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El Juzgado 3 Penal de Circuito de Bogotá ratificó la decisión tomada por un juez de control de garantías el pasado 6 de agosto, cuando ordenó detención domiciliara para quien fue uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena. El defensor, quien se ha declarado inocente en todas las fases procesales, es acusado por la Fiscalía por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, por supuestamente sobornar al exparamilitar Carlos Henrique Vélez con el objetivo de favorecer al exmandatario ante la Corte Suprema de Justicia.
En segunda instancia, el juzgado 3 penal de circuito adhirió a todas las razones expuestas durante las audiencias concentradas contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, quienes, según la Fiscalía, son socios de un entramado de sobornos para favorecer a Uribe Vélez. “El juzgado (…) resuelve adicionar la medida de aseguramiento impuesta a Diego Javier Cadena, en el sentido de imponerla además por el riesgo de obstrucción al proceso, y confirmar los demás aspectos de la decisión emitida por el juez 35 de garantías de Bogotá”, concluyó el funcionario.
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El despacho judicial no solo consideró que debería mantenerse la medida de aseguramiento contra ambos abogados, si no también agregó que, de obtener su libertad, Diego Cadena podría incurrir en el mismo delito por el cual se le está investigando: manipulación de testigos. El juez consideró que, a puertas del inicio de juicio oral contra él, instancia para la cual aún la Fiscalía y la defensa del abogado están recogiendo pruebas, “continua latente el riesgo de obstrucción al debido ejercicio de la justicia”. Así las cosas, ambos seguirán detenidos en sus respectivos domicilios mientras se da inicio a la fase final de sus procesos.
Así mismo, el juzgado 3 penal de circuito demoró menos de una hora en confirmar lo expuesto en primera instancia, pues según su concepto se cumplen las reglas de procedimiento penal que validan una medida de aseguramiento -entre ellas que el detenido pueda obstruir la justicia o represente un peligro para la sociedad-. “Podría afirmarse válidamente, como se dijo en la decisión impugnada (por los abogados Cadena y Salazar), que existe esa inferencia lógica razonable exigida en la ley, de acuerdo en los elementos materiales probatorios aportados como presupuesto inicial para definir la imposición de tal medida”.
En cuanto a la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, tanto en la audiencia de imputación como de acusación, el despacho judicial se limitó a registrar los hechos por los cuales el ente investigador consideró que ambos deben enfrentar su proceso privados de la libertad. De acuerdo con las indagaciones, Cadena y Salazar habrían entregado y prometido dinero a exparamilitares, a través de visitas a cárceles del país, para que los mismos internos faltaran a la verdad en procesos que vinculan a Álvaro Uribe Vélez con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas.
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De acuerdo con el fiscal Daniel Hernández, Diego Cadena abordó al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, en julio de 2017, en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca), prometiéndole asesoría jurídica y el pago de $200 millones a cambio de testificar que el senador Iván Cépeda lo estaba buscando para mentir a favor del expresidente Álvaro Uribe. De acuerdo con el escrito de acusación, el abogado alcanzó a pagarle $48 millones con el objetivo de favorecer a su jefe ante la Corte Suprema de Justicia, proceso que aterrizó en la justicia ordinaria cuando el mismo Uribe renunció al Congreso.
Las investigaciones indican que Diego Cadena, en compañía de Juan José Salazar, habría distribuido tales pagos para la familia y allegados del exparamilitar. Así quedó consignado en el escrito de acusación: a María Melania Cosio Serna $200.000, María Elena Vélez $5.800.000, Daniela Paz $3.700.000, Eurídice Cortés Velasco $700.000, Erica López Castaño $100.000, Francisco Javier Vélez $200.000, María Elena Vélez $500.000. Además, se habrían entregado sumas en efectivo por $18 millones a José Fernando Ocampo Vélez, Ricardo Diosa $8.800.000 y Carlos Fernando Vélez $10millones.
“El fraude procesal es un delito de mera conducta y el hecho de haber allegado ante la honorable Corte Suprema de Justicia cartas con falsos señalamientos por parte del testigo Carlos Enrique Vélez, por orden de los acusados Cadena y Salazar, cartas que fueron encontradas en inspección al lugar de los hechos dentro del radicado 52240 fechadas del 20 febrero de 2018 y 3 de julio de 2018 y que llevaron al magistrado a emitir el trámite para que fueran escuchados los falsos testigos comprados por los doctores Cadena y Salazar”, manifestó la Fiscalía en el escrito de acusación.
Otro de los episodios por los cuales Diego Cadena y Juan José Salazar deberán responder ante la justicia, tiene que ver con el famoso testigo Juan Guillermo Monsalve. Se trata del hijo de un antiguo mayordomo de la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996, donde se habría gestado el Bloque Metro de las Autodefensas, de acuerdo con el testimonio del mismo Monsalve. Según la teoría del caso de la Fiscalía, Cadena lo habría buscado en la cárcel La Picota, el 22 de febrero de 2018, para intentar torcer su versión y convencerlo de hablar en contra del senador Iván Cépeda.
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Entre tanto, el expresidente Álvaro Uribe Vélez está enfrentando su propio proceso en libertad, luego de que el juez Cuarto Penal de Conocimiento de Bogotá, el pasado 6 de noviembre, ratificara la primera decisión de la justicia ordinaria tras el cambio de escenario: que en el proceso por fraude procesal y manipulación de testigos, el líder del Centro Democrático no representa un peligro para la sociedad ni hay indicios de que pueda obstruir a la justicia, como lo consideró la jueza de garantías Clara Ximena Salcedo. Sin embargo, se decretó que las instancias agotadas en la Corte Suprema de Justicia, las indagaciones preliminares, corresponden a imputación de cargos en el nuevo sistema procesal.
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