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Las denuncias sobre violaciones cometidas por miembros de la Fuerza Pública solo en 2020 han estremecido al país: siete soldados violaron a una niña embera en junio pasado, en zona rural de Pueblo Rico (Risaralda), luego de secuestrarla por varios días. Enseguida se conoció otro caso de una adolescente nukak makuk que en septiembre de 2019 denunció que fue abusada por dos militares en San José del Guaviare. Los hechos motivaron sendas investigaciones y la salida de varios uniformados, en medio de un reclamo social urgente: que estos hechos no podían seguir pasando ni siendo tolerados por la institución. Y es que la violencia sexual perpetrada por integrantes de las Fuerzas Armadas es un fenómeno recurrente, y uno que se perpetró en el marco del conflicto armado al menos en cinco escenarios.
Así lo indica el informe “Violencia basada en género cometida por miembros de la Fuerza Pública”, que la Fiscalía General entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz. El documento completo, en poder de El Espectador, describe hechos ocurridos entre 1993 y 2016 (antes de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc), que dejaron 281 víctimas en 29 de los 32 departamentos. La mayoría de ellos (40 %), en Antioquia, Arauca, Norte de Santander y Tolima. Las víctimas fueron principalmente mujeres (77 %), de las cuales el 42 % eran menores de edad, el 52 % tenían entre 18 y 30 años y el 10 % eran indígenas. Por estos casos había, al momento de la entrega del informe (agosto de 2018) 206 procesos abiertos con 234 integrantes de las Fuerzas Armadas involucrados, especialmente del Ejército.
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Las pesquisas evidenciaron cinco categorías en las que se pueden ajustar los crímenes. Una, que cobija 88 investigaciones, ocurrió cuando tropas hacían presencia continua en el territorio o cuando realizaban constantes movimientos. Otra, con 16 casos, en el marco de operaciones militares que terminaron con capturas y que también involucraron casos de tortura y lesiones a hombres. Una más con nueve casos, en donde la violencia sexual está ligada a acciones conjuntas con paramilitares y en las que hay desaparición forzada y torturas. La cuarta, con 43 casos, que habla de hechos individuales perpetrados por uniformados a mujeres haciendo uso de su investidura para ello. Y, finalmente, con 50 investigaciones de casos intrafilas de abusos de superiores a personas bajo su mando, en mayoría hombres.
Las cifras presentadas por la Fiscalía evidencian pocos resultados significativos. De las 206 investigaciones, solo 25 terminaron con condenas y siete con sentencias absolutorias, mientras que 19 estaban en juicio y 75 fueron archivadas. Entre los problemas identificados está la desestimación de los casos por supuesta falta de pruebas, por la inexistencia de examen médico que respaldara las denuncias y estigmatizaciones o señalamientos de los que hechos o fueron consentidos o fueron propiciados por las víctimas. Según el documento, en estos casos no hay una estrategia investigativa que permita a los fiscales identificar criterios y prácticas realizadas por las estructuras armadas.
En las decisiones de archivo, inhibitorios y preclusión, el informe da cuenta de tres obstáculos que impidieron la judicialización de los hechos. Por un lado, la imposibilidad de identificar al victimario por los constantes movimientos de tropas. Además, porque se presentaron deficiencias en la recolección de evidencias. En algunos casos, por ejemplo, se descartó el acceso carnal solo por el examen médico practicado, desconociendo otros medios de prueba. Y, tercero, por los prejuicios de funcionarios judiciales que estigmatizaron a comunidades enteras como integrantes de grupos armados y por eso desestimaron la denuncia o, peor aún, justificaron la violencia sexual ejercida en su contra. Y porque creían que la “satisfacción sexual” debía ser un elemento clave para que se configurara el delito.
