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Un escándalo por supuestos sobornos para hacerse a un contrato público lleva semanas incomodando a la clase dirigente de Barranquilla. La Procuraduría ya inició una indagación para esclarecer las denuncias del empresario y ganadero Luis Enrique Guzmán Chams, quien sostiene haberle dado millonarias sumas de dinero a personas cercanas al exalcalde Álex Char. Las coimas, dice, eran para asegurar que la construcción de un hidrotanque en la capital del Atlántico quedara en manos del contratista Carlos Vengal, quien lo niega. La génesis del lío, que reconstruye este diario, parece ser la disputa entre dos socios por un dinero que pactaron hace cinco años.
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El 24 de noviembre de 2015, Guzmán Chams, Vengal y la esposa y socia de este último, María Paula Insignares (quien luego falleció), firmaron un contrato de cuentas en participación, según reza en el documento que conoció El Espectador. Para ese momento, ya el Área Metropolitana de Barranquilla les había otorgado a los Vengal Insignares el contrato para la construcción de un hidrotanque en el barrio Siete de Abril, y Guzmán Chams había hecho un aporte por $2.970 millones “para el desarrollo y la ejecución del contrato”. Con la firma de este documento, entonces, la pareja se comprometía a pagarle a su otro socio la suma que les había dado, más el 50 % de utilidades que les dejara la construcción.
La versión que cuenta Guzmán Chams, quien asegura estar negociando para colaborar con la Fiscalía, es diferente. “Conozco a Carlos Vengal hace unos 10 años. Aparte de ser ganadero, tengo unos inmuebles en sociedad con él y nunca nos había quedado mal. Entonces, él me buscó, me propuso el negocio y me dijo que había que entregar $2.300 millones, que es la primera coima que yo entrego. ¿Por orden de quién? De Alejandro Char”, aseguró el empresario en diálogo con este diario. Según su relato, su contacto con Char fue a través de Héctor Amaris, a quien conocen en la ciudad como el Oso Yogui y a quien La Silla Vacía define como “el mandadero predilecto de Char”.
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Guzmán Chams comenta que se reunió con Vengal y Amaris en la casa de este último. Allí, supuestamente, llamaron a Char, lo pusieron en altavoz y el exalcalde habría ordenado entregarle la plata en efectivo a Luis Fernando Vásquez, dueño de los concesionarios Toyota en La Arenosa. Según el abogado Alfonso Camerano, que defendió a Vengal en este lío, el dinero sí se lo entregaron a Vásquez, pero porque su cliente tenía una deuda con él “por otros negocios”. El tiempo pasó, se firmó una adición al contrato del hidrotanque, sobre la que cuenta Guzmán Chams que le pidieron pagar un 10 % más en coimas: $360 millones. Pero, asevera, la plata que le habían prometido no llegó.
El ganadero denunció estos hechos y el caso aterrizó en el despacho del fiscal Gustavo Orozco Pertuz, quien ahora está en juicio por posibles irregularidades en el manejo que le dio al expediente de la Universidad Metropolitana, un escándalo de alto perfil en Barranquilla. Guzmán Chams pidió que trasladaran la investigación a Bogotá, y así lo hizo la Fiscalía, pero, por orden de Orozco Pertuz, investigadores del CTI ya habían alcanzado a inspeccionar la contabilidad del consorcio Hidrotanques. En el acta de la diligencia, en poder de este diario, consta que desde el 21 de septiembre de 2017 el ente investigador tiene en su poder 72 folios que detallan los movimientos de dinero de la obra.
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Lo penal poco se movió, con lo que Guzmán Chams acudió a un proceso ejecutivo para que le pagaran su dinero y en 2018 el Juzgado Sexto Civil de Barranquilla negó su petición. Según la decisión, en poder de este diario, la prueba que aportó el ganadero de que Vengal le debía la plata fue un pagaré que le firmó la representante legal del consorcio Hidrotanques, Sandra Pimentel, quien a su vez representaba legalmente a la principal empresa de Guzmán Chams: GPS Construcciones del Caribe. Y, además, no estaba facultada para hacerlo. Es decir, como cabeza de una compañía, la mujer se excedió en sus funciones y ordenó pagarle una millonaria cifra a su jefe.
