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Yo sí creo que con Gustavo Petro hay una “democracia en marcha”, pero no porque el presidente esté demostrando unos rápidos avances en sus promesas de reivindicaciones populares necesarias y urgentes ni en la reducción de las ominosas brechas sociales y deudas históricas. Lo que veo distinto, a hoy, además de la vena poética en su discurso, aquí y afuera, es la convicción de que las marchas ciudadanas pueden reemplazar todo el andamiaje y la dinámica institucional.
No suena mal en el fondo que una manifestación tan genuina de la democracia como salir a protestar, a expresarse, a demandar, adquiera peso y se convierta en un actor determinante de la lógica política. El problema es que aquí está naciendo con ciertas malformaciones congénitas. La primera es que no se trata de manifestaciones espontáneas surgidas desde la ciudadanía y ni siquiera desde los sectores tradicionales de presión organizados. Son convocadas abiertamente por el Gobierno, financiadas, con comerciales de tv y todo, y con ministros y cientos de sus funcionarios en la calle. Claro que allí aterrizan también indígenas, sindicatos, maestros y correligionarios, aunque no es claro en qué buses arribaron. Hasta ahí no hay ninguna anormalidad ni contravención evidente, pero sí algo de farsa, y bastante de mala presentación. Adicional, se acerca mucho a la tesis uribista del “Estado de opinión”, esa retorcida idea de que al mismo nivel del Estado de derecho puede ubicarse que las decisiones de un gobernante sean validadas y legitimadas por un respaldo mayoritario y confiado de su pueblo.
El otro gran problema de esta democracia en marcha es que surge de un presupuesto equivocado y de un autoengaño y es que Petro tiene un respaldo de las inmensas mayorías del país. Y no lo digo ni siquiera por los índices de popularidad, que a mí también me generan suspicacias (no por desconfiar de los encuestadores, sino por la volatilidad de la opinión pública y por la relatividad de conceptos como favorable o desfavorable). Lo digo por la contundencia de la única encuesta real, que es la de las urnas, en la que Gustavo Petro apenas consiguió ganar la presidencia por 700 mil votos, y solo tres puntos porcentuales, sobre un personaje recién llegado a la política como Rodolfo Hernández, toda una aventura alucinante de malgenio e ignorancia. En otras palabras, Petro gobierna un país con un enorme antipetrismo, y es simplista pensar y pregonar que esos son exclusivamente los “blanquitos ricos”, con expresión del propio Petro, los que conforman esa población. Entonces a la estrategia de las marchas se le contrapone la de las contramarchas, que pueden incluso ser más grandes que las primeras, y significan una coerción igualmente válida y democrática ante los organismos y entidades a los que se busca presionar.
Hasta ahí, las marchas, a mi modo de ver, no constituyen una aberración para esta democracia tambaleante y sí más bien una torpeza, un error de percepción y de cálculo y un peligro de polarizar aun más, e inflamar resentimientos. La marcha del pasado 27 de septiembre, en cambio, sí me parece abiertamente un desafuero, una arbitrariedad y un gran descache de este gobierno por la descarada intención proselitista hacia el candidato oficial del Pacto Histórico en Bogotá, Gustavo Bolívar. Adicional, es una demostración del desespero de esa colectividad y del presidente por la inminencia de los malos resultados que se les vienen en las elecciones del 29 de octubre. Medellín y Barranquilla están irrevocablemente perdidas, y con paliza de antipetristas confirmados. En Cali, los dos punteros no guardan el menor vínculo con el Pacto Histórico, y lo mismo sucede en Bucaramanga y Pereira. Algo similar se replica en Cartagena, en Santa Marta, en Pasto y en Popayán, solo para hablar de las capitales de los dos litorales, donde hace un año el petrismo barrió en las elecciones, y ayudó a contrarrestar la contundencia del antipetrismo en Antioquia, eje cafetero, y en el oriente colombiano.
De todo eso que ya pinta inevitable, es evidente que la catástrofe sería no conseguir la Alcaldía de Bogotá, una ciudad muy petrista desde hace varios años pues aquí se lograron justamente los 700 mil votos de diferencia. Aquí Petro le sacó a Duque 400 mil en 2018. Esta fue la ciudad que le marchó, esa sí espontáneamente, cuando un procurador mañoso trató de destituirlo como alcalde. Ahora, el candidato del Pacto Histórico va de segundo a más de diez puntos del primero, que es Carlos Fernando Galán, un hombre de centro, y apenas aventaja por tres puntos a Juan Daniel Oviedo, de la centro derecha. De los que completan la lista de aspirantes, no hay uno solo que pueda dimitir y adherir a Bolívar, ni siquiera el otro hombre de la izquierda en la baraja, Jorge Robledo, por discrepancias conocidas. Que la ciudad más izquierdosa del país y con mayor madurez e independencia política no le vaya a refrendar su triunfo de hace un año debería ser el campanazo mayor para el presidente de que algo no anda bien con su gobierno.
El desespero entonces lo debe haber llevado a la “jugadita” del miércoles pasado cuando fue inevitable no pensar en que esa manifestación, sin la claridad temática ni la intención de respaldo a sus reformas de las anteriores, y que podría haberse hecho después de elecciones, se impuso, se financió y tuvo a Bolívar en la primera línea de la marcha. Causa sospecha también que el famoso proyecto de “Gobierno con el pueblo”, esa buena iniciativa de desplazarse a las regiones con parte de su equipo, que ya estrenó en La Guajira, y cuya siguiente parada iba a ser Arauca, tendrá otro destino en octubre: Suba, Kennedy y Engativá, tres localidades de Bogotá.
La preocupación de Petro, como estadista, como el primer mandatario que elegimos para liderar una transformación única e histórica, no debería ser si su partido pierde Bogotá, si no logra refrendar su éxito en las costas, sino cómo evitar una eventual “ecuatorización” del país, con atentados y asesinatos de candidatos (ojo con las amenazas a Federico Gutiérrez), y cómo frenar la evidente “mexicanización” que venimos padeciendo y que nos muestra la tragedia de porciones inmensas de territorio donde el Estado no tiene control real, como el Cauca, una valiente denuncia hecha por la JEP hace dos semanas.
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