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En el territorio
La presencia de militares en el territorio permitió que los uniformados tuvieran acceso a las víctimas o pudieran “seleccionarlas” de manera individual o colectiva, en zonas apartadas o en unidades militares. Las víctimas fueron en la mayoría menores de 18 años, incluyendo hombres. ¿Cómo se daban los casos? En marzo de 1996, por ejemplo, tropas de la Armada entraron a un resguardo indígena y violaron a varias mujeres; algunos iban encapuchados. En otro hecho, un menor de 16 años fue detenido por militares cuando salía del colegio. Lo requisaron, lo montaron a un camión y lo abusaron. De 108 víctimas en 88 casos, por lo menos 12 tuvieron que desplazarse. Hay 92 procesados y varias modalidades que se derivan en esta primera categoría.
Por un lado, cuando el militar se separa de su unidad para cometer el delito. El caso representativo acá es el del subteniente Raúl Muñoz Linares, quien el 2 de octubre de 2010 en Tame (Arauca) abordó vestido de militar a una menor de 13 años, la sacó de la casa a la fuerza y la violó. Luego, abusó de otra adolescente y la asesinó, junto a sus dos hermanitos de 9 y 6 años. Como este caso hay 36 similares. Y, por otro lado, hay 22 que ocurrieron mientras las tropas se desplazaban de un lugar a otro. Por ejemplo, el 22 de octubre de 2006, 15 militares estaban en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta). Llegaron a la casa de una mujer pidiendo agua y la violaron por “turnos”.
Se suman casos en sedes militares. En octubre de 2006, una joven de 17 años fue obligada por su novio, el soldado Yeison Velandia Lemus, a tener relaciones con un amigo de él dentro del Batallón de Infantería No.18 de Ibagué, en el que el fiscal del caso desestimó la investigación porque la víctima había tenido otras relaciones sentimentales con uniformados. Como este hay 13 casos más que dejaron 14 víctimas, una de ellas de apenas 9 años, que estaba acompañando a su mamá al dispensario médico de la Brigada 9, en Huila. La niña desapareció hora y media, y fue encontrada en un pastal con sangre en su ropa interior. “Los miembros de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército, han podido realizar actos de violencia sexual por la facilidad que les proporciona el cumplimiento de sus labores como mejor conocimiento de la zona, relación con la población civil y control social”, señala el documento.
Dos amigos que salieron en septiembre de 2001 a hacer deporte en Medellín fueron detenidos por soldados armados que los hicieron desnudar y sostener relaciones sexuales entre sí a la fuerza mientras los grababan. Luego un soldado abusó de la chica. Todo ocurrió cerca del Batallón de Infantería No. 32 Pedro Justo Berrío. El caso llegó a la Comisión Americana de Derechos Humanos. Otro hecho más envuelve presencia transitoria y permanente de tropas. El 10 de junio de 2009, una indígena nasa, pasó por un retén militar a averiguar dónde eran las pruebas del Icfes. El soldado de la guardia la violó y salió corriendo, y luego llegó otro más e hizo lo mismo. La víctima tuvo que desplazarse por amenazas.
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En operaciones militares
De 206 casos, 16 que van desde 1998 a 2009 tienen que ver con operaciones militares en curso y dejan 33 víctimas, mayores y menores de edad. En siete casos no hay victimarios identificados y en nueve expedientes hay ocho indiciados y 25 militares y policías procesados. El 25 % de los casos ocurrieron en operativos en que las personas eran señaladas de ser parte de la guerrilla. En esta categoría se evidencian dos características. La violencia sexual ocurrió en donde hubo algún tipo de operativo. Además estigmatización de las víctimas señalándolas como colaboradoras o integrantes de un grupo armado. Los procesos judiciales se centraron en definir esa participación, mientras que la violencia sexual fue dejada de lado.
Por ejemplo, el 25 de septiembre de 2005, la compañía C del Batallón de Contraguerrillas No. 92 estaba en la vereda Buena Vista, en Samaniego (Nariño), haciendo operaciones de “registro y control”. Abusaron de tres mujeres y detuvieron a cinco hombres de manera arbitraria por supuesta rebelión. El 16 de agosto de 2004, una mujer fue interceptada mientras iba por la vereda Las Palmas, en Saravena, por soldados adscritos a la Brigada No. 18. Se la llevaron a una casa. Le hicieron preguntas, la acusaron de guerrillera y le hicieron firmar un acta de buen trato para dejarla ir, lo cual no ocurrió: estuvo detenida dos días más. Se la llevaron al batallón y luego la dejaron libre. Hay cinco casos más similares.
