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Siguen los cambios en el gabinete del Gobierno de Gustavo Petro. A los nombramientos en las carteras de Defensa, Interior y Deporte, se sumó la salida de Andrés Camacho del Ministerio de Minas y Energía.
Camacho, quien se desempeñó como ministro desde el 4 de agosto de 2023, confirmó este martes que Petro aceptó su renuncia protocolaria, que había presentado el pasado 9 de febrero. Por medio de X (antes Twitter), el ahora exministro destacó que con su equipo de trabajo, las comunidades y el sector fue posible superar desafíos como el fenómeno de El Niño y avanzar en retos como transformar la matriz energética con el plan 6 GW. “Mi compromiso a partir de ahora es seguir trabajando por el cambio, la transición energética justa y la reelección del progresismo”, dijo.
Fuentes de Gobierno dijeron a este diario que el nuevo jefe de la cartera sería Edwin Palma, quien hasta ahora se desempañaba como miembro de la junta directiva de Ecopetrol y como agente interventor de Air-e. El nombramiento, que todavía no es oficial, abre una serie de dudas respecto a los cambios que vendrían en la empresa más grande del país y también en la administración de la comercializadora de energía para La Guajira, Atlántico, Magdalena.
La salida de Camacho no es una sorpresa, por el contrario, en el pasado ya se han puesto sobre la mesa varios nombres de posibles reemplazos.
Palma sería el tercer titular del Minminas, después de Camacho, que duró un año y medio, y de Irene Vélez, que estuvo un año.
Los retos del Ministerio de Minas
Los ataques y la incertidumbre han sido una constante en la relación entre los gremios y la cartera, que hasta ahora estaba en manos de Camacho.
En las últimas semanas, el gas estuvo en el centro del debate. Las empresas anunciaron que habría un incremento de hasta 36 % en las facturas para febrero por la importación de gas (que corresponde a cerca del 4 % de la demanda) y la Superintendencia de Industria y Comercio realizó visitas de inspección a varias compañías y a Naturgás, en un proceso marcado por las denuncias sobre presuntas irregularidades. Petro, por su parte, aseguró que las empresas están especulando y que han preferido importar gas caro, “porque eso eleva las tarifas de energía”.
Lea: Precio del gas avivó pelea entre Petro y empresas: usuarios son los más afectados
La discusión no se ha zanjado. Además de las investigaciones, siguen las declaraciones contradictorias respecto a la disponibilidad para atender la demanda, la importación y el futuro del gas en Colombia.
Petro ha sido claro en que en su Gobierno el Ministerio de Minas y Energía debe avanzar en la transición energética y bajar las tarifas de energía, especialmente en la región Caribe. Expertos y gremios han advertido que ambas tareas tienen retos y representan obstáculos que, mal manejados, pueden afectar al sistema.
Por un lado, la transición energética necesita pasos firmes, pero responsables, teniendo en cuenta el lugar que ocupan los hidrocarburos en las finanzas públicas y la necesidad de tener energía en firme (disponible incluso en casos extremos, como sequías).
Los gremios han afirmado que se necesita una hoja de ruta más clara para la transición. Preocupan, entre otras cosas, los retrasos en los proyectos de energías renovables: el avance es liderado por los proyectos solares, pero se han cancelado cerca de 40 eólicos y siete más están suspendidos.
Lea: El balance agridulce de las energías renovables en Colombia y el mundo
Además, el desempeño del sector de explotación de minas y canteras es un factor de alarma: pasó de crecer 2,6 % en 2023 a una contracción del 5,2 % en 2024. Al crecimiento del año pasado, que fue de 1,7 %, el sector le restó 0,3 puntos porcentuales. Piedad Urdinola, directora del DANE, explicó que la caída se debe, principalmente, al desempeño de la extracción de carbón de piedra y lignito, que cayó 13,3 %.
Analistas han advertido que los nuevos impuestos que creó el Gobierno para atender la crisis en el Catatumbo (incluyendo un tributo del 1 % a la exportación y la primera venta dentro o desde el territorio nacional de hidrocarburos y carbón) pueden afectar todavía más el comportamiento de esta actividad. Carlos Cante, presidente de la Fenalcarbon, dijo que el impuesto grava tanto a los carbones térmicos como metalúrgicos, sin importar la escala de producción, por lo que se verá afectada la gran minería de carbón, pero también la mediana y pequeña minería del interior del país.
Para Cante, esta medida hace parte de la “estrategia del Gobierno para acabar con la competitividad de los carbones colombianos”, amparándose en el discurso de la transición energética.
En cuanto a las tarifas de energía, la conversación seguirá siendo espinosa: los precios asfixian las finanzas de las familias, pero las empresas sostienen que se deben respetar las reglas del juego y que los cobros deben garantizar que el sistema sea sostenible. El presidente Petro se mantiene en que habrá cambios.
En este panorama ya desafiante, las compañías de energía y gas llevan meses advirtiendo que su difícil situación financiera podría incluso generar un apagón, pues el Gobierno acumula millonarias deudas con las comercializadoras por los subsidios que se entregan a los usuarios de estratos 1, 2 y 3.
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En el caso de energía, hay otros pendientes, como la opción tarifaria y las deudas del sector oficial. La situación del Caribe es crítica. Actualmente, Air-e está intervenida por la Superservicios (de ahí que Palma es el interventor) y Afinia, que opera en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, ha reconocido que su situación financiera está en riesgo.
Estos son solo algunos de los retos que tendrá que asumir el nuevo ministro, teniendo en cuenta que este es uno de los sectores con más tensiones entre gobierno y empresas.
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