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El proceso judicial en el Consejo de Estado que definirá si en Colombia se puede hacer fracking se encuentra en este momento en un fuerte debate alrededor de una de las pruebas claves: un dictamen pericial que fue solicitado a la Universidad Nacional. La universidad respondió con dos informes que tienen conclusiones diferentes sobre si los riesgos asociados a la técnica se pueden mitigar o no y el Gobierno respondió a estos documentos con sus propios dictámenes técnicos, un recurso con el que pretenden que dicha prueba no sea tenida en cuenta y la petición de escuchar a nuevos peritos. Para los demandantes, lo que parece una estrategia de defensa ya es en realidad una intención de dilatar la decisión final.
Así lo dijo el abogado Juan Pablo Sarmiento, representante de Esteban Lagos González, director del Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte, quien demandó las resoluciones oficiales que permitían hacer fracking y que fueron suspendidas por el alto tribunal en noviembre de 2018. La razón de su queja es que tanto los dictámenes que entregó el Gobierno como la nueva petición de pruebas se hicieron ya agotada la fase procesal para ello. “Extender todavía más la etapa probatoria, como también lo pretende la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que los accionados aporten 16 testigos técnicos, así como una nueva audiencia de contradicción a los nuevos peritajes, resultaría dilatoria del proceso”.
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“El derecho que tienen los demandados a controvertir la prueba decretada de oficio no puede convertirse en un espacio para aplazar la decisión judicial y dilatar el proceso. Acaso, ¿los accionados pretenden dilatar el proceso? ¿No han sido suficientes los 8 meses de traslado y las más de 2.000 páginas que aportaron en sendos documentos, los mismos individuos que ahora pretenden llamar como testigos? Esta estrategia es claramente dilatoria, desconoce el deber de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia, constituyendo una solicitud manifiestamente encaminada a entorpecer o demorar el normal desarrollo del proceso”, agregó el abogado en documento enviado al Consejo de Estado en poder de El Espectador.
Las consideraciones fueron presentadas en un documento que también responde a la objeción por error grave que presentaron los representantes de Ecopetrol, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas al dictamen de la Universidad Nacional. Y es que, para Gobierno, ese informe pericial Nacional no puede ser tenido como prueba porque no se presentó un solo documento, sino dos con conclusiones diferentes. En pocas palabras, el mayoritario, presentado por seis expertos, dice que las normas demandadas no contemplan los riesgos asociados. Y el minoritario, elaborado por tres académicos, dice que las resoluciones sí buscan mitigarlos.
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El Gobierno objetó el primer documento, además, porque no se incluyó a un experto en ingeniería de petróleos; porque se habría confundido lo que realmente constituye fracking y alegaron que el informe lo debió presentar otra Universidad porque supuestamente la Nacional habría apoyado a sus demandantes. Pero más allá de estas consideraciones, el magistrado que lleva este caso, Ramiro Pazos, dijo desde el pasado 14 de agosto que la prueba era válida sin importar que se tratara de dos documentos diferentes. Para el abogado del demandante se debe tener en cuenta, además, que ya el despacho resaltó que ambas partes han traído a más de 12 testigos que dan cuenta de la ausencia de posiciones absolutas y unificadas sobre el fracking.
Además, cuestionó la rigurosidad, metodología y construcción de los documentos presentados por el Gobierno por citar, entre otros, “páginas web como Portal Petróleo, diccionario.raing.es, Wikipedia o fuentes e imágenes de Alaska Energía SAS. Igual suerte tienen los “contraperitajes” aportados por Ecopetrol, cuyas fuentes se condensan en documentos expedidos por la misma entidad, el Ministerio de Minas, Ministerio de Hacienda y algunos datos del Banco de la República y el DANE. Salta a la vista la falta de rigor científico en la elaboración de los documentos aportados, así como la ausencia de diversidad en las fuentes que pretenden evadir las evidencias aportadas por la Universidad Nacional”.
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Sarmiento Erazo resaltó que el informe de la Universidad Nacional cita más «de 510 fuentes, publicados por editoriales reconocidas por su rigurosidad científica, y artículos publicados en revistas indexadas sometidas a doble par ciego. Quizá por la pobreza de fuentes, los autores de dichos “contraperitajes” arriban a conclusiones abiertamente opuestas, no sólo al peritaje de la Universidad Nacional, sino a lo afirmado por testigos técnicos que han participado en este proceso, así como los documentos científicos y oficiales que se han aportado al expediente». En su criterio, el gobierno no trató de contradecir realmente el peritaje, sino que buscó “crear una verdad procesal alejada de lo ya demostrado en el asunto que ahora nos ocupa”.
El despacho del magistrado Ramiro Pazos deberá ahora definir varios asuntos. Primero, si acepta las objeciones que presentó el Gobierno por supuesto error grave al dictamen de la Universidad Nacional. Segundo, si admite como prueba los contra dictámenes que presentaron los representantes legales del Ministerio de Minas, de la ANH y Ecopetrol. Tercero, si acepta la petición de la Agencia Jurídica de que se escuchen a más peritos y de hacer otra audiencia. Depende de lo que resuelva el despacho, el caso puede pasar finalmente a alegatos de conclusión.
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