En diálogo con este diario, Guzmán Chams dice que le genera suspicacia que, justo antes de que el Juzgado Sexto tomara esta decisión, cambiaran a la jueza. Inicialmente el proceso estaba en manos de Ana Esther Sulbarán, pero “de la nada”, señala Guzmán Chams, la ascendieron al Tribunal de Cartagena y llegó a reemplazarla en el despacho Helda Graciela Escorcia. Fue ella quien negó lo que pedía el ganadero. Él asegura que detrás de ese cambio “repentino” estaría la procuradora electa, Margarita Cabello, con gran influencia en la Rama Judicial y quien ha negado cualquier vínculo con el escándalo. Más allá de las sospechas de Guzmán Chams, la decisión del juzgado fue confirmada por el Tribunal de Barranquilla en segunda instancia en diciembre de 2018.
En el fallo se lee que Guzmán Chams ha iniciado otros dos procesos ejecutivos en diferentes juzgados de Barranquilla. La decisión más reciente, de octubre pasado, le dio la razón parcialmente al ganadero. La jueza novena le ordenó a Vengal pagarle $374 millones a su exsocio más los intereses de mora, una cifra mucho menor a los $1.000 millones que inicialmente había pedido Guzmán, pero este no presentó ningún recurso contra el fallo. Vengal, en cambio, apeló y ahora el caso pasará a la siguiente instancia. Según su exabogado, Alfonso Camerano, él ya saldó las deudas con Guzmán, como constaría en varios cheques que fueron cobrados por el ganadero en 2016.
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Esos cheques dicen en el concepto que son para pagar “CVY”, que supuestamente significa “cómo voy yo”, y junto a esta sigla aparecen solo los apellidos de Jorge Padilla, exsecretario jurídico de la Alcaldía de Barranquilla, y con Jaime Berdugo, exdirector del Área Metropolitana. Estos datos también los sabe la Fiscalía desde 2017, cuando auditó la contabilidad del consorcio, pero no ha habido ninguna indagación acerca de los exfuncionarios. Guzmán Chams, por su parte, se mantiene firme en cada palabra y dice tener chats con los protagonistas de esta historia que aportó como pruebas a la investigación.
Francisco Bernate, abogado del exalcalde Alejandro Char para este caso, le dijo a El Espectador que su cliente “es totalmente ajeno a esos hechos y se demostrará en las instancias pertinentes”. Además que, aunque Char es inocente, se ha puesto a disposición de las autoridades y a la fecha no ha recibido ni un llamado de la Fiscalía. “Él está absolutamente tranquilo con el contrato del Hidrotanque. Las investigaciones así son algo normal en los procesos contractuales en Colombia y aclararemos lo que haya que aclarar”, explicó. Cabello, por su parte, dijo desde que salió elegida como procuradora que guardaría silencio hasta su posesión, pero cuando estalló este escándalo emitió un comunicado: “Nadie, por ningún motivo, puede hacer uso de mi nombre y bajo esa premisa descalifico a cualquiera que lo haga en beneficio de sus intereses”, escribió.
Guzmán Chams, por su parte, insiste: “Sentí la necesidad de hacer esta denuncia pública porque Alejandro Char tiene mil denuncias y no quería que la mía fuera una más, pues siento que mi vida está en peligro”, le comentó el ganadero a este diario. Camerano, el abogado de Vengal, denunció a Guzmán Chams como supuesto emisario de una lápida que llegó a la puerta de su casa, y dice que no se le debería creer al ganadero. Será la justicia la que defina si en efecto estamos frente a un escándalo de sobornos protagonizado por una de las familias más poderosas del país y un presidenciable o si, por el contrario, se trata de un lío entre socios que cayó en el reflector de la política nacional.
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