Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Este año fue uno clave para la Jurisdicción Especial para la Paz, tanto por la emisión de las primeras sentencias como por los retos que vienen. ¿En qué punto está hoy el cumplimiento de esas decisiones?
Lo primero que hay que aclarar es que las personas que recurrieron las sentencias todavía están dentro del plazo legal para argumentar las apelaciones. Una vez se surta ese trámite y el traslado correspondiente, el expediente subirá a la Sección de Apelación, que será la encargada de resolver los recursos. Esperamos que a comienzos del próximo año ya esté en estudio de esa instancia. Mientras tanto, el efecto suspensivo implica que no se pueden obligar a los comparecientes a cumplir determinadas acciones.
Sin embargo, eso no significa que estemos quietos. Estamos adelantando múltiples actividades de alistamiento institucional para que, una vez se adopten las decisiones de segunda instancia, las sentencias puedan ejecutarse en el menor tiempo posible. Hemos venido trabajando con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para cruzar información y articular los planes regionales. También tenemos mesas con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de las Culturas, el SENA y agencias de cooperación internacional para estructurar proyectos y gestionar recursos.
La JEP ha sido cuestionada por si la justicia transicional sacrifica verdad en nombre de lo pactado en el Acuerdo de La Habana. ¿Cómo responde a eso?
Yo creo que ha ocurrido todo lo contrario. La JEP ha permitido revelar verdades que nunca salieron a la luz en la justicia ordinaria. No solo verdades individuales, sino patrones de criminalidad de todos los actores del conflicto, incluidos terceros civiles. Se han investigado fenómenos como el reclutamiento de menores, la violencia sexual, los delitos ambientales, los ataques contra pueblos étnicos, la sistematicidad del secuestro, de las ejecuciones extrajudiciales y de las desapariciones forzadas. Es un modelo distinto al de la justicia tradicional. Aquí no se trata únicamente de establecer responsabilidades individuales, sino de entender cómo operaron estructuras completas durante el conflicto armado. Eso ha permitido esclarecer hechos que llevaban décadas en la impunidad y ofrecer a las víctimas una explicación más amplia de lo ocurrido.
Usted ha dicho que la principal expectativa de las víctimas es la verdad. Sin embargo, muchas madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, sienten que esa verdad sigue siendo incompleta. ¿Cómo explicarles eso?
Hay que hacer mucha pedagogía. El sistema distingue entre máximos responsables y no máximos responsables. Las verdades que pueden aportar unos y otros son distintas. Los máximos responsables pueden dar cuenta de la planeación, de las órdenes, del funcionamiento de la organización. Pero la verdad sobre hechos puntuales muchas veces la tienen los autores materiales.
Por eso la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas cumple un papel complementario al de la Sala de Reconocimiento. Esa sala sigue llamando a versiones a quienes estuvieron en niveles operativos y es ahí donde se obtienen detalles concretos que permiten incluso encontrar personas desaparecidas. La insatisfacción de algunas víctimas no necesariamente responde a una voluntad de ocultar información, sino a que quien comparece no siempre tiene ese conocimiento específico. Es un sistema que funciona de manera integral y que sigue produciendo verdad.
Las sanciones restaurativas han generado debate. ¿Qué responde a quienes creen que no son suficientes para cerrar las heridas del conflicto?
Hay que partir del respeto absoluto por la posición de las víctimas. Entendemos su dolor y sabemos que ninguna sentencia puede reparar completamente heridas tan profundas. Una persona que estuvo secuestrada diez años puede no sentirse satisfecha ni siquiera con una condena privativa de la libertad. Pero también hay que mirar los datos. En la sentencia sobre secuestro, solo ocho víctimas apelaron de más de cuatro mil acreditadas. En el otro fallo, el de falsos positivos, no apeló ninguna víctima. Muchas personas lo que querían era verdad, participación y ser escuchadas. Además, hay que recordar cómo terminaban estos procesos antes: con amnistías, sin participación de víctimas y sin escenarios para expresar inconformidades. Hoy existen esos espacios y, como son democráticos, se escuchan todas las voces.
Uno de los mayores desafíos este año ha sido la financiación de las sentencias. ¿Está garantizada?
