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El señor Navarro Wolff, de la misma corriente política del destituido alcalde Gustavo Petro, fue presidente de la Constituyente del 91, que le asignó poderes especiales a la Procuraduría, con el fin de ejercer un control severo, a los funcionarios del Estado, nombrados o elegidos por votación popular.
Hasta ahí, todo bien; cuando el actual procurador y sus antecesores destituyeron, por violaciones legales a cerca de 360 funcionarios, muchos de ellos, elegidos por votación popular y otros nombrados por el Gobierno, las medidas se acataron y punto.
Funcionarios pertenecientes a todos los sectores y vertientes políticas han sido destituidos, desde la promulgación de la Contitución del 91, hasta nuestros días y estos han acatado la constitucionalidad de la decisión.
Ministros, gobernadores, alcaldes y lógicamente, generales, coroneles, oficiales y suboficiales de todos los rangos, pertenecientes a la Fuerza Pública, han sido destituidos y nadie a dicho ni “mu”.
La celebración de las víctimas del Palacio de Justicia fue avasalladora cuando, desconociendo la participación terrorista del entonces M-19, se alegraron al ver destituido y tratado como al peor hampón, al coronel Plazas Vega, comandante militar en la retoma del Palacio de Justicia a manos de los terroristas.
Pero cuando se inicia con la destitución de Piedad Córdoba, ahí sí empezaron las voces de descontento, empezando por el actual ministro de Justicia, Gómez Méndez, reconocido escudero del expresidente Samper.
Ahora con la destitución del alcalde Gustavo Petro, la histeria de la izquierda no se hizo esperar y ahí sí piden a gritos la reforma inmediata de la Constitución, que le da inmensos poderes al procurador, según ellos.
Ver para creer, definitivamente, me pregunto: ¿La ley no es solo para los de ruana, sino para los que no somos de izquierda?
Gustavo Roa C. Coronel.
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