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Confesarle a un agente encubierto de la DEA llamado Ken Saunders -quien lo filmó y grabó- que él lavaba dinero para carteles de droga y otras organizaciones ilegales, y que él tenía todo el conocimiento y la disposición para lavar US$15 millones que iban a transarse supuestamente entre un cartel mexicano y exmiembros de las Farc, le costó a Vincent Schifano su libertad. El 28 de marzo de 2019, tal como lo reveló El Espectador, Schifano aceptó cargos y fue condenado a nueve años en prisión por el delito de lavado de activos. Y mientras espera que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revise su caso, hizo una última jugada: pedir a las autoridades responsables de su detención algo llamado “libertad por compasión”.
Documentos que conoció este diario señalan que, desde el 3 de junio de este año, Schifano se ha dirigido a las autoridades de la prisión federal de seguridad media conocida como Estill (Carolina del Sur), donde está recluido, y a la jueza que lo condenó en primera instancia, Valerie Caproni, con la intención de conseguir el beneficio de casa por cárcel. Su solicitud se basó en la pandemia por el COVID-19, enfermedad de la cual ya se han contagiado más de 59 millones de personas en el mundo y que ha cobrado más de 1,4 millones de vidas. Estados Unidos es, además, el país que lidera las cifras: unos 12 millones de contagiados, aproximadamente 263.000 fallecidos.
El 26 de marzo de este año, la Fiscalía de Estados Unidos envió un memorando a la entidad que maneja las prisiones federales del país (su sigla en inglés es BOP) para señalar “factores discrecionales” bajo los cuales podrían otorgar libertades por compasión o detenciones domiciliarias. Según la defensa de Schifano, este cumple con varios de ellos. Para empezar, la edad, pues el neoyorquino tiene 64 años. Igual de importante, dijo su abogado Gennaro Cariglio, es el hecho de que Schifano padece cáncer y que es obeso. “Las guías del CDC (Centro para el Control de Enfermedades) indican que los pacientes de cáncer y los individuos con obesidad severa corren un alto riesgo ante enfermedades graves como el COVID-19″, alegó Cariglio.
En su petición, el abogado Cariglio explicó que Schifano también cumple con el requisito de demostrar que en su nuevo lugar de confinamiento correría menos riesgo de contraer COVID-19 que en prisión, pues “él no saldrá de su casa y solo estará en contacto con una persona más, su hermano, John Schifano”, mientras que tras las rejas, alego Cariglio, “las probabilidades de contagiarse de COVID-19 son mucho mayores, ya que no puede mantener el distanciamiento social y es inevitable para él entrar en contacto con otros reclusos y con funcionarios de la prisión”. Además, agregó Cariglio, “el señor Schifano no fue condenado por un delito violento y no es un peligro para la comunidad”.
En agosto pasado, Schifano, a través de su abogado, insistió a raíz del silencio de la prisión Estill, pues habían pasado más de 30 días y su solicitud no recibía respuesta. Cariglio explicó que las condiciones médicas preexistentes que padecía Schifano, junto con la pandemia por el COVID-19, eran “extraordinarias y convincentes razones” para enviarlo a su casa. Añadió que, dado que Schifano permanecía encerrado 23 horas al día, era imposible para él hacer ejercicio, lo cual empeoraba su situación. Y que, aunque la Corte que lo sentenció confiaba en que recibiría el tratamiento médico adecuado, a la fecha, ello no había ocurrido. “Las medidas que el BOP ha tomado para proteger a los reclusos y a sus funcionarios son insuficientes”, resaltó Cariglio.
Un mes más tarde, el 25 de septiembre pasado, la Fiscalía apareció para dejar saber su posición frente a la solicitud de Schifano. “Schifano fue un lavador de activos prolífico por años. En 2017 y 2018 intentó lavar millones de dólares para ayudar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a importar toneladas de cocaína dentro de los Estados Unidos, vendida al cartel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas del mundo”, escribió una funcionaria llamada Audrey Strauss en nombre de la Fiscalía estadounidense a la jueza Valerie Caproni. Un argumento que, por demás, encerraba una gran imprecisión: la operación de lavado de activos no fue con las Farc.
