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El suroeste antioqueño, tradicionalmente llamado “remanso de paz” por algunos líderes políticos y sociales, es una subregión del departamento de Antioquia constituida por 23 municipios cuyos habitantes han encontrado la prosperidad económica gracias a actividades basadas en el café, ganadería, minería y turismo. Sin embargo, un estudio de la Corporación Conciudadanía y el Centro de Fe y Culturas, dos organizaciones antioqueñas no gubernamentales, revela que la situación en la zona no es precisamente el cuento de hadas que aparenta y que sus habitantes también han sido duramente golpeados por el conflicto armado, aunque las mismas víctimas lo callaran.
El informe, conocido en su integridad por El Espectador, hace un recuento de la historia del conflicto que se vivió en esta región del país y analiza por qué la violencia perpetrada en el territorio ha estado silenciada a través de los años. Para empezar, en la cronología del conflicto reseñada, según el documento, en esta zona del país se vivió la violencia bipartidista en los años 50; luego, a finales de los 60 y 70, esta subregión tuvo una gran influencia de la teología de la liberación, un fenómeno eclesial y político impartido por el obispo Augusto Trujillo, quien en su afán de generar cambios trascendentales en la población puso en funcionamiento el proyecto Experimento, en el municipio de Pueblorrico, liderado por el padre Ignacio Betancur.
La idea era hacer transformaciones urgentes en los municipios donde predominaba el hambre, la miseria, las enfermedades, la mortalidad infantil, el analfabetismo y la marginalidad. De ese experimento, nacieron expresiones sociales como la Juventud Estudiantil Católica (JEC) y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) por la defensa de la tierra, que, a su vez, creó el movimiento estudiantil para la educación formal de campesinos. Todas estas organizaciones sociales dieron lugar a movilizaciones en favor de una vida digna para el campesinado. Sin embargo, la legitimidad adquirida por estas agrupaciones en Pueblorrico y otros municipios del suroeste antioqueño, representaron una amenaza para los grandes terratenientes, la clase política tradicional y los empresarios.
Entonces, la ANUC fue reprimida violentamente y el proyecto inspirado en la teología de la liberación se transformó en 1976 en el Movimiento de Unificación Revolucionaria (MUR), de carácter político. Dadas las presiones y el señalamiento de ser subversivos, se establecieron como un grupo clandestino, cercano a las ideas y a los dirigentes del ELN. Mientras tanto, se iba fortaleciendo la idea de una “amenaza” al orden impuesto en la subregión por los finqueros, ganaderos y terratenientes, quienes decidieron organizarse y ejercer presión sobre los alcaldes y la jerarquía eclesiástica con la idea de atacar al enemigo: las guerrillas. (Lea también: El rol del microtráfico en las masacres del suroeste antioqueño)
Para los años 90 ya hacían presencia en la región distintas organizaciones armadas con ideología de izquierda como el M-19, Liga Marxista Leninista, MUR, Movimiento Independiente Revolucionario (MIR), MIR-Patria Libre, EPL, ELN y, posteriormente, Farc-EP (frente 34). A mediados de esa década, esas guerrillas comenzaron a recurrir a vacunas, extorsiones y secuestros para autofinanciarse. En respuesta, se desataron en el suroeste antioqueño iniciativas de “autoprotección” y nacieron las organizaciones denominadas escopeteros o autodefensas, las cuales fueron legitimadas por el gobierno departamental -a cargo de Álvaro Uribe Vélez- mediante las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir).
Tal como señala el informe, después, estas asociaciones, con la complicidad del Estado, dieron origen al Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia, al mando de alias René y otros. Anota el estudio que “el Suroeste antioqueño no ha sido ajeno a los conflictos sociales y políticos que ha vivido Colombia, caracterizados por el fortalecimiento del bipartidismo radical, las prácticas corruptas, la exclusión, la vulneración de derechos de las poblaciones menos favorecidas, el arrinconamiento del campesinado, las luchas obreras, el acaparamiento de las tierras, la perpetuación de condiciones de pobreza, entre otras que derivaron en la creación de sindicatos, organizaciones campesinas, grupos insurgentes y, en general, movilizaciones sociales. Algunas de ellas persisten hasta el día de hoy”.
Si bien, el informe indica que en esta subregión no hubo grandes logísticas ni aparatos de guerra comprometidos en su dinámica bélica; no hubo grandes destacamentos de unidades de combate y nunca escaló a “guerra de posiciones”, como sí sucedió en otras subregiones del departamento, sí hubo homicidios, masacres, desplazamientos, violaciones de derechos humanos y diversos hechos victimizantes que afectaron al 33 % de la población (125.078 personas). Además, señala que hubo un accionar cotidiano, selectivo, socialmente justificado y amparado en un control social, manifestado en la presencia de las Convivir o empresas de seguridad privada y, posteriormente, en los grupos paramilitares: “este fenómeno es de vieja data y cabalga sobre la consigna del “remanso de paz”, como se ha hecho conocer la subregión, insistiendo en excluir información que la contradiga y mostrando que no le interesa esclarecer los hechos de violencia ocurridos”.
