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Para el próximo 18 de diciembre quedó programada la lectura de fallo contra Carlos Albornoz, exdirector de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) por la adjudicación irregular del predio del centro comercial Villa Country, un bien que años atrás el Estado le quitó al clan mafioso Nasser Arana. La Fiscalía lo llamó a juicio por haber recibido un millonario soborno para adjudicar de manera irregular a varios particulares, cargo que Albornoz nunca aceptó. Aunque el juez del caso adelantó la audiencia porque en enero de 2021 prescribirán seis de los siete delitos por los que el ente investigador acusó al alto exfuncionario, fuentes cercanas al proceso señalan que en segunda instancia los delitos prescribirán.
Además, con este proceso casi caduco, Albornoz quedaría sin cuentas pendientes con la justicia. En mayo de este año, un juez lo absolvió en el caso que se le investigaba por la venta del predio Jesús del Río, en Zambrano (Bolívar) y en septiembre, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme su absolución en la venta de la Granja 32. Sin embargo, a las víctimas del proceso de la DNE, más precisamente el de Villa Country, les preocupa que otro proceso termine prescribiendo. Se trata del expediente contra el empresario dueño de Fedco, Leo Eisenband, a quien, después de nueve intentos, le imputaron cargos en septiembre de 2019.
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Desde 2013 el ente investigador intentó llevar al reconocido empresario ante un juez y lo señaló de haber utilizado “maniobras fraudulentas” de la mano de exfuncionarios públicos para pagar un precio muy inferior al real por el centro comercial Villa Country. El pasado 16 de enero le fue aprobado a la defensa de Eisenband un conflicto de competencia que le planteó a un juez penal de Bogotá. En su determinación señaló que fue en Barranquilla donde el empresario realizó los movimientos económicos y jurídicos que la Fiscalía cuestiona. “En sentir de esta funcionaria, corresponde a los juzgados de Barranquilla dado que fue el lugar que se ejecutaron los hechos graves”, señaló la jueza de la capital.
Tres fuentes del caso señalan que la fiscal que imputó cargos, Patricia Fonseca, no fue la que demoró su trámite y que, incluso, ha sido ella quien corrigió y dio trámite a varios asuntos del caso. Sin embargo, aunque asumió el expediente en 2019, fue removida en marzo de 2020, cuando el Consejo Superior de la Judicatura suspendió las audiencias presenciales ante la crisis del coronavirus. El Espectador conoció que el proceso de Eisenband fue asignado al Juzgado 11 de Conocimiento de la capital del Atlántico el 31 de enero de 2020 y desde entonces no se ha movido un ápice. Aunque la Fiscalía radicó el escrito de acusación, al abogado de las víctimas, Neil Medina, le contestaron vía correo que “se encuentra esperando turno para ser avocado” a ese juzgado.
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El penalista Medina también señala que, aunque el proceso cuenta con una procuradora que le hace seguimiento especial al caso, esta asignación tampoco ha servido para darle impulso al mismo. Las quejas por los retrasos de los juzgados en Barranquilla se reportan en otros casos de alto nivel, como el llamado a juicio a alias Marquitos Figueroa, terror de La Guajira y procesado por el homicidio del ciudadano Óscar Rodríguez Pomar, en 2011, entre otros delitos. También estaba pendiente, desde agosto de 2019, la lectura del sentido de fallo contra la exrectora de la Universidad de Atlántico Silvia Gette por los autopréstamos que hizo con dineros de la institución académica. En septiembre de 2020 fue condenada luego de más de cinco años de que le imputaran cargos.
En noviembre pasado también les prescribieron los delitos a otras tres fichas que eran procesadas por el caso de Villa Country. Se trata de William Miguel Scaff, Luis Rafael Hoyos, Jorge Enrique Donado, tres avaluadores del centro comercial y a quienes les habían imputado cargos desde 2014. Inexplicablemente, pasó todo ese tiempo sin que se iniciara juicio contra estas tres personas señaladas por la Fiscalía de adulterar avalúos y se falsificaron actos notariales para beneficiar a Eisenband. Una situación que ya se repitió en otro proceso de alto perfil: el escándalo de Interbolsa, en el que le quedan pocos acusados a quienes los delitos que les imputaron no les han prescrito.
“Sobre el tema Villa Country, en el que participaron Albornoz, Eisenband, Luis Fernando Vásquez y su esposa, y quienes también aparecen en el crédito solicitado al Banco Agrario por $14.000 millones para comprar el predio generando un detrimento patrimonial al Estado (…) son casos que, a pesar de las denuncias -interpuestas desde 2012- que existen, los fiscales se rehúsan a tocarlos. La justicia en Barranquilla, aquí se tranquiliza la gestión cuando se trata de grandes empresarios como Eisenband, Vásquez y su esposa. No hay quien ponga a funcionar el sistema judicial aquí”, dijo el abogado de víctimas en entrevista con este diario.
Vásquez también es mencionado en las recientes denuncias contra el clan político Char. Vásquez, cercano a la todopoderosa familia barranquillera, fue denunciado por el también empresario Enrique Guzmán Chams, quien asegura que fue citado “a diferentes reuniones con los señores David Name Terán y Luis Fernando Vásquez quienes, utilizando su poder e influencia en la justicia y en la administración distrital, lo hostigaron y quisieron amedrentarlo con el propósito de forzarlo a retirar las demandas” contra Álex Char de recibir un soborno, del propio Chams, mientras fue alcalde de Barranquilla. La Procuraduría escuchará a Vázquez bajo la gravedad de juramento en la indagación que adelanta contra este miembro de la familia Char, quien, a través de sus abogados, ha manifestado su inocencia en todas las denuncias en su contra.
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