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El 15 de diciembre de 2023, el senador Ciro Ramírez fue capturado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La investigación, que continúa en proceso, ha puesto en evidencia que él ideó un esquema para amañar contratos en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). No hubo mucho tiempo para salir del asombro, pues en los siguientes meses se destapó otro gran escándalo de corrupción que tiene en aprietos al gobierno Petro: el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El Espectador escarbó ambos procesos y encontró vínculos en los que se repiten nombres de personas, empresas y prácticas sospechosas.
Los hechos del primer capítulo, el de Ciro Ramírez, iniciaron en noviembre de 2021. La Corte encontró que el senador por el Centro Democrático y Pierre García Jacquier, entonces subdirector del DPS, se aliaron para darle un convenio a la empresa Proyecta, que en realidad se convertiría en un vehículo para cobrar dádivas por $1.000 millones y afianzar el proyecto político de Ramírez para las elecciones legislativas. En el marco del convenio, por lo menos 13 contratos se habrían otorgado “a dedo”.
El segundo capítulo, el de la Ungrd, arrancó en noviembre de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro decretó la situación de desastre nacional por la ola invernal y se avaló la contratación exprés en la entidad, con recursos de un fondo especial que administra la Fiduprevisora. En apariencia, la intención era atender rápidamente las emergencias por las lluvias, pero se corrompió. El entonces director de la Unidad, Olmedo López, y el subdirector, Sneyder Pinilla, hoy están negociando con la Fiscalía y ya confesaron haber participado de un esquema que saqueó la entidad y supuestamente benefició a congresistas, altos funcionarios del Gobierno y la guerrilla del ELN.
Este diario tuvo acceso a un informe que envió la Fiduprevisora a Presidencia, en el que alertaba sobre varios contratos de la Ungrd con posibles irregularidades y se advertía sobre su relación con la aprobación de los principales proyectos de ley del Gobierno. También accedió a una lista de 65 contratos que, en su mayoría, no están disponibles en el Sistema de Datos Abiertos (Secop), y que, a los ojos de la entidad, presentan señales de alerta. Dos de ellos, que suman más de $25.000 millones, se conectan con el expediente del exsenador Ciro Ramírez en la Corte Suprema. En ambos, Olmedo López fue el ordenador del gasto y designó al comité evaluador que eligió a los contratistas.
Ninguno de estos dos procesos se encuentra disponible públicamente. Óscar Hernández, director para América Latina de Open Contracting Partnership, organización que trabaja para que las contrataciones públicas sean justas y eficientes, explicó a El Espectador que por ley, sin importar la modalidad o el régimen, cualquier contrato que use recursos públicos debería publicarse en el Secop, para respetar los principios de publicidad y transparencia.
Tampoco se abrió una licitación pública, sino que la entidad envió invitaciones privadas para que tres proveedores enviaran cotizaciones y les dio apenas un plazo de tres a seis días para hacerlo. Sin referirse a estos casos en particular, Hernández considera que ese tiempo es insuficiente para que una empresa arme una propuesta de un contrato millonario. “Es absurdo. No puedo decir que este sea el caso, pero muchas veces se utilizan los decretos de emergencia para justificar la negligencia en la gestión de los recursos públicos. Si uno va a sacar una licitación de una obra pública, esperaría que, por lo menos, se dieran 30 días. Es la mejor práctica internacional”, agregó el experto.
Los mismos con los mismos
Los dos contratos de la Ungrd que este diario analizó fueron para ejecutar obras en Chinácota, un municipio en Norte de Santander, no muy lejos de Venezuela, y en Ciénaga de Oro, en Córdoba. El primero se otorgó el 29 de septiembre de 2023 a la empresa Inversiones y Proyectos Altamira S.A.S., por un valor de más de $19.000 millones. El objetivo era que, en 14 meses, se recuperaran dos vías dañadas por las lluvias.
El segundo contrato se entregó el 23 de octubre de 2023 a la Administradora y Proyectos de Ingeniería Civil La Fe S.A.S., por más de $5.000 millones, que buscaba recuperar en ocho meses el cauce de un caño para controlar las inundaciones.
Una mirada al gráfico que acompaña esta nota (al final de este texto) da unas primeras pistas de cómo los contratos, tanto de Chinácota como de Ciénaga de Oro, parecerían ir direccionados a las mismas personas.
