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Así como para los Barí la violencia empezó con la llegada de los conquistadores españoles, y para otros lo hizo con la instauración de las empresas petroleras, para muchas personas que vivimos en esta región la violencia inició con la llegada de las guerrillas, que han estado en el Catatumbo desde finales de los años setenta. (La noticia: Atentado atribuido al Eln deja nueve soldados muertos en El Carmen).
Muchos todavía nos acordamos de la toma guerrillera que hizo el ELN en Convención, el 31 de enero de 1979, y la presencia esporádica del EPL en los municipios de Teorama, San Calixto y Hacarí a principios de los años ochenta. Por eso, sabemos que el ELN y el EPL son las primeras guerrillas en instalarse en esta región, y a mediados de los años ochenta se les unieron las FARC, que inicialmente se localizaron en la zona baja del Catatumbo. Con el paso de los años, estas tres guerrillas se fueron expandiendo por toda la zona, y llegaron a muchas veredas y pueblos conjuntamente.
Durante esos primeros años, muchas personas sintieron proximidad y hasta les dieron alguna legitimidad a las guerrillas en sus pueblos y veredas. Eso se debió a que, sobre todo en las zonas rurales más apartadas, vivíamos en medio de la marginación y la pobreza. Entonces la guerrilla llegó haciéndole denuncias al Estado para que se diera cuenta de las condiciones tan malas en que nos tocaba vivir, en una región con riquezas abundantes y con todas esas propuestas y trabajo comunitario que ya habíamos puesto en marcha campesinas, campesinos e indígenas. Igualmente, las guerrillas impulsaron un trabajo político por medio de reuniones y talleres, a algunos de las cuales nos tocaba asistir obligatoriamente.
Aunque la guerrilla se presentaba en nuestras casas y pueblos portando armas o con la cara tapada, la mayoría de veces teníamos permitido dialogar con ellos, preguntarles y negarnos a sus solicitudes, por ejemplo, de darles comida o víveres, si no nos parecía correcto lo que nos pedían. Las guerrillas buscaron dirimir algunos conflictos vecinales, y en muchos casos impusieron castigos, llamados de atención e incluso corrieron gente de la región por tener comportamientos que en esos años les ponían en riesgo o que no compartían, como tener relaciones con la fuerza pública, robar o consumir mucho alcohol. En zonas donde no había mecanismos legales para hacer justicia, ellas se adjudicaron ese derecho, a su manera y con sus propios mecanismos, y aunque algunas personas vieron con buenos ojos esas prácticas, generaron efectos muy graves como el desplazamiento forzado o los asesinatos.
Aunque las guerrillas operaban de esta forma, nunca fue en las dimensiones que veríamos años después. Fue por eso que una señora comentó que, en esos años, integrantes de las guerrillas “no eran tan carnívoros”. Y eso lo dijo porque por ahí a finales de los años ochenta, empezaron a mostrarse más como militares y a sembrar zozobra entre nosotros. O sea, para ese entonces nos empezamos a dar cuenta de que su principal interés ya no fue el trabajo político y la denuncia de las condiciones tan difíciles en las que vivía la gente, sino lo militar, la sospecha ante cualquier cosa que no compartieran, y el interés en algunas actividades económicas que les daban ganancias. Todo eso llevó a que numerosos habitantes, sobre todo de los pueblos y las ciudades del Catatumbo, sintieran poco a poco una distancia, miedo, y denunciaran públicamente muchas de las acciones de las guerrillas.
Especialmente nos acordamos de las tomas a poblados que hicieron el ELN, el EPL y las FARC, a veces en conjunto, en todos los municipios de la región. Además, empezaron a controlar y a vigilar todos los aspectos de nuestra vida cotidiana: sospechaban de lo que pasaba y de lo que decíamos, buscando supuestamente eliminar a cualquiera que consideraran no deseado o que tuviera cercanía con el Gobierno y con la fuerza pública. En esos años ocurrieron muchas muertes y desplazamientos de personas de la región que consideraron como sospechosas.
Quienes no eran del Catatumbo tenían que entrar recomendados, y si uno tenía un familiar en el Ejército o la Policía, tenía vetada la entrada a la región. Eso también les pasó a diversos profesores, profesoras y otros profesionales, que muchas veces venían de afuera del Catatumbo o de otros municipios y casi siempre les tocó demostrarles que no tenían nada que ver con el conflicto entre grupos armados y únicamente venían a trabajar por la región. En esos años se dieron muchísimas violaciones a nuestros derechos a causa de ese accionar armado de las FARC, el ELN y el EPL.
