¿Cómo evitamos la tragedia repetitiva?

La mala noticia es que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las lluvias torrenciales seguirán hasta comienzos de 2023 por el fenómeno de La Niña. La peor noticia es que Colombia tiene que adaptarse a climas cada vez más inclementes, pues sin duda estamos viendo los efectos de una emergencia climática que solo va a empeorar con el paso de los años. La noticia angustiosa es que básicamente todos los departamentos del país tienen infraestructuras sensibles a las inundaciones y los deslizamientos, lo que ha causado muertes, desplazamientos y una crisis que será cíclica a menos que haya intervenciones estructurales. Estamos viendo la crónica de una tragedia anunciadísima.

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta la fecha, la ola invernal ha afectado a 496.226 personas en 32 departamentos y 776 municipios. Hasta el pasado fin de semana los datos eran terribles: 205 fallecidos, 281 heridos y 53 desaparecidos, además de 5.858 viviendas destruidas, 77.816 casas averiadas y afectaciones en 2.236 vías, 247 puentes vehiculares, 114 puentes peatonales, 321 acueductos, 84 alcantarillados, 19 centros de salud, 247 centros educativos, 57 centros comunitarios y en 23.518 hectáreas de tierra. Abundan en redes sociales los videos de áreas destruidas, inundadas, llenas de personas entre el desespero y el duelo. No hay zona del país que se salve de la tragedia. Y es necesaria la pregunta: ¿por qué no podemos evitar estos desastres?

Por eso la declaratoria de emergencia del Gobierno de Gustavo Petro tiene cierta debilidad constitucional: no estamos ante un hecho extraordinario, sino ante una realidad cíclica en Colombia. Que no quepa duda: estamos presenciando las consecuencias nefastas del fracaso de gobiernos consecutivos, a nivel nacional y local, por no intervenir las zonas vulnerables ni poner en marcha mecanismos de mitigación. El número de víctimas no se debe de forma exclusiva a la severidad del clima, sino a la desidia de quienes han permitido que nuestras ciudades y pueblos se construyan de manera negligente, descuidada y peligrosa. Es el peor rostro de la desigualdad, pues las poblaciones con menos recursos son las que más están en riesgo.

En todo caso, es de esperar que el Gobierno aproveche sus facultades extraordinarias para concentrarse de manera exclusiva en los efectos de los desastres naturales y que no olvide que sus inversiones, necesarias, se harán en año electoral, por lo que tendrán que ser en exceso transparentes. Ya la administración Petro anunció $2,1 billones para atender la situación. Según el ministro del Interior, Alfonso Prada, “la primera prioridad va a ser la atención del hambre (…). Adicionalmente, entregaremos kits de frazadas, medicamentos y aquellos elementos que necesiten las comunidades. Y, finalmente, otra prioridad es la reubicación temporal e incluso iniciar la reubicación definitiva, a través de la construcción de vivienda en sitios seguros”. Son medidas necesarias, en vísperas de un debate más profundo: ¿cómo evitamos la tragedia repetitiva?

Mientras tanto, los colombianos una vez más deben acudir a la solidaridad. Es momento de donar a las organizaciones de la sociedad civil que están ayudando a los damnificados. Cientos de miles de compatriotas nos necesitan.

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