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Once años tardó la Fiscalía en judicializar a la familia Mora Urrea, dueña de los supermercados Supercundi y Merkandrea. Desde 2007, con base en un informe del DAS y supuesta información que compartieron autoridades panameñas, la Fiscalía rotuló a la familia como supuesta testaferra de la extinta guerrilla de las Farc. Sin embargo, en 2011, el expediente quedó en un estado de letargo y solo se reactivó en 2016, cuando el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez comenzó su cruzada contra el patrimonio de las Farc. A comienzos de 2018 la Fiscalía mostró sus primeros resultados y capturó a varios miembros de los Mora Urrea. Pero, con el pasar del tiempo y de revisar pruebas, las sospechas de falsos testigos y posibles irregularidades se volvieron una constante.
En febrero de 2018, la entonces directora de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, dijo que los Mora Urrea eran testaferros de las Farc y lavaban activos a través de sus cadenas de supermercados. Al ser capturados, fueron presentados ante un juez al que le presentaron tres testimonios de desmovilizados que los vinculaban con las Farc. A las semanas, el abogado defensor, Alejandro Carranza, descubrió falsedades en el relato de los testigos estrellas y los Mora Urrea quedaron en libertad. Desde ese entonces comenzó una pelea jurídica, en la que se demostró que uno de los Mora, Luis Alirio, había sido secuestrado por las Farc en 1999, por lo que hace un año la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lo reconoció como víctima del conflicto.
El pasado 29 de octubre, el abogado defensor de la familia, Alejandro Carranza, presentó un memorial de 106 páginas para ejercer un control de legalidad sobre el proceso de extinción de dominio. El argumento es que la mayoría de las pruebas que se recolectaron en el proceso fueron obtenidas ilícitamente desde 2007, porque supuestamente engañaron por años a los jueces de control de garantías que autorizaron procedimientos de recolección de información reservada en bases de datos e interceptaciones telefónicas. Asimismo, el abogado solicitó que se levantaran las medidas de embargo contra los bienes e inmuebles de los Mora Urrea, y copió sus denuncias a más de 21 autoridades, entre ellas al fiscal general, la JEP, las Naciones Unidas, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El origen del proceso El 26 de marzo de 2007, el extinto DAS elaboró un informe, denominado el 105, sobre una supuesta organización dedicada al lavado de activos, testaferro y financiación de grupos terroristas. Con base en ese informe, la entonces Unidad de Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos abrió una investigación contra Norberto Mora Urrea y otros, y en abril de ese año designó para ese caso a la fiscal Luz Ángela Bahamón. Un mes después Bahamón dio órdenes a la Policía Judicial para perfilar a los mencionados en el informe del DAS y, tras el resultado en la búsqueda en base de datos públicas, logró en un informe de finales de junio de 2007 perfilar a los miembros de la familia Mora Urrea. El siguiente paso fue ir ante los jueces de control de garantías.
Ante los jueces, la fiscal Bahamón realizó entre 2007 y 2010 más de 32 audiencias de carácter reservado para solicitar información de los hermanos Norberto, Leonel, Luis Alirio, Uriel, Pedro, Edna Yaneth, Doris, Gloria y Berta Mora Urrea y de su madre, Ana Betilda Urrea. Asimismo, solicitó interceptar números telefónicos y legalizar las escuchas. El argumento de la Fiscalía se centró en el informe de 2007, en el que perfilaron a los Mora Urrea y que hacía referencia al documento 105 del DAS, en el que se reseñaba que una fuente humana (que según la defensa terminó siendo el hijo de Roberto Liévano, competidor de los Mora Urrea en cadenas de supermercados) señaló a la familia de incrementar su patrimonio al recibir bienes y activos de las Farc.
En 2007, el DAS sostuvo que Roberto Liévano, dueño de supermercados El Líder (competencia de los Mora Urrea), tuvo que ceder uno de sus locales a Norberto Mora Urrea como parte de pago de un secuestro del que fue víctima por parte de alias Romaña. En ese informe 105, el agente agregó que la familia estaba adquiriendo bienes y empresas en Panamá y que existía un supuesto reporte de las autoridades de ese país sobre vínculos de Norberto Mora con Romaña. Para la defensa, la Fiscalía inició una investigación basándose, al parecer, en la declaración falsa y no hizo el “mayor esfuerzo por legalizar en debida forma ante los jueces los actos investigativos desplegados desde 2007, configurando una narrativa mendaz, impregnando de ilegalidad e ilicitud todas las actuaciones desplegadas”.