Para la Corporación Conciudadanía y el Centro de Fe y Culturas, en esta subregión del departamento se hubo varios factores desfavorables que hicieron de la zona un escenario idóneo para que se desplegara el conflicto armado. En ese sentido, se señala el abandono del Estado que tienen una presencia en el territorio “muy débil y escasas ofertas de bienes y servicios para las comunidades, especialmente para el campesinado”; la desigualdad laboral y social reflejada en la informalidad del trabajo rural, la explotación de los trabajadores y la violación de sus derechos; la resolución violenta de conflictos; la existencia de gobiernos con prácticas clientelistas que “en lugar de defender a la ciudadanía optaron por gobernar en función de sus propios intereses”; la satanización de las reivindicaciones sociales; y los precarios niveles de formación ciudadana. (Le puede interesar: Archivan caso a Santiago Uribe Vélez por presunta financiación a frente paramilitar)
El estudio señala que el conflicto armado dejó diversos efectos en la población del suroeste de Antioquia. En el ámbito social, por ejemplo, se desató la zozobra y el miedo. “Somos una sociedad del silencio”, dijo una de las víctimas citadas en el informe. Y no es para menos. Surgió desconfianza entre los habitantes de la comunidad y hubo periodos de deserción escolar y dificultad para acceder a los servicios de salud debido a los enfrentamientos o a los toques de queda impuestos por los diferentes actores armados que dificultaban el desplazamiento por el territorio.
En ese sentido, los actores armados trataron de controlar la vida de los habitantes restringiendo la movilidad y el libre desarrollo de la personalidad, especialmente de los jóvenes. “La expresiones culturales, las fiestas, los encuentros comunitarios, fueron afectados por las restricciones en movilidad y horarios. Asimismo, controlaron eventos públicos o montaron vigilancia sobre los líderes y lideresas sociales y comunitarios”. Además, el control exhaustivo de actores armados en el territorio hizo que muchos lugares permanecieran escondidos, sin ser visitados y disfrutados por la ciudadanía.
Las diversas violencias, dice el estudio, cobraron más víctimas entre adultos y jóvenes, especialmente hombres, campesinos y jóvenes consumidores y/o expendedores. Ante ese panorama, muchos jóvenes que residían en el suroeste antioqueño migraron para evitar ser asesinados o reclutados y el campo quedó habitado por adultos y población mayor. Las mujeres, por su parte, fueron objeto de violencia sexual por parte de los actores armados quienes las obligaban a prestar servicios sexuales u oficios humillantes. También hubo mujeres que se incorporaron a los distintos grupos y participaban de las actividades violentas.
Por el lado económico, según el informe, la desazón y el temor desactivaron el consumo y la inversión. Varios propietarios de grandes extensiones de tierra tuvieron que abandonarlas, hubo disminución en la producción cafetera e incrementó la pobreza. Se presentaron desalojos, pérdida de casas, fincas, animales, cosechas, tierras abandonadas y cultivos que fueron reemplazados por maleza. Mientras tanto, otras personas, a partir del clientelismo político se enriquecían rápida e inexplicablemente.
“El ascenso económico acelerado de dirigentes políticos hizo percibir a la ciudadanía que la política se había vuelto un negocio relacionado con la ilegalidad y que la ejercían para hacer fortuna personal y no para la defensa del bien común. A la vez, los diferentes grupos armados ejercieron control de una parte importante del recurso público, lo que implantó un modelo corrupto que, en algunos casos con complacencia, en otros bajo presión armada, desvió recursos para alimentar los ejércitos y los negocios particulares de los comandantes, afectando así enormemente el desarrollo local”, indicó el estudio.
Un conflicto armado en silencio
“La mayoría de la población, sus líderes, lideresas, organizaciones y la institucionalidad local y regional sabían lo que estaba pasando, pero la amenaza contra quienes denunciaran utilizada por todos los grupos, sumada a una especie de acuerdo de élites para proyectar hacia el exterior una imagen de ‘aquí no pasa nada grave’, generó en los familiares de las víctimas miedo y hasta vergüenza por la estigmatización y el señalamiento. Esto condujo a despojar a las víctimas de su dignidad para negarles el derecho a vivir e hizo que estos crímenes fueran silenciados”, señala el informe de las oenegés. (Noticia relacionada: Denuncian el desplazamiento de 70 familias indígenas en el suroeste antioqueño)
Y es que según reveló el portal EL E en 2008, citado por el estudio, aproximadamente el 80% de las acciones perpetradas por el Bloque Suroeste no fueron registradas por la prensa porque la mayoría de víctimas prefería callar por miedo a retaliaciones y, además, las autoridades locales no hacían las respectivas denuncias. Otro aspecto relevante es que dependiendo del periodo y del actor armado, hubo ensañamiento con distintos sectores sociales: empresarios y grandes dueños de tierras, campesinos pobres y dirigentes sociales, población con distintos niveles de exclusión, entre otros, entonces gran parte de los residentes estaban bajo intimidación y amenazas de organizaciones al margen de la ley.
“El suroeste es probablemente la subregión de Antioquia donde menos organizaciones de víctimas hay, menos investigación y documentación del conflicto, menos reconocimiento y acciones en favor de la verdad y la no repetición, y mayor silencio sobre lo que pasó, cómo pasó, por qué, quiénes fueron los responsables, cómo se afrontó y cómo evitar que se repita. Poco se habla de las violencias y del conflicto armado en el Suroeste. Menos aún se nombran sus actores y responsables; quizás esto se explica por aquello del ‘control social’ y por querer mantener la imagen que muestra a esta subregión como un territorio pacífico, próspero y sin mayores contradicciones sociales y políticas”, anotaron las organizaciones que lideraron el informe y que presentarán los hallazgos ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).
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