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Aunque los planes temáticos de la Casa de Nariño para cerrar el 2025 estaban mucho más enfocados en mostrar lo que allí se considera son las obras más claves del Gobierno, y que además serían la base para que la izquierda tenga una segunda oportunidad consecutiva en la Casa de Nariño, la cruda ola de violencia que se desató en diversos territorios en cuestión de tres semanas obligó a imprimirle un ajuste a esa estrategia.
Y no es que la seguridad estuviera ausente de las prioridades oficialistas, pero la arremetida de grupos narcotraficantes como el ELN, el Clan del Golfo y varias de las disidencias –todos con interés en la estancada política de paz total– hicieron que los focos giraran. Tan es así que, luego de varias deliberaciones, se decidió acudir a la figura de la urgencia manifiesta para meterse de lleno en un primer paquete de medidas.
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Lo que se quiere es que el billón de pesos que cuesta el sistema de protección antidrones pueda contratarse con celeridad y que figuras como la ley de garantías que rige en esta época electoral no frente los procesos. Incluso, no se descarta que parte de la plata que se buscará con la emergencia económica –otra medida de contención del Ejecutivo tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso– sea usada en asuntos que refuercen las estrategias de mantenimiento de orden público.
Estos pasos, según confirmó El Espectador con fuentes del alto Gobierno, se terminaron de definir en tres reuniones privadas que lideró el presidente Gustavo Petro esta semana en Palacio. La primera fue el consejo de seguridad, que se realizó en la tarde del martes y contó con la presencia de la cúpula militar.
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La otra, de la que incluso no se dejó ni siquiera registro fotográfico, fue en la noche del jueves, cuando el jefe de Estado reunió a su equipo ministerial y a los jefes de otras entidades claves, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) –cuyo director, Jorge Lemus, hizo presencia en ambos escenarios–, para determinar hasta qué punto escalará la estela de terrorismo y sangre que quiere promover la delincuencia en el cierre del 2025. Y la tercera fue este 20 de diciembre y fue otro consejo de seguridad con los mismos protagonistas.
La presencia de Lemus es clave porque, como lo reveló este diario en noviembre pasado, se convirtió en un hombre fundamental para el presidente en asuntos de seguridad e inteligencia, al punto que también tiene presencia en las mesas de diálogo con narcobandas urbanas y rurales. Incluso, su oficina estuvo en los acercamientos con el Clan en Catar.
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Todo esto se conecta con el espacio de conversación regional que se está abriendo vía Ministerio de Defensa. En efecto, al general (r) Pedro Sánchez, quien lidera esa cartera, lo vienen buscando con más frecuencia desde regiones que están golpeadas por ataques, como Valle y Antioquia. Si bien su función no es política, el hecho de hacer parte de la Rama Ejecutiva le permite entablar puentes con sectores que entre otras cosas se han caracterizado por su oposición a la actual administración.
La línea de trabajo que se desplegó desde este espacio se da en momentos en que los choques directos del presidente Petro con ciertas regiones son más fuertes. Por ejemplo, con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se dio un duro cruce de mensajes por asuntos que van desde el pie de fuerza dispuesto para ese departamento hasta por las capacidades de acción que tiene la Fuerza Pública.
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“Celebro que mis peticiones públicas lo motiven a trinar, espero que lo motiven también a trabajar por el Valle del Cauca y por los vallecaucanos, aquí seguimos firmes haciéndolo: entregando drones, apoyando las capacidades logísticas para la defensa del territorio, invirtiendo en seguridad y, por si no conoce las cifras, siendo el departamento que más ha reducido la pobreza multidimensional, disminuyendo en un 60 % en los últimos 10 años de trabajo”, precisó Toro.
“Tenemos miles de hombres del Ejército en el Cauca, para defender el Cauca y el Valle del Cauca, de los narcotraficantes armados. Decenas de nuestros hombres, enviados bajo mis órdenes para defender la ciudadanía caucana y vallecaucana, han sido asesinados al servicio del pueblo”, advirtió Petro.
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“Al gobierno de Gustavo Petro le quedó grande el país y la seguridad de los colombianos. ¿Dónde está el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado para tomar el control y proteger la vida, la honra y los bienes de esos uniformados y de los civiles?”, aseguró el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.
