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Pocos procesos de integración de un organismo judicial han sido tan polémicos como el que busca poner finalmente en marcha la Comisión de Disciplina Judicial, que fue creada en la reforma de Equilibrio de Poderes de 2015 para reemplazar a la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Por un lado, fue necesaria la intervención de la Corte Constitucional para destrabar el proceso con un fallo de tutela de agosto pasado que ordenó, además, que salieran del cargo dos magistrados que llevan 12 años en la Sala Disciplinaria. Y, por otro, otros de cinco integrantes de esa Sala no le vieron cuestionamiento alguno a postularse y aspirar a una plaza en la futura Comisión.
Los actuales magistrados de la Sala Disciplinaria Magda Acosta Walteros, Carlos Mario Cano Diosa, Fidalgo Javier Estupiñán, Alejandro Meza Cardales y Camilo Montoya Reyes se inscribieron ante la Presidencia de la República, que deberá conformar tres ternas. Las otras cuatro ternas las elaborará el Consejo Superior de la Judicatura para un total de siete comisionados que elegirá el Congreso. De esos cinco magistrados, solo dos continúan en la carrera pues fueron preseleccionados en las listas que hizo públicas las Presidencia. Se trata de Magda Acosta y Alejandro Meza quien fueron citados a entrevista el próximo 11 de noviembre.
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En las listas publicadas por Presidencia se encuentran juristas como el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Hermens Darío Lara; la exviceprocuradora Martha Isabel Castañeda; el excontralor de Bogotá Juan Carlos Granados; la exfiscal Gloria María Arias Arboleda; el exmagistrado auxiliar de la Sala Disciplinaria Enrique Omar Peña Peña; el penalista Carlos Andrés Gómez o el expresidente de la Sala de Justicia y Paz de Medellín, Juan Guillermo Cárdenas Gómez. En total, fueron incluidas 72 personas en las listas luego de un primer examen a las hojas de vida de 223 inscritos.
En ese primer barrido salieron tres de los actuales magistrados de la Sala Disciplinaria, que comparten silla con los llamados magistrados eternos Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, que llevan 12 años en el cargo y no se han separado de sus funciones a pesar de la orden de la Corte Constitucional de agosto pasado. También salieron algunos reconocidos abogados y otros nombres más polémicos. Por ejemplo, no clasificó el abogado Germán Calderón España; la exauditora general de la República Laura Emilse Marulanda; la secretaria judicial de la Sala Disciplinaria Yira Olarte o Pedrito Tomás Pereira, exalcalde de Cartagena y exrepresentante a la Cámara.
De otro lado, el Consejo Superior de la Judicatura también publicó los preseleccionados para elaborar cuatro ternas que serán escuchados el próximo 12 de noviembre. En este caso resaltan los nombres de la exprocuradora delegada María Eugenia Carreño, el abogado Carlos Mario Isaza, los exfiscales Martín Moreno Sanjuan, Álvaro Osorio Chacón y Elka Venegas; el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana Julio Andrés Sampedro; el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional Javier Tobo; el magistrado del Tribunal Superior de Montería Cruz Yañez Arrieta; o el excongresista Joaquín José Vives Pérez.
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De las entrevistas que se realicen, saldrán los nombres definitivos. La tarea no es nada fácil pues, se espera que al menos en la Presidencia y en el Congreso se evalúe si existe un impedimento para que los magistrados Magda Acosta Walteros y Alejandro Meza Cardales accedan a la Comisión de Disciplina Judicial. Y porque se trata de llenar de legitimidad a la naciente Comisión de Disciplina Judicial que tendrá la labor de investigar disciplinariamente a abogados y jueces y de borrar la mala imagen que tiene todavía la Sala Disciplinaria de la Judicatura, debido a cuestionamientos a sus integrantes por actos de corrupción o por polémicas decisiones judiciales tomadas.
La más reciente, por ejemplo, fue tomada por la magistrada Julia Emma Garzón que concedió una tutela al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y separó del proceso penal que le adelanta la Corte Suprema por parapolítica al magistrado ponente Ariel Torres. Lo decisión, considerada como un posible prevaricato, acusa sin prueba alguna al jurista de la filtración a medios de comunicación de la ponencia que se estudia en la Sala de Primera Instancia del alto tribunal y que pide condenar al exgobernador. Y además, sin tener potestad para ello, ordenó hacer un nuevo proyecto de fallo diferente al filtrado.
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La Corte Suprema acató la decisión, pidió a la Corte Constitucional que la revise y cuestionó la legitimidad de la Sala Disciplinaria para fallar en este caso. Torres, al pedir la nulidad de esta, dijo que lo separaban del caso de forma arbitrara, ligera y de forma infundada. El segundo choque entre ambas corporaciones sucedió semanas después cuando la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue a Pedro Sanabria y Julia Emma Garzón por seguir tomando decisiones judiciales a pesar de que terminaron sus periodos hace más de cuatro años.
La decisión se tomó al abstenerse de cumplir una orden de tutela fallada por ambos en relación con los bienes de Miguel Ángel Mejía Munera, alias El Mellizo, asegurando que quienes la firmaban eran ya exmagistrados y ciudadanos del común. A pesar de esta decisión y de la orden de salida de la Corte Constitucional, Sanabria y Garzón se limitaron a dejar sus cargos en manos del Congreso. A esto suma que la Sala está hoy envuelta en un escándalo de denuncias por presuntos actos de acoso sexual y laboral que involucran a los magistrados Pedro Sanabria, Camilo Montoya y Fidalgo Estupiñán y sobre el cual ese organismo se ha limitado a pedir que se establezcan denuncias formales.
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