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El Gobierno presentó el proyecto de presupuesto para el próximo año por un monto de $523 billones, de los cuales $328 billones corresponden a gastos de funcionamiento (63 %), $112,6 billones al pago de deuda pública (21 %) y $82,4 billones al componente de inversión pública (16 %). Con esto, empieza la etapa más importante del ciclo presupuestal: su paso por el Legislativo, que tiene hasta la medianoche del próximo 20 de octubre para aprobarlo.
Los sectores con mayores recursos, sin contar la deuda pública, siguen siendo educación ($79 billones), seguido de salud y protección social ($67 billones), defensa y policía ($59 billones), trabajo ($53 billones) y hacienda ($37 billones).
Ahora bien, para hacer comparaciones del crecimiento del gasto, el presupuesto de 2024 que estaba en $482 billones (después del recorte de gasto), al ser ajustado por la inflación proyectada por el Ministerio de Hacienda para fin de año (5,3 %), quedaría en $508 billones. Dado esto, el monto del Presupuesto General de la Nación para el 2025 implica un 3 % de crecimiento en términos reales. Un incremento menor al 10 % observado entre las vigencias 2023–2024. Este crecimiento se concentra en el monto destinado al pago de deuda pública (13 %) y el rubro de funcionamiento (5 %). Sin embargo, la inversión pública caerá 16 % en términos reales.
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El gasto del presupuesto nacional ha venido creciendo aceleradamente desde el 2020, producto de la agresiva política fiscal que buscaba mitigar los efectos de la pandemia. En específico, el gasto de funcionamiento ha crecido desde entonces un 40 % en términos reales (casi $100 billones).
Este aumento ha sido causado en mayor medida por el incremento de las transferencias del Sistema General de Participaciones, aseguramiento en salud, el cierre de la brecha fiscal del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles y el pago de pensiones. El gasto de personal ha tenido un incremento que explica poco menos de una quinta parte del crecimiento del total del gasto de funcionamiento.
Precisamente, el problema fiscal que atraviesa el país tiene mucha relación con este incremento desmesurado en el gasto de funcionamiento. La mayor parte de esos gastos son inflexibles y se hacen en cumplimiento de normas de rango constitucional como el SGP, o legal como el esquema de aseguramiento en salud creado por la Ley 100. Esto deja al Ejecutivo con muy poco margen de discrecionalidad para hacer recortes o suspender algunos de estos rubros. En este contexto, desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana consideramos que en el mediano plazo es necesaria una reforma a la estructura del gasto público en el país que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entretanto, el gasto de inversión sufrirá recortes en casi todos los sectores.
En específico, la caída en el gasto de inversión se concentra en los sectores de inclusión y reconciliación social (-$5 billones), agricultura y desarrollo rural (-$3,8 billones), TIC ($1,4 billones), vivienda (1,4 billones) y educación ($800.000 millones).
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Si se tiene en cuenta que el monto total de inversión para el próximo año necesita ser financiado en parte ($12 billones) por una ley de financiamiento o reforma tributaria, el panorama es mucho peor, pues sigue siendo muy incierto de cuáles impuestos existentes o nuevos vendrán estos ingresos adicionales y las probabilidades que tiene el Gobierno de aprobar una segunda reforma tributaria con una economía que crece poco. En caso de que no se materialicen estos recursos, la caída en términos reales de la inversión pública será casi del 30 %.
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Sin duda, el presupuesto propuesto para el próximo año tiene un gran riesgo de quedar desfinanciado. En este caso, para cumplir con la regla fiscal el próximo año, no queda sino seguir disminuyendo la inversión pública, lo cual podría ralentizar aún más el crecimiento de la economía en el mediano y largo plazo. Por definición, la inversión implica expandir la capacidad productiva futura o crear infraestructura social. Dado que el sector público no puede tener el protagonismo que tuvo en el pasado sobre la inversión total, vale la pena tender puentes para propiciar que la inversión privada no se desestimule y logre matizar los efectos en crecimiento futuro que la caída en la inversión pública supone.
Es momento para pensar en modificaciones constitucionales y legislativas que contengan el crecimiento desmedido del gasto. Es necesario reducir la dependencia de los entes territoriales a las transferencias de la nación, priorizar los tratamientos y servicios ofrecidos por el sistema de salud, acelerar el desmonte al subsidio de los combustibles, estrechar la definición de gasto social, racionalizar primas, bonificaciones y otros gastos distintos a la remuneración de los funcionarios públicos e implementar técnicas de presupuestación basadas en programas y resultados que aporten eficiencia al gasto.
*William Reyes, asesor en Finanzas Públicas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
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