En términos generales, la Ungrd invitó a tres proveedores, en apariencia diferentes, a que presentaran cotizaciones para entregar el contrato a la mejor propuesta. Sin embargo, al revisar cada uno de los proponentes, este diario pudo identificar que la mayoría de ellos se relacionaban entre sí: los nombres de los accionistas o representantes legales aparecían en más de una empresa, las empresas se habían asociado entre ellas para presentarse como consorcios en otros contratos e, incluso, las unían lazos de amistad o familiares.
El Espectador también pudo confirmar que varias de esas empresas y personas fueron mencionadas por la Corte Suprema como supuestas participantes del entramado de corrupción liderado por el exsenador Ciro Ramírez. Los tres nombres claves para hablar de esas coincidencias son: Luis Adrián Mejía Álvarez, Hernán Julio Barrios Castillo y Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez. Todos, grandes contratistas con el Estado. Pero vayamos por partes.
Según Pablo Herrera Correa, principal delator en el caso de Ciro Ramírez (y el entonces representante legal y gerente de Proyecta), los cerebros del esquema eran Ciro Ramírez y Pierre García. Pero los contratos habrían sido direccionados a través de dos intermediarios. Raúl Cardozo Ordóñez, un reconocido político y contratista de Santander, sería uno de ellos, pues se habría asegurado de que quedaran en poder de empresas relacionadas con Luis Adrián Mejía Álvarez y Hernán Julio Barrios Castillo, como Inversiones y Proyectos Altamira S.A.S. y Broka Construcciones e Interventorías S.A.S.
En su testimonio en la Corte Suprema, Herrera aseguró que la entidad enviaba tres invitaciones privadas a supuestos proponentes interesados, pero que todo era una puesta en escena, porque ya se había decidido a quién le darían el contrato. Los proponentes, por su parte, presentaban propuestas mal hechas para forzar que se eligiera al acordado. Según el expediente de la Corte, Raúl Cardozo Ordóñez, quien también ha sido juez, alcalde de Piedecuesta y candidato al Congreso por el Partido Conservador, participó de reuniones con su hijo y un sobrino para direccionar los contratos y gestionó el pago de coimas para Ciro Ramírez. Por eso hoy está siendo procesado penalmente.
Aunque en diálogo con El Espectador Cardozo Ordóñez negó tener conocimiento de su participación en los procesos de contratación con la Ungrd, este diario evidenció que su empresa, MCI Ingenieros LTDA (hoy en liquidación judicial), fue invitada a participar de forma indirecta en el contrato de Chinácota, a través de otra empresa llamada Ingeniería RYD S.A.S., de la que MCI es accionista con el 1 %. Como respuesta, Cardozo Ordóñez afirmó que dos extrabajadores suyos son los dueños de Ingeniería RYD y que le pidieron que la apalancara con su experiencia contractual en los primeros años.
RYD también ha conformado consorcios con Hernán Julio Barrios Castillo, pero Raúl Cardozo niega tener vínculos con él (pese a que dice que sí ha escuchado su nombre) o con Luis Adrián Mejía Álvarez. Sobre el caso de Ciro Ramírez, desmintió lo dicho por la Corte Suprema y afirmó ser un hombre honrado que probará su inocencia.
“Yo nunca me reuní para crear una asociación para delinquir. Lo único que he hecho en la vida es trabajar. No tengo absolutamente nada de qué avergonzarme”, señaló el empresario, quien apoyó la candidatura de Ciro Ramírez al Senado, es cercano al uribismo, amigo del clan Aguilar y, además, quiere aspirar a la Gobernación de Santander. También señaló haber sufrido quebrantos de salud que llevaron a que MCI Ingenieros entrara en liquidación judicial.
Vínculos que permanecen
El contrato de Chinácota revela conexiones entre Hernán Julio Barrios Castillo y Luis Adrián Mejía Álvarez. Otra de las empresas invitadas a cotizar fue Inversiones y Proyectos Altamira S.A.S., de la que Mejía Álvarez es accionista y representante legal. A esa compañía, finalmente, le otorgaron este contrato.
