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A principios de diciembre pasado, un grupo de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales hicieron un plantón frente a las oficinas de la JEP, anunciando la radicación de una acción de tutela que pretende expulsar al general (r) Mario Montoya de la justicia transicional, pues “no ha hecho ningún aporte a la verdad”. Para darle tramite al proceso, el despacho ha revisado las respuestas enviadas por dos organismos investigativos, pero encontró que hay diferencias sustanciales entre ambos.
En contexto: Con tutela, víctimas exigen la expulsión de Mario Montoya de la JEP.
El reporte entregado por la Fiscalía, sobre casos activos en la justicia ordinaria contra el general en retiro Mario Montoya, dio cuenta de dos indagaciones y dos investigaciones en curso. Sin embargo, tras dos inspecciones judiciales que datan de 2018, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA) encontró que, según lo aportado a la Sección de Revisión, existen un total de 12 investigaciones en contra del excomandante del Ejército, quien estuvo al mando de dicha institución durante el periodo 2006-2008.
“Sumado a lo anterior, no es claro el estado actual y el impulso procesal dado a dichas investigaciones pues la Fiscalía se limitó a informar que viene atendiendo los parámetros fijados por la Corte Constitucional al respecto, sin otra información adicional”, agregó la subsección segunda de tutelas, de la Sección de Revisión de la JEP, en auto firmado por la magistrada Caterina Heyck y conocido por El Espectador. Así mismo, el órgano de justicia transicional explicó que desconoce si la Fiscalía ha cumplido con el deber, de la justicia ordinaria, de continuar con el avance de las investigaciones hasta su culminación -bien sea precluyendo los expedientes o avanzando hacia imputación en su contra-.
Así las cosas, a través de Secretaria Judicial, la JEP le ordenó a la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que amplíe la respuesta enviada tras la radicación de la acción de tutela. El ente investigador de la justicia ordinaria deberá aclarar las diferencias de su contestación con la información suministrada por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA). Además, a la Fiscalía se le ordenó responder si en el último año se ha avanzado con las dos indagaciones y dos investigaciones que aseguró tener en curso.
Los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales instalaron la acción de tutela para que, según ellos, se proteja su derecho a la verdad y a la justicia. Los accionantes señalan al general (r) Mario Montoya por desconocer una práctica que, durante su mandato en el Ejército, “ocasionó alrededor de 2.529 víctimas”. Así mismo, como reveló un asistente a la rendición de versión voluntaria del excomandante, el pasado 13 de febrero, el protagonista de las investigaciones aseguró que los soldados cometieron ‘falsos positivos’ porque eran de estrato 1 y 2.
“La administración de justicia no puede permitir que quienes han desconocido sus deberes y compromisos, sigan gozando de beneficios como rebajas de penas y no privación de la libertad. Como víctimas demandamos que quienes han pretendido hacer un fraude a la verdad plena, como Mario Montoya Uribe, sean objeto de exclusión y de un procesamiento en la justicia ordinaria o en la justicia internacional, que garantice la plena vigencia de nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición”, señalaron en su momento los accionantes.
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El general (r) Mario Montoya, por su parte, ha sostenido que nunca dio una orden de ese tipo. Así mismo, el excomandante del Ejército aseguró que durante su gestión no tuvo información sobre esos casos, pues las denuncias sólo llegaron hasta 2008 cuando le dio paso a Óscar Enrique Gonzáles. “El conocimiento de irregularidades se obtuvo mucho tiempo después de la ocurrencia de los hechos y en ese momento se tomaron las medidas para que se investigaran las acciones y no se repitieran”, dijo en versión libre ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Según cifras de la Fiscalía, en el marco del informe anual sobre la situación de Colombia ante la Corte Penal Internacional, a finales de 2019 el ente investigador tenía más de 2.200 casos activos por ejecuciones extrajudiciales, que dan cuenta de un total de 3.876 víctimas mortales. Por estos hechos, habrían más de 10.000 investigados y 1.740 condenados, por hacer pasar civiles como miembros de organizaciones criminales muertos en combate. En 2019, según la Fiscalía, fueron condenados 31 miembros del Ejército.
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