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Era el 27 de octubre de 2019 cuando Nathalia Orozco Espitaletta se sintió señalada por la institucionalidad. Cuando buscó su nombre en el listado de cédulas, descubrió que la Registraduría aún la identificaba como Rafael, a pesar de que desde 2017 cambió su nombre y la información casilla de “sexo” en su cédula, registro civil y todos los documentos públicos para ser reconocida como lo que es: una mujer. Contó que la Policía revisó su documento por presunta suplantación de identidad.
“Me sentí ansiosa, asustada. La chica que atendía en la mesa de votación intentaba explicar la situación, pero decía ‘lo que pasa es que él se cambió el nombre’. Yo le respondía: ‘No soy él, soy ella’”. Relató que los uniformados le dijeron que no sabían que era legal cambiar de nombre y sexo, derecho que quedó consagrado desde 2015 en el Decreto 1227. Su vivencia se replica en cientos de mujeres y hombres trans o personas no binarias que han asistido a las urnas. En esos espacios impera por excelencia la mano del Estado, una que ha saludado a la comunidad trans con el estigma entre los dedos.
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En esa jornada ella pudo finalmente votar, pero después de media hora en la que la cuestionaron por un error en época electoral: la Registraduría no actualizó su información. “Es lo mismo que pasa con los muertos que aparecen como si hubieran votado. Es peligroso que dos años después no se renueve ese dato. Ese vacío preocupa”, añadió Nathalia. En esa realidad se escurre el derecho al voto de una población vulnerada en todas las esferas. En América Latina al menos 1.300 personas han sido asesinadas entre enero de 2014 y junio de 2019 por su orientación sexual, identidad y expresión de género. En contraste, en las elecciones regionales de 2019 de Colombia, solo tres, de 21 candidatos trans, quedaron electos. Sobre la participación de esta minoría en los comicios ni siquiera hay información comparativa que dé luces sobre su acceso a la democracia, como tampoco los abusos que sufren en las urnas.
De cara a esa problemática, Caribe Afirmativo, la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans (GAAT) y la Misión de Observación Electoral (MOE), en septiembre, solicitaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) la creación de un protocolo que dicte acciones acerca de nueve entidades estatales para que garanticen el derecho al voto de esta población. “Hicimos esta petición porque en las últimas elecciones regionales recibimos quejas de votantes trans que expresaron que les obstruyeron su derecho a participar de los comicios.
El pasado 13 de noviembre, en una sesión plenaria, el CNE aceptó nuestra solicitud. El 1° de diciembre hicieron oficial el protocolo”, contó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. Con este logro, después de México, Colombia se convierte en el segundo país de América Latina en incorporar una guía para que el Estado y sus funcionarios no vulneren ni agredan a esta población. Según Hernán Penagos, presidente del CNE, el protocolo se cocinó sin problemas.
Ninguno de los nueve magistrados que lo componen, más el delegado del Partido FARC, se opusieron a darle vida al documento. “La iniciativa tuvo apoyo en un 100 %, porque se trata de entender que hay acciones que van en detrimento de esta población y que en muchos casos las autoridades electorales no las han percibido como barreras, pero que uno observa han imposibilitado el voto de los ciudadanos”, explicó. Agregó, además, que el debate “fue muy tranquilo” y que inclusive varios magistrados intentaron enriquecer la propuesta.
“Pensamos en establecer un censo especial para la población trans, pero el censo es uno solo en el país, no segmentado. Nos dio temor que después esto sirviera para estigmatizar. También queríamos avanzar en la responsabilidad de los partidos, que en sus mesas directivas y órganos fuera regla incorporar a personas trans, pero nos pareció que de pronto eso desbordaba las competencias del CNE y nos inmiscuía en la autonomía de las colectividades”, detalló Penagos.
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Para Marlon Pabón, subcoordinador de justicia electoral de la MOE, un censo segmentado para conocer más a fondo esta población no sería motivo de más discriminación. Sin embargo, anotó que el CNE adoptó de manera integral la propuesta, y eso es un paso inmenso en términos institucionales, pues ahora deberá haber oordinación entre la Fuerza Pública y entidades como la Procuraduría y la Defensoría, y otras deberán adoptar acciones para que la identidad y la expresión de género no impidan el ejercicio democrático en los comicios.
Por ejemplo, el protocolo sugiere que se instruya a los miembros de la Policía y el Ejército que harán presencia en las urnas sobre cómo actuar sin agresiones frente a la comunidad trans. “Al momento de realizar las requisas, deben hacerlas sin tener en cuenta motivaciones prejuiciosas en razón de la expresión identitaria de las personas trans. En todo caso, cuando los procedimientos sean aplicados a una mujer trans, estos deberán ser realizados por agentes mujeres y en el caso de que fueren hombres trans, deberán ser desarrollados por agentes hombres a menos que la persona trans indique lo contrario. En estos procedimientos debe prevalecer el consentimiento y la expresión de la persona trans”, dicta el artículo tercero del protocolo.
Además de esto, en el nuevo documento se establecen rutas para atender las discriminaciones. Antes no había una entidad responsable de recibir estas quejas, ahora el CNE debe hacerse cargo y dirigirlas a las autoridades competentes. Tanto el tribunal electoral como la Registraduría deben garantizar que los jurados electorales se formen en reconocer los derechos trans, previo a la votación, y hacer la publicidad y pedagogía necesaria que les oriente e invite a votar.
“Habrá planes de capacitación en el interior de la institución para inscripción de cédulas de las personas trans, para que no enfrenten ningún tipo de cuestionamiento sobre su identidad”, explicó Pabón sobre un paso esencial después de la creación del protocolo: hacer pedagogía al respecto. Algo que le genera expectativa a Nathalia Orozco y a cientos de trans que esperan que esto no se quede en letra muerta. “La pedagogía genera acercamiento entre la institucionalidad y las personas, evita que nos revictimicen. El Estado debe entender nuestras necesidades”, concluye animada con el nuevo protocolo y a la espera de cómo se estrenará en las próximas elecciones atípicas, y de cara a las reñidas elecciones de 2022.
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