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La sentencia de Justicia y Paz que condenó en 2019 a Hernán Giraldo, excomandante del Bloque paramilitar Resistencia Tayrona que violaba a niñas y mujeres como una forma de control social, tiene 9.166 páginas. De ellas, más de 7.000 están dedicadas a la identificación de las víctimas, el daño que sufrieron y la cuantía de la reparación que les corresponde. El promedio de la indemnización que les otorgó el Tribunal de Barranquilla a los miles de víctimas de Giraldo y sus hombres oscila entre $30 y $70 millones de pesos. Pero hay una realidad que la Unidad para la Reparación de las Víctimas recalca una y otra vez: los bienes que entregaron los exparas no alcanza. (El fantasma de Los Mellizos y Hernán Giraldo aterroriza a la Sierra Nevada)
El retorno del exjefe paramilitar Hernán Giraldo al país parece inminente. Según el Federal Bureau of Prisons, autoridad carcelaria de Estados Unidos, Giraldo quedará libre en marzo de 2021. Su eventual regreso a Colombia se suma al de los exjefes paramilitares Hébert Veloza (H.H.) en 2017; Carlos Mario Jiménez (Macaco) en 2019; y más recientemente, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40); extraditados todos a EE.UU. por delitos de narcotráfico. Desde su regreso, poco a poco han tenido que enfrentar sus pendientes con la justicia. Uno de los más grandes, desde luego, la reparación a las víctimas. Y es allí donde surgen interrogantes, porque las cuentas no dan, y las diferencias entre lo que entregó un alto mando a otro son abismales.
El proceso es así: cuando los exparas se someten a Justicia y Paz entregan una serie de bienes a la Fiscalía. La entidad, a su vez, se los pasa a la Unidad de Víctimas, que es la encargada de administrar el Fondo de Reparación a las Víctimas y los vuelve dinero para pagarles, por ejemplo, a los miles de víctimas que puede haber en una sentencia. A la fecha, según Ramón Rodríguez, director de la Unidad, manejan 1.895 entre muebles e inmuebles, de los cuales solo pueden disponer de una quinta parte (406) pues son los que ya culminaron los procesos de extinción de dominio. (Hijo de exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna continuará detenido)
Un ejemplo de la disparidad se ve en los bienes entregados por Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las Auc, y los de Giraldo, también conocido como el patrón de la Sierra, pues era en la Sierra Nevada de Santa Marta donde operaban sus hombres. La mayoría de los inmuebles que le dijeron a la justicia que entregarían para reparar a las víctimas están en la capital del Magdalena, que fue centro de operaciones para ambos. Sin embargo, el primero, Tovar Pupo, entregó apenas nueve bienes avaluados en $642 millones. Mientras que el segundo, Giraldo Serna, entregó 44 propiedades que alcanzan un valor de $6.178 millones, diez veces lo que su excompañero en armas.
En diálogo con este diario, el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, advierte de entrada: “No es suficiente. Las indemnizaciones son muy altas, los jueces se están yendo a veces al tope, a alrededor de $30 millones por víctima. Y, si uno divide esos $642 millones que entregó Jorge 40 de a 30, no alcanza para pagarles a todas las víctimas reconocidas en sentencias que lo condenan”. La Unidad, entonces, ha tenido que recurrir al Presupuesto General de la Nación para poder responder a las víctimas. El tema enfrenta más obstáculos, pues, a su vez, la mayoría de los procesos de extinción se demoran, o los bienes están en ruinas y, peor aún, en la mayoría de los casos están ocupados por terceros. (Los efectos que se temen con el regreso del exjefe paramilitar “Jorge 40”)
“Nos dicen que nos entregan determinada finca, pero cuando se va a hacer el recibo del inmueble, hay familias enteras allí. A veces el mismo postulado —el exparamilitar— conoce a esos ocupantes y les dice: ‘Quédense y digan que llevan viviendo ahí 20 años’”, explica el director de la Unidad. Situaciones de ese estilo les han ocurrido ya en 39 de los bienes que entregó Giraldo en Magdalena, que actualmente tienen lo que en la entidad llaman ocupación irregular. Y el proceso para sacar a estos ocupantes es tortuoso. Rodríguez asegura que, aunque siempre reportan a las autoridades los hechos, “las denuncias no se mueven con agilidad en la Fiscalía”.
El mismo tipo de ocupación persiste en ocho bienes que entregó Jorge 40, haciendo imposible que la Unidad pueda sacarles provecho. Y el último, que está totalmente saneado, no han podido rentarlo. El asunto es deprimente: desde 2008, cuando el excomandante del Bloque Norte entregó estos inmuebles, la entidad solo ha podido ganarles $1,5 millones, una fracción insignificante de lo que llegaría a costar la reparación de todas sus víctimas —cifra indeterminada todavía porque sigue siendo investigado—. En el caso de los bienes de Giraldo, la institución ha podido sacarles réditos por $53.720.000, una cifra mayor a la de Tovar, pero que apenas si alcanza para la indemnización de una persona.
“¡Nos volvimos una inmobiliaria!”, dice Rodríguez. Y no administran solo fincas y casas. Entre los bienes que dio Giraldo está, por ejemplo, una whiskería que ahora es cantina y billar en Santa Marta, local que administra la Unidad de Víctimas, pero que no se ve tan descabellada al lado de las seis plantaciones de palma africana, caucho o teca que han entregado otros exparas. “Si le entregara la cantina a un comerciante, pues le saca provecho; si le entregamos la plantación de palma a alguien que se dedique a eso, tienen más éxito comercial. Pero a nosotros, manejando todo desde Bogotá, los costos de administración se nos crecen por encima de las utilidades”, agrega el director. (Los coletazos de la guerra de “Jorge 40” en Magdalena: una restitución estancada)
Adicional a todo esto está la compleja situación de seguridad que se vive en donde quedan la mayoría de los predios. Cada vez que funcionarios de la Unidad visitan uno de los que entregó Giraldo, por ejemplo, tienen que montar todo un operativo acompañados de Policía y Ejército. “No hemos tenido amenazas a nuestros funcionarios en los últimos meses, pero cuando llegamos a las regiones sí nos dicen: ‘tenga cuidado’ o ‘por aquí estuvo la gente de nosequién’”, asegura Rodríguez. Según el director, les ha servido de fórmula que la mayoría de los conserjes que contratan para mantener los predios son de la región y se conocen los tejemanejes internos.
En todo caso, el principal problema sigue siendo que el dinero no va a alcanzar. A hoy, con decenas de procesos pendientes por fallo en Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz apenas iniciando labores, la Unidad de Víctimas adeuda en indemnizaciones judiciales $2 billones de pesos. Y, si hoy pudieran vender todo lo que tienen en inventario, se harían apenas a $434.000 millones. El director asegura que ya les ha dicho esto a los exparas, pero reitera el mensaje: “Los que están regresando al país deben venir a contarle a sus víctimas la verdad. Y, de la mano de eso, les debemos aclarar que los bienes que han entregado no son suficientes”.
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