesinado en 2019, en el que ya fue identificado a un responsable, pero no ha sido judicializado. Y el de Guillermo Quiroz Delgado, reportero que murió en 2012 en Sucre tras caer de una patrulla policial luego de una manifestación, pasó a la Justicia Penal Militar. La Unesco también había pedido detalles del de Luis Eduardo Gómez, pero no hay reporte de él en la información filtrada.
La Fiscalía le envió esta información a Cancillería y ellos, a su vez, a la Unesco. Los países pueden elegir si hacer públicos sus reportes o mantenerlos reservados. Colombia se quedó en el segundo grupo, aunque según el informe final, publicado hace apenas unos días, hay elementos destacables. Por ejemplo, fue uno de los pocos países que informó sobre las iniciativas en marcha para prevenir estos crímenes, así como la creación de nuevos mecanismos para investigarlos, medidas para proteger a periodistas y estrategias para abordar la dimensión de género de estas agresiones. Sin embargo, en 2022 van tres periodistas asesinados y lo que deja ver el leak de Guacamaya es que se suman a una larga lista de impunidad y negligencia.
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