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El conflicto en Venezuela no es esencialmente un enfrentamiento entre la izquierda y la derecha sino entre la democracia y la antidemocracia.
Por eso, quienes nos consideramos de izquierda por cuanto estamos comprometidos en la lucha contra las desigualdades y las discriminaciones pero creemos igualmente que una izquierda genuina tiene que ser democrática, debemos oponernos al autoritarismo del régimen de Maduro, como muchos lo hemos hecho en el pasado, y rechazar su intento de perpetuarse en el poder con unos resultados electorales que todo indica son fraudulentos. Debemos igualmente condenar el estado de sitio de facto que se vive en Venezuela y la violenta represión contra las protestas sociales en su contra, con el mismo vigor que en su momento rechazamos la represión desbordada del gobierno Duque durante el estallido social del 2021.
Estos resultados electorales no pueden ser aceptados por cuanto no han respetado mínimos estándares democráticos, como lo señala reposado pero contundente comunicado del Centro Carter, que fue invitado oficialmente como observador internacional por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano por, según sus propias palabras, la “seriedad” y el bien ganado “prestigio” de este centro. Sería absurdo que ahora las autoridades venezolanas lo cuestionaran.
Este proceso electoral ya era muy cuestionable antes de la votación del 28 de julio, al menos por tres razones: primero, por la obstaculización a la inscripción de los candidatos opositores, con argumentos inaceptables, incluida la inhabilitación de Corina Machado. Segundo, por la obstaculización al registro de votantes, en especial a los migrantes en el exterior, que en su inmensa mayoría probablemente son contrarios a Maduro. En Colombia sólo pudieron votar unos 7.000 venezolanos. Tercero, por las restricciones a las libertades democráticas en la campaña y la evidente parcialidad de todas las autoridades venezolanas, incluido el CNE, a favor de Maduro.
A pesar de que la cancha estaba totalmente desequilibrada en su contra, la oposición decidió participar y todo indica que ganó claramente la votación, pero Maduro fue proclamado presidente, sin ninguna claridad ni transparencia. El CNE no ha hecho públicas las actas por mesa y sacaron, luego de una interrupción por varias horas por un supuesto ataque cibernético, un resultado inverosímil. Es muy difícil, casi imposible, no concluir que hubo un fraude monumental.
Con la evidencia hasta ahora disponible estoy convencido de que existió ese fraude y lo rechazo. Sin embargo, entiendo que actores relevantes que buscan mediar en esta crisis, como el presidente Petro, y no simples columnistas como yo, asuman posiciones más prudentes y no hablen aún de fraude, sino que exijan la publicación de las actas y un reconteo, con verificación independiente e internacional. Comparto esa prudencia de Petro (que muchos de sus seguidores criticarían como tibieza si fuera tomada por otra persona en otro contexto) a fin de intentar salidas pacíficas y democráticas a la crisis venezolana. Pero esa prudencia debe ser firme y consistente y no lo ha sido: es incomprensible que el Gobierno se haya abstenido en la OEA para una resolución que iba en esa dirección y es un retroceso que el comunicado conjunto de Colombia con México y Brasil hable de reconteo pero no exija expresamente la verificación independiente internacional pues no puede confiarse ni en el CNE ni en la Corte Suprema para esa labor ya que son instituciones totalmente cooptadas por el Gobierno. Colombia debe exigir que cesen las violaciones a los derechos humanos y que la publicación de las actas y el reconteo sean inmediatos y con verificación internacional para que sean creíbles y evitar un agravamiento de la violencia y represión.
* Investigador de Dejusticia y profesor Universidad Nacional.
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