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En medio de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus se ha desatado un conflicto diplomático poco saludable y que puede dejar en cuidados intensivos o incluso llevar a la muerte a instituciones claves en el orden internacional. Países como Estados Unidos, Brasil e Israel, todos con gobiernos de derecha, les han declarado la guerra a organismos que en otros tiempos parecían intocables, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Corte Penal Internacional (CPI). Sus presidentes no solo las han criticado, señalando una presunta falta de transparencia e independencia, sino que han amenazado e incluso han roto su relación con ellas y, de paso, les han cortado la financiación.
El motivo de fondo de estas posturas por ahora no es claro, pero el testimonio de Anjali Manivannan, directora de programas de la organización World Federalist Movement – Institute for Global Policy (WFM-IGP), podría ofrecer luces de lo que ocurre: “Las instituciones internacionales, incluso la propia ONU, se ven cada vez más afectadas por una inquietante y creciente oposición al multilateralismo que se manifiestan en políticas y prácticas nacionalistas”.
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La OMS, por ejemplo, era una organización que hasta el momento recibía la mayoría de sus fondos de Estados Unidos. Entre 2018 y 2019, el país norteamericano contribuyó con US$893 millones, equivalentes al 15 % del total. Luego se juntaron Donald Trump y la pandemia, para cancelar cualquier entrega futura de dinero y señalarla como un presunto títere de China. Con esta posición se alineó Jair Bolsonaro, quien, como Trump no solo subestima al virus, sino que tiene ante sí un país con las cifras más altas de muertes a causa del virus -ya superó las 40 mil personas–. La semana pasada, de hecho, el mandatario amenazó con retirar a Brasil de la OMS y días después su canciller, Ernesto Araújo, acusó a la Organización de obrar en su contra y de no ser clara en cuanto a las pautas para actuar contra el nuevo coronavirus: “Tenemos que examinar si es una cuestión de influencia política, una cuestión de influencia de actores no gubernamentales en la OMS o una cuestión de método de transparencia. Estamos coordinando con Australia, con la Unión Europea, con otros países, para ese examen imprescindible de lo que está ocurriendo en la organización”.
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El último argumento de Bolsonaro para apoyar su desconfianza con la institución son las últimas declaraciones de Maria Van Kerkhove, una alta responsable de la OMS, quien dijo que la transmisión del nuevo coronavirus por personas asintomáticas parecía “muy inhabitual”. Luego la funcionaria aclaró que había utilizado mal la expresión y que se refería a un pequeño grupo de estudios”. Por su parte, la organización criticó el nuevo sistema de conteo de casos implementado por el gobierno brasileño, que presentó fallas y tuvo incoherencias en las cifras entregadas.
Esta semana cayó el segundo balde de agua fría, cuando Trump autorizó sancionar económicamente a funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) que estuvieran investigando a tropas estadounidenses en el marco de la guerra de Afganistán (2001-2014). La olla estaba a punto de reventar desde el año pasado, cuando la administración estadounidense le canceló la visa a la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, para presionar por el fin de esa pesquisa. En ese momento los jueces dijeron que la investigación podría continuar, revirtiendo un rechazo inicial de la solicitud de Bensouda.
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En este punto entra en la ecuación el mandatario israelí, Benjamin Netanyahu, quien celebró la decisión y apoyó a su homólogo norteamericano. “Esta Corte está politizada. Su obsesión es llevar a cabo una caza de brujas contra Israel y Estados Unidos, así como contra otras democracias que respetan los derechos humanos, pero cierra los ojos ante los peores violadores de derechos humanos en el mundo, entre ellos el régimen terrorista de Irán”, declaró en una rueda de prensa el pasado jueves.
El lío de Israel contra la CPI tampoco es nuevo. A principios de este año, poco después de que se anunciara la intención de investigar crímenes de guerra israelíes en la guerra contra Hamás en la franja de Gaza, el mandatario pidió a la comunidad internacional impartirle sanciones económicas. Para rematar, al no considerar a Palestina como un estado, Israel rechazó que en 2012 la CPI aceptara su entrada a la institución.
Las reacciones a la decisión de Trump en contra de la Corte Penal Internacional fueron inmediatas y calificadas por muchos como un intento de obstruir las investigaciones más sensibles que se llevan dentro del organismo. David Bosco, profesor asociado de la Universidad de Indiana, afirmó al portal Político: “Los funcionarios que estén investigando casos de la guerra de Afganistán tendrán que decidir si vale la pena correr el riesgo de ser vetados por Estados Unidos. Será más difícil encontrar personal para asignar a estos temas y los procesos seguramente serán mucho más lentos a partir de ahora”.
La CPI, por su parte, afirmó que “estos ataques constituyen una escalada y un intento inaceptable de socavar el Estado de derecho y los procedimientos judiciales de la Corte. Buscan influir en las acciones de los funcionarios de la CPI en el contexto de investigaciones independientes y objetivas, y los procedimientos judiciales imparciales”. Y la Unión Americana de Libertades Civiles condenó la decisión, argumentando que Trump estaba “jugando directamente en manos de regímenes autoritarios al intimidar a jueces y fiscales comprometidos a responsabilizar a los países por crímenes de guerra”.
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Al igual que Bosco, Anjali Manivannan, directora de programas de la organización World Federalist Movement – Institute for Global Policy, afirma que los resultados de las medidas contra la CPI no traerán nada positivo, teniendo en cuenta la fuerte influencia que tiene Estados Unidos sobre otros países: “Las acciones de Estados Unidos, un actor político clave, pueden hacer que otros países, como Afganistán e Israel, no cooperen en las situaciones relevantes ante la Corte. Si las amenazas y sanciones contra la CPI se convierten en una práctica habitual, será prácticamente imposible para ese organismo realizar investigaciones justas, independientes y efectivas”.
Las consecuencias de que la derecha esté encarnizada con estas organizaciones son inciertas, como casi todo en épocas de pandemia. Al menos así lo cree Manivannan: “Penalizar o detener el financiamiento de las instituciones multilaterales debilita los marcos globales que dependen en gran medida del financiamiento y la cooperación del Estado. Es difícil ver cómo la creciente impunidad podría fortalecer cualquier democracia moderna y respetable. Desafortunadamente, no se ha hecho lo suficiente para disuadir futuras amenazas y ataques. Se necesita una acción fuerte e inmediata para detener este curso de acción y evitar que la impunidad reine a escala mundial”.
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