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En materia legislativa, el 2020 puede catalogarse como un año extraño y atípico en la historia política colombiana, dado que el presidente Iván Duque asumió una protagónica producción normativa y el Congreso de la República, al contrario, se centró en temas menores. Así, se presentó un periodo colmado de excepciones normativas que cambió el panorama jurídico nacional, contando con la interacción de la revisión constitucional y careciendo de significativas proyecciones estructurales que se requieren a mediano y largo plazo en el país.
Todo empieza con una pandemia que inicialmente pareció ajena al contexto colombiano, pues los casos de contagio de otros países tuvieron poca relevancia en la cotidianidad nacional. Pero cuando se reportó el primer caso, a mediados de marzo del presente año, el imaginario colectivo configuró una imagen nefasta que legitimó la excepción a varios de los postulados del Estado Social de Derecho y, por el miedo al COVID-19, el rigor en la creación de normas pasó a un segundo plano.
De esta manera, y sin entrar en el debate de si el Estado de Emergencia se declaró demasiado pronto o no, gran parte de los colombianos aceptaron refugiarse en sus casas, independientemente de las consecuencias previsibles de tal acción. El temor fue el denominador común que al comienzo llevaba a revisar diariamente los reportes de nuevos contagios por el nuevo coronavirus, sin considerar la avalancha de decretos legislativos que no se presentaba desde muchos años atrás.
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Así, gran cantidad de los ciudadanos veían con preocupación la escasez de elementos de protección, como los tapabocas y los guantes, sin detenerse a considerar que la excepción constitucional para que el Ejecutivo legisle pasó a ser la nueva normalidad. Fue así como el Congreso de la República cesó sus actividades, entrando en debates no estructurales, como determinar si se podía o no sesionar por medios no presenciales; de hecho, la discusión explotó con tanta fuerza como el número de nuevas normas que expidió el presidente.
Si bien es claro que el Legislativo no es el único que puede crear normas en Colombia, pues sería una concepción formalista propia de sistemas jurídicos que ya han sido derogados, el asunto radica en que el país sólo contó durante varios meses con dos de las tres ramas del poder público, lo cual desdibuja en gran medida el sistema de frenos y contrapesos esperable para la efectiva garantía de los derechos constitucionales en una democracia.
En este sentido, y a medida que se desdibujaba la visión fatalista en torno a la pandemia, diferentes sujetos comenzaron a denunciar lo que en su opinión correspondía al desconocimiento de sus derechos. Desde la llamada “revolución de las canas”, hasta las manifestaciones de campesinos y comerciantes, evidenciaron que la exhortación del Ejecutivo para permanecer en casa no era tan buena como inicialmente parecía. Parte de la realidad del país exigía trascender el discurso en torno a lavarse las manos y guardar la distancia social.
Se trató de concepciones encontradas sobre las cuales es difícil tomar partido porque cada una responde a objetivos distintos, pero que en última instancia sí exigían límites al ejercicio del poder del presidente. Fue en ese momento en el cual el Poder Judicial adquirió especial relevancia, haciendo uso de las acciones de tutela y la revisión de constitucionalidad tendiente a interpretar el derecho más allá de la formalidad de lo que escribía el mandatario.
Así, los poderes Ejecutivo y Judicial aparecieron con fuerza en las dinámicas de producción normativa. Sin embargo, estas no trascendían más allá de los escándalos, cuando a uno que otro congresista se le activaba la cámara o el micrófono en medio de la sesión. Los debates del Congreso de la República no fueron parte fundamental del imaginario colectivo colombiano, dejando un margen de duda sobre el impacto frente a las exigencias de la realidad venidera.
Por lo tanto, se cierra un 2020 con un alto número de normas creadas por el presidente, con debates en torno al poder judicial, pero con una preocupación en torno a cuáles fueron los logros alcanzados por el Legislativo. Quizás no se trata de algo absolutamente novedoso, pero sí muy cuestionable en un momento en el cual el país tiene tantas exigencias que trascienden los debates menores que se han presentado.
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En conclusión, Colombia requiere volver a ver un Congreso de la República empoderado que, más allá de ser la única fuente del derecho, sí cumpla su rol de ser un freno y contrapeso a las otras ramas del poder público. Así mismo, es fundamental contar con normas legislativas con iniciativas estructurales a mediano y largo plazo, que aseguren que el miedo por la pandemia no vuelva a poner en riesgo el diseño de equilibrios propio del Estado Social de Derecho y que justifique el por qué los congresistas están llamados a ocupar sus curules.
* Profesor de Derecho y Ciencia Política, Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá
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