Esa guerrilla, como bien se sabe, firmó un Acuerdo de Paz en diciembre de 2016 y entregó las armas. Lo que ocurrió después fue que personas como Marlon Marín, sobrino del exjefe guerrillero Iván Márquez (hoy de nuevo en la clandestinidad con La Nueva Marquetalia), empezaron a negociar cargamentos de droga. Audios de la DEA y la Fiscalía, revelados el pasado 8 de noviembre por este diario, pusieron al descubierto que Iván Márquez venía siendo interceptado y que su sobrino hizo toda una serie de negociaciones en nombre suyo y de Jesús Santrich, quien, junto a Márquez, volvió a tomar las armas. Marín creía que hablaba con delegados del cartel de Sinaloa, que resultaron ser agentes encubiertos de la DEA.
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La revelación de los audios puso un enorme manto de duda sobre la operación de la DEA con base en la cual se pidió la extradición de Santrich, pues ese material no se le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz -la cual tenía la tarea de determinar si Santrich podía ser extraditado o no-. El propio exfiscal general Néstor Humberto Martínez le dijo a este diario que ignoraba que Iván Márquez fue interceptado por su organismo durante su administración. Más allá de ese debate, que aún está inconcluso, los audios dejaron claro que fue Marlon Marín -hoy testigo protegido de la DEA en EE.UU.- quien contactó a Vincent Schifano y quien habló con él de cómo lavar el dinero que iba a recibir del cartel de Sinaloa a través de las bancas venezolana y panameña
La Fiscalía explicó que en la reunión que Schifano y el agente Saunders sostuvieron en 2017, el neoyorquino descendiente de italianos le dijo al funcionario federal que ya había estado tres meses en Colombia, que tenía listo un avión en Panamá, le detalló “sus métodos sofisticados de lavar dinero” y le aseguró que tenía autorización del Gobierno para desarrollar un proyecto en el cual se mimetizarían esos dineros calientes que, se suponía, eran el resultado de la venta de 10 toneladas de cocaína de Marlon Marín y su gente al cartel de Sinaloa. “En otras palabras, el procesado era el lavador de dinero de elección de las Farc”, dijo la Fiscalía estadounidense, asegurando que Schifano sí era un peligro para la comunidad.
Hace unos días, la jueza Caproni tomó la decisión de negar la solicitud de Schifano. La funcionaria judicial reconoció que su cuadro clínico incluía no solo cáncer de vejiga y obesidad, sino presión alta, colesterol alto y celulitis (que adquirió por una bacteria en reclusión), lo cual, sumado a su edad, aumentaban sus riesgos en caso de contagiarse de COVID-19. Admitió también que en las prisiones federales están enfocados en detectar solo a los pacientes sintomáticos, cuando es de público conocimiento que la mayoría de pacientes no presentan sintomáticas, pero, aun así, son un riesgo para los demás. No obstante, dijo, en el centro pentienciario Estill lo ha manejado bien: solo 12 funcionarios son hoy positivos; ningún recluso. Al menos a la fecha.
La jueza le dio la razón a Schifano en cuanto sus preexistencias médicas eran “extraordinarias y convincentes razones” para pensar en dejarlo salir de prisión. Señaló también, sin embargo, que el delito por el que fue condenado era “indudablemente grave”, por lo que “una reducción de su sentencia (de la cual no ha pagado más del 30 %), incluso en las circunstancias actuales, es simplemente injustificada”. La defensa de Schifano alegó que él ya había “aprendido la lección”, pero la jueza Caproni se mostró escéptica al respecto. “Su liberación temprana podría enviar el mensaje de que el lavado de activos no se toma en serio en los Estados Unidos”. Y, así, la funcionaria judicial cerró de un portazo la posibilidad de que Schifano obtuviera detención domiciliaria.
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