Otros tienen que ver con violencia sexual en el marco de operativos en los que se presentan víctimas de manera ilegítima, como bajas en combate o falsos positivos. El 5 de agosto de 2006, en una gallera llamada Las Heliconias, en el corregimiento La Libertad de Puerto Asís (Putumayo), tropas contraguerrilla de la Brigada de Selva No. 26 entraron a la fuerza al lugar donde se hacía una fiesta. Se tildaron a las personas de guerrilleras, a algunas mujeres les manosearon sus partes íntimas mientras les decían que les iban a “pegar una buena violada” y otras las hicieron desnudar. Ahí fue capturado Douglas Pérez, quien fue presentado falsamente como guerrillero muerto en combate.
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“El 21 de diciembre de 1998, una niña de 13 años, hija de una dirigente sindical e integrante de la organización de mujeres de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic), en Tuluá (Valle del Cauca), fue violada y muerta [sic] en el corregimiento de Monte Loro, al parecer por miembros del Ejército. Las fuerzas de seguridad mostraron el cadáver vestido con ropas de uso militar, para dar la impresión de que era una guerrillera muerta en combate. Al funcionario de Medicina Legal que le practicó la autopsia lo mataron una semana más tarde”. El caso por delitos sexuales fue archivado.
Este caso es parte del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional sobre violencia sexual en el marco del conflicto, que forma parte del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en donde se declaró el estado de cosas inconstitucional respecto del desplazamiento forzado. En esta categoría también se incluyen tres agresiones a menores indígenas, dos en Albania (La Guajira) el 21 de enero de 2006 por tropas del Ejército, que tuvieron un choque armado con desconocidos que estaban en una ranchería. Detuvieron a tres y otros huyeron. Las tropas entraron a una ranchería en la que se estaba haciendo un matrimonio y por supuestamente no decir a dónde habían ido las personas que estaban huyendo, zarandearon a las mujeres, les pegaron y perpetraron actos sexuales abusivos con dos de ellas.
En conjunto con paramilitares
El informe entregado a la JEP relata nueve casos de violencia sexual ocurridos en el marco de la connivencia entre la Fuerza Pública y las autodefensas en Antioquia, Arauca, Bolívar, Sucre y Valle, especialmente masacres, en las cuales las investigaciones iniciaron por otros delitos, como desaparición forzada y tortura, y solo se dieron por violencia sexual por gestiones de organizaciones sociales. Como casos representativos está la masacre de El Salado en febrero de 2000, en donde hubo todo tipo de humillaciones como desnudos forzados, violación individual y colectiva, mutilación de órgano sexuales, el empalamiento de una mujer, entre otros.
También la masacre de Cabuya, el 19 de noviembre de 1998 en Tame (Arauca), en la que militares de la Brigada No. 18 actuaron de la mano con las Auc, dejando como resultado cinco muertos, entre quienes estaba una mujer embarazada que fue violada y decapitada. Otro hecho en el que se materializó dicha alianza tiene que ver con la desaparición de dos jóvenes, de 19 y 17 años, en febrero de 2003 en Granada (Antioquia). Las mujeres fueron raptadas en el pueblo por paramilitares, que las violaron con objetos y luego mataron, descuartizaron y enterraron, según declaración del paramilitar Willam Giraldo, quien dijo que en estos sucesos participó un teniente del Ejército.
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“Para los hechos ocurridos en connivencia con miembros de las Auc, las investigaciones contra los miembros de la Fuerza Pública son limitadas. En ocasiones se debe a que en las compulsas de copias que se desprenden de los procesos adelantados en contra de postulados al régimen de la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz), cuando las investigaciones avanzan se tratan los delitos como los homicidios en el marco de masacres(como lo ocurrido en la masacre de El Salado o en el de las hermanas relatado anteriormente), pero no los relacionados con la violencia sexual”, dice el documento.