Esta reacción es por el ataque a una base en Aguachica, Cesar, que finalizando esta semana dejó siete uniformados asesinados y cuya autoría se le adjudicó al ELN. También por el ataque de más de siete horas que sufrió la población de Buenos Aires, Cauca; y por el atentado contra un grupo de policías en Cali, Valle, que dejó a dos de ellos muertos.
Otra situación similar se ha visto en los departamentos del Meta y Chocó. La gobernadora del primero, Rafaela Cortés, le dijo a El Espectador que el diálogo con Sánchez es fluido, pero a la Fuerza Pública “no le llegan los recursos necesarios” para combatir a la criminalidad. “Una cosa es uno querer avanzar en muchos temas, pero los recursos son importantísimos para el despliegue”, dijo.
Y la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha podido participar en las conversaciones con el Clan del Golfo, pero ha expresado temor por los interlocutores de esas conversaciones. Según supo este diario, hay reuniones que involucran específicamente a su región y a las que no es invitada, pese a que sí asisten personas de los territorios que podrían estar bajo coerción de las estructuras ilegales.
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“Se dice que por estos hechos fracasó la paz. La paz nunca fracasa; lo que debe fracasar es la guerra”, reiteró el jefe de Estado el viernes desde Nariño durante un balance de su programa de sustitución de cultivos de uso ilícito que hizo ante la comunidad internacional que tiene presencia en Colombia.
Esa arista, la de llevar al cuerpo diplomático al territorio con alertas de orden público, es otro punto sobre cómo el mandatario quiere que durante el epílogo de su administración se vea que, más allá de la violencia que tiene potenciado el discurso de seguridad en época electoral, su Gobierno tiene presencia en zonas donde tradicionalmente el Estado no ha llegado. Incluso, volvió a echar mano del proceso de paz con las FARC para advertir que su cumplimiento ha estado entre sus prioridades, pese a que no son pocos los firmantes que lo critican precisamente por lo contrario.
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Y aquí entra en juego otro punto no menor. Tanto en las dos reuniones palaciegas de esta semana, como en otros escenarios en los que el ministro del Interior, Armando Benedetti, se ha vuelto determinante por el puente que hace entre algunos de sus interlocutores y la Casa de Nariño, se ha venido hablando sobre cómo se debe proteger a toda costa el proceso electoral del 2026.
El propio registrador Nacional, Hernán Penagos, le dijo recientemente a este diario que “hay hechos reales que deben tenerse en cuenta”, pero que todo el Estado se está coordinando para garantizar que las tres citas a urnas nacionales que vienen se cumplan con la mayor normalidad posible: 8 de marzo (Congreso y consultas), 31 de mayo (primera vuelta presidencial) y 19 de junio (segunda vuelta).
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De acuerdo con datos oficiales, a la Unidad Nacional de Protección (UNP) –dirigida por Augusto Rodríguez– han llegado solicitudes de protección de al menos 62 aspirantes a la Presidencia y de 88 candidatos al Congreso. A ellos los protegen, respectivamente, 533 y 232 funcionarios de la UNP y de la Policía.
Además, según la Misión de Observación Electoral (MOE), desde el primer día de este 2025 y con corte al 8 de noviembre pasado se han registrado 369 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, entre ellos el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
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Por todo esto es que la directriz del presidente Petro, quien en todo caso tiene diferencias con la Registraduría y otras instituciones que no se pliegan a sus apuestas, es coordinar las acciones necesarias para que las elecciones no se vean golpeadas y que el accionar criminal que se dio esta semana, con otro de los cuatro paros armados elenos de este 2025 en el medio, no impacte negativamente en las citas a urnas.
Incluso, con el tono electoral que caracteriza al presidente Petro, el mandatario ha salido públicamente a defender sus lineamientos de seguridad, pues los candidatos a sucederlo que hacen parte de la oposición ya están posicionando este asunto como un eje clave para el 2026; el expresidente Álvaro Uribe rodea a sus equipos con esta línea discursiva. Y, con la reelección del progresismo como meta definitiva, el liderazgo en el relato público es algo que la Casa de Nariño no quiere perder; las redes del jefe de Estado son prueba de ello.
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