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Sería desastroso que el presidente Iván Duque niegue la autorización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que visite el país y evalúe la situación de derechos humanos, porque sería una decisión contradictoria con posiciones previas del Gobierno y perderíamos un mecanismo esencial para desescalar las violencias y lograr una salida democrática a la crisis.
En ocasiones previas, el presidente Duque criticó a otros países que frente a una crisis grave se negaron a recibir a la CIDH. Lo hizo, con toda razón, cuando Nicaragua expulsó al grupo de seguimiento creado por la CIDH. El gobierno Duque apoyó entonces, en junio de 2019 en la OEA, una resolución exigiendo el retorno de ese grupo a Nicaragua. Duque criticó, igualmente con razón, a Maduro por su rechazo de la visita a Venezuela de la CIDH en febrero de 2020. El gobierno Duque fue incluso más lejos: abrió las puertas a que la CIDH viniera a Colombia a recibir quejas sobre la situación venezolana. La CIDH desarrolló entonces su visita a Venezuela pero en Colombia. En Bogotá y Cúcuta, la CIDH se reunió con organizaciones de la sociedad civil venezolana, migrantes y periodistas exiliados. Incluso participaron diputados y periodistas que se desplazaron desde Venezuela, en especial desde Táchira y Zulia.
Sería entonces inconsistente que el gobierno Duque cerrara las puertas a la CIDH cuando criticó severamente a Maduro y Ortega por esa misma negativa. El argumento de que Colombia es diferente porque aquí no habría abusos graves de las autoridades como en Venezuela o Nicaragua no es válido. En estas protestas han ocurrido no sólo vandalismos por particulares sino también gravísimas violaciones de derechos humanos por la Fuerza Pública: decenas de homicidios, más de un centenar de denuncias aún no esclarecidas de desapariciones forzadas, casos de violencia sexual en estaciones de Policía, detenciones arbitrarias, etc. Y si Duque piensa que esos abusos son aislados, ¿por qué temería una visita de la CIDH?
Un rechazo a la visita a la CIDH tendría además efectos negativos graves pues perderíamos un instrumento esencial para superar democráticamente esta crisis.
Muchos sienten que ni las protestas ni los bloqueos pueden cesar mientras no haya claridad de que las violaciones a los derechos humanos no quedarán impunes pues consideran que sería insultar la memoria de las víctimas. Pero no confían en la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, por la cercanía de sus jefes al Gobierno y su pobre desempeño en estas semanas. Sin embargo, si el paro y en especial los bloqueos persisten, las tensiones se incrementan. Frente a este dilema, la visita de la CIDH abre caminos pues es una primera evaluación internacional independiente de la situación de derechos humanos. Y podría además acompañarse, como lo han propuesto organizaciones como Dejusticia, de la creación de una comisión investigativa temporal internacional, integrada por unas tres personas intachables, nombradas por instancias como la propia CIDH o la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en unos meses rinda un informe que documente las violencias y abusos y presente recomendaciones para que los crímenes ocurridos no queden en la impunidad y no se repitan. Ni la CIDH ni esta eventual comisión sustituirían la necesaria investigación de esos hechos por las autoridades nacionales, pero darían confianza de que los eventuales crímenes serán esclarecidos y no quedarán en la impunidad.
Ojalá el gobierno Duque sea consistente con sus críticas a Nicaragua y Venezuela y acepte la visita de la CIDH, como lo hizo en su momento Chile. Sería un paso importante para desescalar las tensiones y avanzar en una solución democrática de esta crisis.
* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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