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“… y factor de su persistencia”. Así se titula el capítulo sexto del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Su planteamiento central es que el narcotráfico ha formado parte de las dinámicas de la guerra y contribuido a su extensión y degradación porque “todos los actores involucrados en el conflicto armado de manera directa o indirecta han tenido relaciones con el narcotráfico”.
De una parte, los narcotraficantes crearon poderosos ejércitos que ubicaron en zonas rurales en los años 80, al volverse terratenientes y terminar confrontados con movimientos campesinos y con grupos guerrilleros. Se aliaron con paramilitares y con miembros de la fuerza pública a través de operaciones como la de la escuela de sicarios de Puerto Boyacá, el grupo Muerte a Secuestradores (MAS) o los Pepes (perseguidos por Pablo Escobar), donde confluyeron, además del Cartel de Cali y sectores del de Medellín, empresarios, políticos, militares, policías, miembros del DAS y agentes estadounidenses. Desaparecidos los grandes carteles, las Autodefensas Unidas de Colombia conjugaron la actividad paramilitar y la de los estupefacientes e introdujeron la innovación de la venta de franquicias paramilitares a narcotraficantes, además de la parapolítica. Los grupos sucesores del paramilitarismo actúan hoy combinando el narcotráfico con el control económico y político en sus zonas de influencia.
De otra parte, si bien las guerrillas se negaron en los años 70 a aceptar cultivos de coca o marihuana en sus alrededores, gradualmente se familiarizaron con ellos. Las Farc actuaron al principio como intermediarios entre los productores campesinos y los compradores, para luego montar laboratorios o cobrar extorsiones por la comercialización del producto, lo cual derivó en mayor violencia contra cultivadores reacios a ese control. En cuanto al Eln, “en Arauca, la posición del Frente Domingo Laín de cobrar por las rutas de tránsito, pero no permitir cultivos, es distinta con respecto a la imposición que ejercen sobre las comunidades para que cultiven y procesen la coca los frentes en el Chocó, Cauca y Catatumbo”.
Para combatir supuestamente el narcotráfico, el Estado ha desarrollado una “guerra contra las drogas” que terminó por incrementar el conflicto armado en el país. Dicha guerra se exacerbó con el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, y se ha ejecutado como una política contrainsurgente, sobre todo hacia las Farc y en perjuicio de comunidades campesinas, especialmente indígenas y afrocolombianas.
Para lograr la paz, hay que superar esta visión bélica del narcotráfico y “conocer a profundidad el sistema de relaciones, alianzas e intereses involucrados” en él, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de “investigación de los entramados políticos, financieros y armados” que lo hacen posible y el diseño de un modelo de justicia transicional que aborde al conjunto de los actores armados, sus relaciones con el negocio y su sometimiento a la ley. (Y ofrecer posibilidades de desarrollo para los cultivadores, agrego yo). De lo contrario, el conflicto armado continuará reciclándose en Colombia, advierte sabiamente el informe.
Gracias, Comisión de la Verdad.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
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