El punto de partida es claro: el artículo 204 del Plan Nacional de Desarrollo establece que es el Gobierno Nacional el que debe financiar las sentencias. La JEP es un órgano judicial, no un ejecutor presupuestal. Actualmente hay veinte mil millones de pesos en el Fondo Colombia en Paz, administrados por la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), que están a la espera de que se resuelvan las apelaciones. Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda nos informó sobre la posibilidad de otros treinta mil millones de pesos. Eso cubriría parcialmente los costos, que ascienden a cerca de ciento veinte mil millones de pesos. La ley es clara en que las sentencias deben financiarse en su totalidad. Por eso seguimos insistiendo en que el Gobierno haga los esfuerzos necesarios, pese a las dificultades fiscales.
En medio de ese debate, este año también le llovieron críticas a la JEP por viajes, no solo a nivel nacional, sino también al exterior. ¿Cómo responde a esos cuestionamientos?
En el caso de Palomino, el viaje no fue financiado por la JEP sino por cooperación internacional, que además definió el lugar. No fue un viaje recreativo, sino de trabajo intenso, encerrados durante dos días afinando aspectos clave para las sentencias y respondiendo solicitudes complejas de la defensa de exintegrantes de las Farc. No se interrumpieron términos ni se afectó ningún proceso. En cuanto a Nueva York, fue una invitación oficial de la Cancillería para exponer los avances ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Fue un trabajo preparado durante meses y completamente documentado. Lejos de perder apoyo internacional, la JEP recibió un respaldo explícito por haber cumplido con la emisión de las sentencias.
¿La JEP tiene capacidad para verificar el cumplimiento de las sanciones sin la Misión de Verificación de la ONU?
Desde antes de las sentencias ya estábamos preparados. La Secretaría Ejecutiva venía probando mecanismos tecnológicos, como dispositivos electrónicos con georreferenciación. El Consejo de Seguridad decidió que la Misión no hiciera ese seguimiento, pero abrió la puerta para que otras instancias de la ONU lo asumieran. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos manifestó su disposición. Lo que falta es una decisión de la instancia correspondiente entre el Gobierno y el partido Comunes. En todo caso, la responsabilidad es nuestra y tenemos los instrumentos para cumplirla.
Pasando a otro tema, el viernes pasado, luego de dos años desde su acusación, la JEP condenó al coronel (r) Publio Hernán Mejía por ejecuciones extrajudiciales. Lo hizo, luego de que no aceptara cargos y fuera derrotado en juicio. Aunque histórica, el fallo tardó años en resolverse y ese ha sido un reproche de las víctimas. También está el caso del general (r) Mario Montoya, cuyo caso lleva un año sin mayo avance. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tardan tanto?
El caso de Publio Mejía es un ejemplo de celeridad. El juicio duró poco más de un año. Dígame qué juicio en Colombia dura eso. En cuanto al general Montoya, se trata de macroprocesos que investigan patrones criminales con cientos de hechos y miles de víctimas. Los expedientes son enormes y el estándar probatorio para una acusación es mucho más alto que para una imputación. Eso exige tiempo y rigor.
En territorios donde persiste la violencia, ¿la justicia es más débil que los actores armados?
Yo creo lo contrario. La justicia llega a pesar de los actores armados. Hemos hecho audiencias en Ocaña, Dabeiba, el Catatumbo, el norte del Cauca. El mensaje es claro: la justicia no se va a arrodillar frente a la delincuencia. Pero también es fundamental que el Estado llegue de manera integral, con servicios, oportunidades y presencia institucional.
¿Cuáles son los principales retos de la JEP para 2026, también teniendo en cuenta que es un año electoral?
Nosotros tenemos que seguir sacando sentencias y debemos trabajar para que todas las decisiones del Tribunal para la Paz se emitan, para avanzar en la resolución de la situación jurídica de no máximos responsables, cerrar macrocasos dentro de los tiempos previstos y cumplir nuestra misión, independientemente del panorama electoral. Nosotros no nos dejamos influenciar por el calendario electoral ni por las coyunturas políticas. Pueden venir elecciones, pueden existir todo tipo de propuestas de los candidatos o debates públicos, pero la Jurisdicción Especial para la Paz tiene una misión clara y la cumple independientemente de quién gobierne o de cuál sea el ambiente político del momento.
Para cerrar, ¿qué mensaje le da a las víctimas?
Que hagan un balance de este año. Fue un año clave para la verdad, la reparación y la reconciliación. Todos los días trabajamos para cumplir el Acuerdo de Paz, poniéndonos en el lugar de las víctimas, entendiendo su dolor y respondiendo, con hechos, a sus preguntas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
Conoce más