A la vez que estos grupos armados iban consolidando su fuerza política y militar, buscaron reforzar su poder económico. Algunos y algunas notábamos que eso lo hacían principalmente por medio del secuestro con fines extorsivos, el cobro de cuotas y la regulación estricta de la coca, esto último en el caso de las FARC, pues en el corregimiento de La Gabarra (Tibú), su cultivo estaba en auge desde principios de los años noventa. Así lo contó un señor de San Calixto:
“En esa época no existía el narcotráfico y acá en la zona del Catatumbo no había la implantación todavía de la mata [de coca]. Entonces, el EPL, la forma de conseguir recursos lo hacía por medio de extorsiones y de secuestros, esa era la forma de poderse mantener la organización”.
Los secuestros y extorsiones se dispararon sobre todo a finales de los años noventa: entre 1982 y 2002, Ocaña fue el municipio en donde más se presentaron secuestros, seguido de El Carmen, Tibú y Ábrego. El ELN fue la guerrilla que más recurrió a esa práctica durante esos veinte años, seguida del EPL. Aunque en su mayoría se trataba de secuestros extorsivos, o sea que la persona secuestrada tenía que pagar por su rescate, el ELN cometió secuestros que, justificaba, tenían fines políticos, una práctica en la que la guerrilla hacía un “juicio político” relacionado con temas que consideraban que afectaban a la región, como la corrupción, y los aplicaba contra funcionarios, candidatos y líderes. Lamentablemente, en algunos casos estos hechos condujeron a la muerte de la persona plagiada. El EPL también justificó algunos secuestros como “juicios políticos”.
En ocasiones, además, las guerrillas nos prohibieron ir a votar: recogían nuestras cédulas el día anterior a las elecciones o quemaban urnas o material electoral. Todo esto generó mucha tensión y zozobra en las zonas urbanas. A partir de 1986, cuando empezó a funcionar el oleoducto que transporta crudo desde los campos en Caño Limón (localizados en Arauca) hasta el terminal de Coveñas (en Sucre), y que en el Catatumbo atraviesa los municipios de Sardinata, Tibú, El Tarra, Teorama, Convención y El Carmen, las guerrillas lo atacaron constantemente. Aunque no fue la única, el ELN fue responsable de la mayoría de ataques contra la infraestructura petrolera que existía en ese momento. Esto respondía a su política de reivindicación sobre la soberanía y defensa de los recursos mineros del país, una postura que fue abanderada inicialmente por el sindicato petrolero décadas atrás, pero que la guerrilla adoptó como causa propia en esta época.
La respuesta del Estado ante la presencia de las guerrillas fue fundamentalmente de tipo militar. Quienes vivimos en el Catatumbo reconocemos que estamos en una “zona roja”, definida así por la puesta en marcha de la política de lucha antisubversiva del Estado. Durante los años ochenta y noventa, nos dimos cuenta de que esa estrategia se expandió para incluir, además de las guerrillas como “enemigos internos” del Estado, a individuos, comunidades y procesos sociales de la región que fueron considerados “afines” o cercanos a los armados porque pensaban diferente o hacían propuestas alternativas. Esto ha producido un estigma sobre catatumberos y catatumberas y ha justificado muchas formas de violencia de miembros de la fuerza pública, que se agravaron en la década de los noventa, como señalamientos, requisas constantes, allanamientos ilegales, destrucción de bienes, detenciones ilegales, tortura e incluso muerte y desaparición, en algunos casos tomando la forma de ejecuciones extrajudiciales, es decir, el asesinato de civiles para hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combates. Esta práctica atroz, que salió a la luz pública en toda su dimensión en 2008, ha ocurrido en el Catatumbo desde los ochenta, aunque con diferencias en su magnitud. Líderes, lideresas, docentes, sacerdotes, entre otros, fueron vistos con sospecha por soldados y policías que empezaron a hacer cada vez mayor presencia en nuestros barrios y veredas, en muchos casos echando por tierra los procesos o proyectos que abanderábamos y habíamos construido con tanto esfuerzo. Ese estigma que ha recaído sobre nosotros nos ha producido mucho dolor. Además, ha permitido más violencias, como la que nos impusieron con sevicia y terror los paramilitares a partir de 1999.
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