El abogado Carranza sostuvo que las autoridades de Panamá “jamás investigaron” a los Mora Urrea. Para soportar sus dichos, presentó dos documentos. El primero, con fecha del 12 de julio de 2019, firmado por el director de la Dirección de Investigación Judicial panameña, Bolívar Medina Domínguez, en el que se certifica que Alirio Mora Urrea nunca fue investigado por delito alguno. Y el segundo, del 14 de agosto de 2020, en el que la Secretaría General de la Procuraduría General de Panamá certificó igualmente que nunca se investigó a Luis Alirio Mora luego de consultar el Sistema de Administración Judicial (SAJU), la plataforma virtual del Sistema Penal Acusatorio (SPA), los libros de registro habilitados para los casos que se tramitan en la Subsecretaría General, y al resto de los despachos del Ministerio Público.
La defensa de los Mora Urrea también explicó que el único informe que llegó desde Panamá fue por una petición de la Fiscalía en junio 2009, “fecha para la cual ya se había perpetrado el engaño a jueces de garantías desde el año 2007 y la investigación llevaba dos años. La Unidad de Análisis Financiero de Panamá jamás reportó transacciones sospechosas o ilícitas por parte de los Mora Urrea. En ese informe tampoco se relató una supuesta investigación por narcotráfico o por nexos con alias ‘Romaña’. Lo único que le remitió a la Fiscalía fue la información sobre los activos que existían en Panamá”, se lee en el documento de la defensa. Agregó el abogado que la Fiscalía violó las garantías procesales, pues desde julio de 2009 el Juzgado 44 de Control de Garantías ordenó a la Fiscalía vincular a los Mora Urrea en una investigación preliminar.
A pesar de que una jueza advirtió que ya habían pasado dos años, que los Mora Urrea estaban plenamente identificados y que no entendía por qué la Fiscalía insistía en que eran “sujetos indeterminados”, estos nunca fueron informados sobre investigaciones en su contra. Durante las 32 audiencias que adelantaron la fiscal Bahamón y sus fiscales de apoyo se ventiló que Luis Alirio Mora fue secuestrado por las Farc, sin embargo, esa información poco efecto causó y el proceso por ser los supuestos testaferros de las Farc continuó. La fiscal Bahamón ordenó en enero de 2011 que, con la información recolectada, se hiciera un estudio patrimonial para establecer si los ingresos de los indiciados guardaban relación con su actividad económica.
Al ser consultada sobre el tema, la fiscal Bahamón explicó que en 2007 creó un programa metodológico e inició labores investigativas para demostrar “una hipótesis delictiva de lavado de activos o testaferrato, relacionadas con búsquedas selectivas en bases de datos, inspecciones a lugares, asistencia judicial a Panamá, entre otras”. La funcionaria agregó que “la existencia de varias audiencias determina, sin duda, el impulso y avance del proceso. Sin embargo, como corresponde, para formular una imputación, deben estar acreditados todos los elementos del delito, a partir de los cuales se construya una inferencia razonable de autoría sólida. En el lapso en que fungí como fiscal del caso no existían todas las evidencias físicas para judicializar a los miembros de la familia Mora Urrea, y esa es la razón para no haber procedido en esa época”.
Ese informe de 2011 fue el que reactivó el caso en 2016, luego de que el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, creara el Grupo de Persecución de Activos Ilícitos (GPAI). En los pasillos de la Fiscalía fue denominado como el “Grupo de los 300”, porque se suponía que contaría con el apoyo de 300 investigadores de la Fiscalía, Policía, Ejército y Supernotariado y Registro. Sin embargo, esa cifra solo quedó en el papel, pues la Fuerza Pública y la Superintendencia confirmaron que nunca hicieron parte de ese equipo de trabajo. La defensa de los Mora Urrea explicó que el GPAI, con base en el expediente que quedó quieto en 2011, construyó los casos contra los Mora Urrea y otras familias señaladas de lavarles activos a las Farc. Solo hasta 2018, cuando fueron capturados, la familia Mora Urrea conoció que desde 2007 estaban en el radar de la Fiscalía.
La funcionaria negó que el expediente hubiese sido reactivado cuando ella fue nombrada como directora de Lavado de Activos, porque se continuaron realizando labores investigativas. “La Fiscalía, mientras no prescriba la acción penal, tiene la potestad de investigar los hechos que revistan las características de delitos, y una vez cuente con los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, procede a formular imputación. Si se hizo en el 2018 fue porque en ese momento se contó con lo necesario para proceder a ello”, agregó.
Hoy el proceso por lavado de activos contra los Mora Urrea está en la JEP, donde también se acreditaron como víctimas. El expediente por extinción de dominio está a la espera de que se resuelva si el origen de la investigación es ilegal, pues se sustentó en informes de 2007 con información que, al parecer, nunca llegó desde Panamá y en acusaciones sin piso de un competidor en los negocios de los Mora Urrea. Desde que se hizo público este caso, El Espectador ha evidenciado diversas irregularidades en las actuaciones de la Fiscalía y la utilización de testigos que podrían ser falsos. A su vez, el abogado Carranza llevó el caso a escenarios internacionales al considerar que el proceso contra los Mora Urrea fue más una estrategia para afectar el proceso de paz que una estrategia para perseguir los bienes de las extintas Farc.
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