Una de las socias más recientes de esa empresa es Roxana Paternostro Mainero, quien no quiso responder nuestras preguntas. Su nombre también figura en trámites hechos ante la Cámara de Comercio para Proyectos de Ingeniería Civil La Fe S.A.S., compañía constituida por Hernán Julio Barrios Castillo y su hermana, que, a su vez, recibió el otro contrato revisado para esta investigación, en Ciénaga de Oro, Córdoba.
Personas cercanas a las obras de Proyectos Altamira S.A.S. le dijeron a este diario que es Barrios quien responde en terreno por las actividades de esa compañía, aunque su nombre no figura en los papeles societarios.
Luis Adrián Mejía Álvarez y Hernán Julio Barrios Castillo han sido, además, socios en otra empresa que ya ha sido mencionada en este texto: Broka Construcciones e Interventorías S.A.S., vinculada en el escrito de la Corte al caso Ciro Ramírez. Ambos parecen ser superpoderosos de la contratación pública, aunque lo hacen desde la sombra. El primero, de 41 años, ha sido representante legal de varias empresas con más de 50 contratos públicos adjudicados, desde 2014 hasta 2024, en departamentos como Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Magdalena, Sucre y Santander. La suma de estos supera los $25.000 millones. Los servicios van desde construcciones e interventorías hasta el suministro de papelería. Mejía Álvarez tampoco quiso responder a las preguntas enviadas por este diario.
Por su parte, Hernán Julio Barrios Castillo, de 35 años, es ingeniero civil de la Universidad Tecnológica de Bolívar, de Cartagena. Es oriundo de Chivolo, Magdalena, en donde su tío Hernán Julio Barrios Orozco fue alcalde entre 2016 y 2019, y ha sido el representante legal de al menos 48 contratos con entidades del Estado. Estos suman más de $10.000 millones, y se han ejecutado en departamentos como Bolívar, Cesar, Santander y Tolima.
El Espectador contactó a Hernán Julio Barrios Castillo, quien en un principio aceptó una entrevista, pero luego se retractó argumentando que rindió testimonio dentro del proceso contra Ciro Ramírez en la Corte Suprema y que no puede dar declaraciones a medios de comunicación debido a la reserva del proceso.
Los lazos que se repiten en el contrato de Ciénaga de Oro de la Ungrd
Las coincidencias entre Luis Adrián Mejía Álvarez, Hernán Julio Barrios Castillo y Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez en la Ungrd no paran ahí. En la contratación de Ciénaga de Oro el proceso parece repetirse. En un primer momento se invitó a tres proveedores a que enviaran sus cotizaciones. Entre ellos estaban Hernán Julio Barrios Castillo, de forma individual, y EBM Construcciones e Interventorías S.A.S., una empresa en la que Barrios Castillo también figura haciendo trámites ante la Cámara de Comercio. Además, ha sido contratista e interventor, en diferentes ocasiones, de EBM.
Óscar Hernández, experto de Open Contracting Partnership, dice que es llamativo que a una persona natural (como Hernán Julio Barrios Castillo) la inviten a participar de forma individual para ganar un contrato por $19.000 millones.
En un principio el proceso de selección se declaró fallido, ya que ningún invitado cumplió los requisitos. Por lo que se volvieron a enviar invitaciones. En ese segundo round, la Ungrd contactó a otros tres proveedores. Entre ellos estaba Obras de Ingeniería Golden S.A.S. ZOMAC, una empresa de la que se volvió accionista Raúl Ordóñez Cardozo a través de MCI Ingenieros Ltda., después de que se entregara el contrato. También estaba Proyectos de Ingeniería Civil La Fe S.A.S., constituida por Barrios Castillo y su hermana.
En palabras sencillas, los dos procesos de contratación, el de Chinácota y el de Ciénaga de Oro, fueron entregados, respectivamente, a empresas de las que son parte Luis Adrián Mejía (Proyectos Altamira S.A.S.) o Hernán Julio Barrios Castillo (Proyectos de Ingeniería Civil La Fe S.A.S.). En ambos casos, Olmedo López fue el ordenador del gasto y quien finalmente entregó el contrato a esos cotizantes. Los proponentes tuvieron varias oportunidades de subsanar falencias en la documentación durante el proceso.
El experto en transparencia en la contratación pública Óscar Hernández explica de manera general, y sin referirse a este caso puntual, que no es ilegal que un grupo de amigos o conocidos se una para presentarse a contratos. Sin embargo, “la cosa se pone rara cuando las invitaciones se envían a proveedores relacionados entre sí y se comprueba que, en realidad, están fingiendo que compiten, porque el beneficiario final de esas tres empresas resulta ser la misma persona. Esa es una colusión”.