Hechos individuales
En estos 43 casos, los militares hicieron uso de su rol o de su investidura para intimidar y agredir a mujeres en estado de vulnerabilidad, especialmente menores, mujeres y niñas desplazadas e indígenas, dejando 49 víctimas. Unos 12 casos forman parte del anexo reservado del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional. En 31 hechos están involucrados militares, en nueve policías y dos miembros de la Armada, mientras que en uno no hay identificación. Se trata de hechos que ocurrieron desde 1995 hasta noviembre de 2014, en los cuales los militares actúan solos. En octubre de 2002, en Arauquita, un soldado llegó a una casa, le disparó al hombre y violó a la mujer. En esta categoría los victimarios eliminaron cualquier tipo de resistencia para agredir a las mujeres.
De 43 casos, 23 tuvieron como víctimas a menores de 18 años y fueron accedidas cuando estaban solas en sus casas o en compañía de hermanos menores. También hay algunos de mujeres violadas luego de rechazar pretensiones de uniformados. Le pasó a una que vivía cerca de la estación de Policía de Rionegro, que era pretendida por un agente de Policía con quien ella no quiso nada. Ella, después de ser violada, se fue para la guerrilla con “el sueño de cobrar venganza” y allá fue abusada por su comandante. En esta categoría hay cinco víctimas indígenas wayuus y embera-katías. Dos menores de esta última etnia fueron violadas el 13 de septiembre de 1998 en Mutatá (Antioquia) por militares que llegaron borrachos y armados a la casa donde vivían.
También se incluyen niñas y mujeres desplazadas. Por ejemplo, el 4 de agosto de 2002 una menor fue violada por militares en un barrio donde habitan desplazados de Bucaramanga, cuando estaba sola en su casa, porque la mamá había ido a lavar ropa. El 18 de febrero de 2011, en Soledad (Atlántico), una desplazada del Carmen de Bolívar que tenía protección por amenazas de las autodefensas, fue agredida por el patrullero Esteban Díaz en su casa. La cortó y violó en presencia de su hijo de 8 años. Luego sufrió un atentado. “Estos hechos muestran que la posible cercanía entre victimarios y víctimas les permite a los primeros llegar de manera directa al lugar de las segundas y tener conocimiento de su condición de vulnerabilidad por el desplazamiento”, dijo la Fiscalía.
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Casos intrafilas
De los 206 casos analizados, 50 tienen que ver con actos de violencia sexual cometidos por miembros de la Fuerza Pública a compañeros. Hay 56 víctimas, de las cuales 49 son hombres, la mayoría entre los 18 y 30 años, que estaban prestando el servicio militar cuando ocurrieron los hechos. Unos 32 casos ocurrieron en el Ejército, 15 en la Policía, dos en la Armada y uno en la Fuerza Aérea. Hay 72 personas vinculadas a los procesos penales, especialmente soldados y suboficiales. Según el reporte, en los casos contra hombres, los victimarios se aprovechaban de su rango superior para obligar a sostener encuentros sexuales. Un auxiliar de Policía que prestó su servicio en Puerto Boyacá narró cómo un mayor le hizo señas de entrar al estudio del Comando. Para su sorpresa, este hombre tenía puesta pornografía masculina y lo obligó a masturbarlo para garantizarle “una excelente libreta militar”.
La violencia sexual, señala el informe, también se presentaba como acto de persecución. “Llegaron y me taparon la cara con sábanas. Me amarraron las manos y los pies. Me quitaron la ropa. Quedé desnudo, me dieron tablas”. A este uniformado lo violaron con un objeto y luego lo molieron a golpes. Después de eso le tiraron basura a su catre. Sus compañeros le ponían sus genitales en la cara y boca, y le apagaban cigarrillos en las manos. Lo cogieron de saco de boxeo. El caso fue archivado en 2006 por un fiscal que argumentó que los actos que sufrió este militar eran para darle una “lección de hombría”, ya que supuestamente presentaba “manifestaciones homosexuales”. En nueve de los casos los victimarios estaban bajo efectos del alcohol o drogas. De los 50 procesos, 21 fueron archivados.
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