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La última Rueda Internacional de Negocios Forestales por la Madera Legal, que se llevó a cabo en Medellín, dejo una cifra récord: US$3,7 millones en negociaciones, triplicando lo pactado entre productores y consumidores en las dos versiones anteriores.
Aunque es una buena señal para este mercado, que genera más de 90 mil empleos directos y otros 280 mil indirectos y aporta cerca del 0,20% al PIB del país, el sector aún no se muestra competitivo, principalmente por el tráfico de madera, la informalidad, la falta de inversión en tecnología, la transformación de productos y el galimatías normativo de la industria.
Si se tiene en cuenta que el 51,35% de la superficie continental de Colombia está cubierto por bosques naturales, unas 58’633.631 hectáreas, y para 2010 —según el Ministerio de Agricultura— había 354 mil hectáreas registradas como plantaciones forestales certificadas, el país tiene una gran oportunidad de crecimiento económico que algunos expertos consideran desaprovechada por el Gobierno.
El especialista forestal de la ONG internacional WWF, Miguel Pacheco, asegura que aunque “el Gobierno quiere promover las plantaciones forestales a través del CIF, que es el certificado de incentivos forestales, hasta ahora no hay iniciativas que promuevan cadenas productivas para promover el valor agregado a través de la innovación tecnológica”.
Esta es una de las debilidades del sector en Colombia, pues el exceso de oferta de madera serrada, a la que, como dice Pacheco, le hace falta “mayor grado de transformación”, pone en desventaja a los productores locales con respecto a los países como Brasil y Chile, donde los madereros aportan poco menos del 4% al PIB.
Octavio López, ingeniero de la dirección forestal de la Oficina Nacional de Bosques de Francia (ONF Andina), asegura que aunque el gremio carece de problemas tecnológicos, tiene los mismos inconvenientes que sectores como los del café, el ganado y el petróleo, que envían materias primas a EE.UU. o Europa, donde son transformadas en productos que finalmente regresan al país.
Esta situación es definida por López como “el círculo económico propio de las relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados”, dinámica que, en el caso de la madera, ha generado un resentimiento entre los empresarios pues, según la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), las importaciones provenientes de China y EE.UU. aumentaron de US$27 millones en 2007 a más de US$42 millones en 2012.
Sumado a esto —aunque no se tengan cifras precisas—, un informe del Banco Mundial de 2006 reveló que en Colombia la tala ilegal alcanza un 42% de la producción total de madera. Delito que no ha podido ser controlado, no sólo por falta de presencia institucional en las zonas donde hay comunidades indígenas y afrocolombianas —que según la directora de Fedemaderas, Alejandra Ospitia, son amenazadas por grupos ilegales, obligándolas a replegarse y buscar otra forma de subsistencia—, sino por la falta de políticas para el sector.
“Más allá de la formulación de las políticas puede ser aún más importante la estrategia, los instrumentos y quién la ejecuta. Ahí es donde estamos absolutamente desarticulados como país”, asegura Ospitia.
Entidades como ONF Andina y Fedemaderas coinciden en que las transacciones comerciales en las que comunidades afrodescendientes e indígenas han tenido contacto directo con el empresario o fueron hechas a través de la Bolsa Mercantil de Colombia son más exitosas y convenientes, sobre todo para las comunidades dueñas de los bosques. No sólo porque se pactan unos precios que convienen a ambas partes, sino que también se establecen alianzas que les ahorran gastos logísticos a los productores. Incluso, se implementan de manera conjunta estrategias de “regeneración asistida para los bosques cultivados”, asegura Ospitia.
De esta manera, en los últimos tres años la Bolsa Mercantil de Colombia —encargada de la negociación de commodities agropecuarios y agroindustriales— ha visto crecer las transacciones de este sector. Según cifras de la Bolsa, en 2011 se ejecutaron transacciones en este rubro por más de $60 mil millones, en 2012 $64 mil millones y en lo que va de 2013 se cerraron negocios por más de $34 mil millones.
Esta apenas es una buena nueva para los madereros que, en palabras de Octavio López, necesitan que el Gobierno indague “sobre sus necesidades, ver cómo se evita el trámite complicado para los aprovechamientos comerciales y acabar con esa mediación que encarece el producto para los comerciantes de madera”.
oguesguan@elespectador.com
@oscarguesguan
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