Los Cardozo del caso Ciro Ramírez de visita en el Senado
En el último año dos sobrinos de Raúl Cardozo Ordóñez, el empresario y político santandereano, han visitado el Senado de la República. Uno de ellos es Raúl Cardozo Navas, quien actualmente está siendo procesado penalmente por el caso de Ciro Ramírez, pues la Fiscalía cree que participó con su tío en ese entramado de corrupción. De hecho, en el expediente se les nombra a él y a su tío como los “Raúles” o “Las Hormigas”.
El 19 de octubre de 2022, Cardozo Navas estuvo en la oficina del senador del Centro Democrático Enrique Cabrales Baquero, quien tiene una explicación sobre esa visita: “Él fue a tomarse un café conmigo. El motivo de su visita era hablar del futuro político de su primo, Hugo Cardozo, quien para ese momento era diputado de Santander por mi partido. Raúl quería que su primo aspirara a la Alcaldía del municipio de Piedecuesta, Santander, en las siguientes elecciones por el Centro Democrático. Fueron varias reuniones por este asunto, ya que ellos querían que les ayudara a conseguir el aval para dicha aspiración. Sin embargo, no se logró que el partido le otorgara el aval y Hugo Cardozo aspiró como cabeza de lista a la Asamblea por el departamento de Santander. Actualmente, Hugo Cardozo es diputado del Centro Democrático”.
Cardozo Navas también entró al Senado el 30 de mayo de 2023, autorizado por la oficina de la senadora Aída Avella (Pacto Histórico). La congresista le contó a El Espectador que entró porque estaba en compañía del anterior alcalde de Nobsa, que quería saludarla, pero que no sabe quién es él. “No lo conozco, ni la gente de la oficina. Pero, finalmente, le dimos ingreso, solo esa vez, según el sistema de agendamiento. Defiendo ante todo mi honorabilidad”, aseguró Avella.
El otro sobrino de Raúl Cardozo Ordóñez que visitó el Senado fue Hugo Andrés Cardozo Rueda, diputado de Santander al que se refiere el senador Enrique Cabrales y quien también está mencionado en el expediente de la Corte Suprema, ya que acompañó al candidato Ciro Ramírez en sus correrías por ese departamento y organizó eventos políticos en los que el exsenador investigado y su tío se habrían encontrado. El diputado visitó en tres ocasiones la oficina de Ciro Ramírez, hoy preso en La Picota: el 8 de febrero, y el 30 y 31 de mayo de 2023.
En diálogo con El Espectador, Hugo Andrés Cardozo explicó que dichos ingresos fueron parte de su agenda política en la búsqueda del apoyo para el aval a la Alcaldía de Piedecuesta, en donde nació. “Estas reuniones se realizaron con los congresistas del partido que mayor afinidad tenía, como lo era el senador Ciro Ramírez”, afirmó.
Raúl Cardozo Ordóñez, por su parte, dice que ninguno de sus sobrinos tiene relación con sus negocios o la empresa de la que es dueño, MCI Ingenieros LTDA.
De cualquier modo, la Fiscalía abrió 154 líneas de investigación por este escándalo de la Ungrd, pero aún no es claro si los contratos analizados por este diario, el de Chinácota y de Ciénaga de Oro, y los otros contratos que quedaron bajo la lupa de la Fiduprevisora, son parte de esas pesquisas. Por lo pronto, este 7 de agosto la Fiscalía abrirá sus cartas sobre el contrato que destapó este escándalo que, por ahora, involucraría a 10 congresistas, ministros y exfuncionarios de la Casa de Nariño.
**Luis Adrián Mejía Álvarez, Hernán Julio Barrios Castillo, Roxana Paternostro Mainero, Raúl Cardozo Navas y Ciro Ramírez (a través de su abogado), y las empresas EBM Construcciones e Interventorías S.A.S. y Obras de Ingeniería Golden S.A.S. ZOMAC fueron contactadas por El Espectador para conocer sus versiones, pero no atendieron nuestras solicitudes.
*Si tiene información de este caso, escríbanos a investigacionEE@proton.me
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