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Pacto fundante es lo que hace viable un país, vías institucionales para tramitar el conflicto permanente es lo que lo hace dinámico.
En toda transición que merezca ese nombre, que no sea simple posconflicto, que reorganice la vida societal para asegurar que la confrontación no va a repetirse, hay que atender a las dos cosas. En nuestro caso: el país, con la participación de los insurgentes que vienen a la vida civil, necesita actualizar el pacto sobre lo fundamental y redefinir las reglas del juego político para que realmente a todos sea permitido expresarse y acceder al gobierno.
Colombia ha tenido durante décadas una semidemocracia poblada de violencias y viene transitando, desde los 90, hacia una democracia creciente sin violencia. El proceso toma tiempo y va por pasos. La transición española produjo primero la Ley de Partidos (nov 76), luego el Pacto de la Moncloa (oct 77) y finalmente adoptó una nueva constitución (dic 78). En 1982, a raíz del golpe de Tejero, quedó claro que España había encontrado unas reglas de juego, una disposición general, para que hubiera convivencia y competencia entre monarquistas y republicanos, entre partidos y gremios del capital y partidos y gremios del trabajo, entre autonomías regionales y estado central.
De esta experiencia y de la experiencia de las transiciones en América Latina, de dictaduras a democracias formales en los 80, los analistas, en particular con el trabajo pionero del argentino Guillermo O´Donnell (1988), han elaborado una especie de teoría de las transiciones. Oscar Alzaga, constitucionalista ibérico, ha escrito una pequeña pero densa obra “Del Consenso Constituyente al Conflicto Permanente” (Trotta, 2011). Y muy temprano hubo quienes se ocuparon de la pedagogía de la transición, que es también la pedagogía de la reconciliación. Ahora recuerdo la extraordinaria codificación del jesuita Luis Alonso Shöckel “La Pedagogía de la Comprensión” (1953), que no es un sermón sino un análisis sicosocial y una propuesta de competencias ciudadanas.
Colombia, en medio de enormes tensiones, está buscando y encontrando el camino de su transición. De ello forman parte los avances en los diálogos con las insurgencias armadas, los acuerdos con sectores sociales y regionales movilizados, la idea de pacto constituyente con ampliación del actual o celebración de uno nuevo, los mínimos de paz y reconciliación que sugieren las iglesias, la oferta de conocimiento experto de las universidades frente a problemas centrales, las propuestas innovadoras de justicia transicional y los esbozos de pacto por el futuro que han aflorado últimamente, entre ellas la de Luis Alberto Moreno Presidente del BID. Pacto Ético y Pacto Nacional por la Paz, iniciativas que acaban de lanzarse desde abajo por parte de un apreciable conjunto de organizaciones de sociedad civil, son propuestas que salen al encuentro de las que se lanzan desde arriba.
Es tiempo de pactar para avanzar: el Pacto Por Colombia cumpliría el papel que cumplió el Pacto de la Moncloa en España. La crisis colombiana es multifacética, no se reduce a la existencia de un crónico conflicto armado, por tanto su superación va más allá del acuerdo de paz con las insurgencias. Ese es un prerrequisito, pero la mula muerta no está solo allí. La sociedad colombiana, sus mayorías, sus territorios, han sido víctimas en las últimas décadas también del modelo económico y de la mala política.
Colombia Siglo XXI necesita ampliar el pacto fundante y asegurar canales institucionales al conflicto permanente, pero necesita también una economía que permita realizar los derechos sociales y ambientales, necesita una ética de lo público, necesita democracia participativa y deliberativa en profundidad, necesita acuerdo general por el futuro.
lucho_sando@yahoo.es