Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
En días pasados el ministro de Justicia dedicó una página completa de El Tiempo a mostrar la necesidad y las bondades de la aspersión aérea con glifosato. Dijo, entre otras cosas, que la Corte Constitucional no prohibió de manera absoluta su uso, sino que lo condicionó al cumplimiento de varias condiciones. Una de ellas, sobre la que no profundizó mucho, es que se disponga de evidencia que acredite que los riesgos de esa sustancia son mínimos en relación con los beneficios que se derivarían de su empleo.
Incluso antes de acudir a informes científicos, en los medios de comunicación abundan los datos sobre los peligros de ese químico. Una revisión a la prensa de 2019 muestra que, como lo informó El Espectador, en ese año se produjo una condena en Estados Unidos contra la empresa productora del glifosato, al haberse demostrado que su utilización en labores agrícolas le produjo cáncer al demandante. La Deutsche Welle señaló que ante la justicia norteamericana cursaban entonces 184.000 demandas por hechos similares. En ese mismo año se anunció que mientras Austria prohibió el uso del glifosato y Francia retiró los permisos a 36 herbicidas a base de este químico, Alemania anunció que lo sacaría del mercado a partir del 2023. Aunque en esa época el fabricante había solicitado a la Unión Europea que le prorrogaran por 10 años más la licencia, solo se le concedió hasta diciembre del 2022. Quizás la prisa del Gobierno colombiano por retomar las fumigaciones con ese herbicida lo más pronto posible obedezca a que dentro de 20 meses ya no será lícita su comercialización en Europa.
Conviene aclarar que todas esas medidas restrictivas se refieren al glifosato como herbicida comercial para el control de la maleza en muchos campos de la agricultura, cuyo manejo es permitido a condición de que se use de manera correcta, lo que entre otras cosas implica aplicarlo a una altura no superior a los 70 centímetros, en las bajas concentraciones que se recomiendan y sin mezclarlo con otros químicos que aumenten su nivel de toxicidad. Estas precisiones son importantes porque el glifosato con el que se ha asperjado en Colombia para intentar acabar con los cultivos de coca tiene un nivel de concentración más alto, se mezcla con otros productos cuya toxicidad es tan elevada que la propia Agencia Nacional de Licencias Ambientales ha terminado por prohibirlos, y se aplica a varios metros sobre el terreno.
Por eso tampoco es válido defender la aspersión aérea con glifosato con el argumento de que se trata de una sustancia ampliamente utilizada en la agricultura comercial, puesto que se usa en diversas concentraciones, con distintos componentes químicos y a alturas dispares. Consciente de esas diferencias, antes de proferir su Sentencia T-136 de 2017, la Corte Constitucional solicitó varios informes sobre los posibles efectos negativos del glifosato en cuanto al medio ambiente y la salud, pidiendo que se indicaran de manera puntual los que se derivan de su uso mediante aspersión aérea. Frente a este último punto la respuesta de la autoridad europea fue tan escueta como contundente: “Las aplicaciones de ese tipo están por principio prohibidas”.
Conoce más