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Con la reforma tributaria ya prácticamente lista y aprobada por el Congreso, el Gobierno comienza a embarcarse en un nuevo parto tanto legislativo, como social: la reforma pensional.
En justicia, Colombia debió haberle hecho modificaciones a su sistema pensional hace años, con miras a aumentar su cobertura, especialmente: en el país sólo una de cuatro personas mayores de 65 años logra pensionarse. También es necesario hacer algo para reducir la inequidad del sistema, en Colpensiones, por ejemplo, quienes sí logran acceder a una pensión reciben enormes subsidios por cuenta del Estado, mientras que personas en situación de pobreza, por ejemplo, no acceden a mayores protecciones sociales al entrar en la vejez.
La reforma pensional es tanto una especie de animal mitológico, como una granada en el panorama político colombiano. El Congreso suele ser particularmente renuente a tocar el sistema pensional y en su larga tradición de no abordar asuntos importantes los males de todo el andamiaje no han hecho sino crecer.
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Vale recordar que en el gobierno del ahora expresidente Iván Duque también se habló de reforma pensional, aunque lo que hubo al final fueron cuatro tributarias en paralelo con la pandemia.
Con este panorama de fondo, este martes fue presentada la propuesta de reforma pensional que tiene en mente el gobierno de Gustavo Petro, que sigue las ideas y promesas de campaña del mandatario. Esto es, en pocas palabras, un sistema de tres pilares con un componente de subsidio para los más vulnerables.
De acuerdo con el calendario propuesto por el Ministerio de Trabajo, la reforma debería entrar al Congreso para finales de abril del próximo año: entre la presentación de la propuesta y la radicación del proyecto de ley hay un camino de ajustes con gremios, sindicatos y otras instancias del Gobierno.
La presentación de la propuesta de reforma es apenas el comienzo de todo. Pero si juzgamos el camino por el primer paso, este será un proceso de largo y arduo debate que ya se viene dando desde los días de la campaña.
La visión de la administración Petro
La propuesta presentada este martes, como ya se dijo, incorpora varias de las promesas de campaña del presidente Petro. Además, representa uno de los mayores revolcones en la forma en la que funcionan el régimen público (de prima media, Colpensiones) y el privado (de ahorro individual) en Colombia. El proyecto contempla tres pilares.
En primer lugar, está el pilar solidario: se propone pagar una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente ($500.000 a precios de 2022) para las personas que no alcanzan a obtener una pensión.
El segundo pilar sería uno contributivo y en éste se propone que quienes ganen hasta cuatro salarios mínimos ($4 millones, para 2022) realicen sus aportes al régimen de prima media administrado por Colpensiones.
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El tercer pilar contempla que los aportes por encima de los cuatro salarios mínimos irán al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP).
Durante la presentación de la propuesta, que se hizo para la instalación de la subcomisión de reforma pensional, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que “es una reforma estructural, no es una reforma paramétrica, lo que estamos buscando es cómo generar mayor cobertura, para que todos los adultos mayores que hoy están por fuera de la posibilidad de tener una vejez digna, tengan unos elementos que les permitan a través del apoyo del Estado liberar sus recursos y así potenciar una vejez con dignidad y que no vivan de la caridad de sus familias”.
Aciertos, dudas y cuestionamientos
Para este punto, nadie parece estar en desacuerdo en que el sistema pensional colombiano necesita revisiones y ajustes, por lo que, en general, se celebra que este tema vuelva a la agenda del gobierno y no se haya quedado sólo en los discursos de campaña.
Así lo dice Andrés Izquierdo, CEO de Integral Soluciones Pensionales (ISP): “Celebro la voluntad política del gobierno nacional de poner el necesario debate sobre la creación del pilar solidario del sistema; hoy Colombia vive una tragedia social en la que tres de cada cuatro colombianos en edad de pensión no se pensionan y eso definitivamente tenemos que asumirlo en el debate. Igualmente destaco que el gobierno marca una hoja de ruta y un cronograma que nos da un espacio de seis meses para adelantar el debate y construir la mejor reforma pensional posible”.
Por su parte, Asofondos (gremio de las AFP) dijo que “considera positivo que la ministra de Trabajo haya planteado una agenda para discutir el proyecto que, según expresó, será debatido en lo que resta del año, y será radicado en la próxima legislatura del Congreso”.
Así mismo, varios expertos se ponen de acuerdo en que es más que loable y necesario enfocarse en proteger socialmente a los adultos mayores, más aún cuando el subsidio de $500.000 que propone el pilar solidario podría ayudar a sacar de la pobreza monetaria a personas de edad avanzada que se encuentren en esta condición.
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Antes de proseguir vale la pena explicar
Hasta aquí todo bien. Las dudas comienzan, justamente, con la forma en la que se va a financiar el pilar solidario y en cuáles serán las implicaciones.
Pero antes de esto vale la pena explicar el porqué de la visión del Gobierno: las AFP concentran 75 % de los afiliados, pero Colpensiones posee 80 % de los pensionados. Este desbalance ha creado enormes presiones fiscales para el régimen público y, como lo dice Izquierdo, “le ha hecho daño a la sostenibilidad financiera del sistema”.
Entonces, de fondo, la visión pensional del Gobierno resultaría en un crecimiento de la base de cotizantes de Colpensiones, lo que busca reducir el déficit del régimen público (que se estimaba en $14,8 billones para el año pasado). En principio, la idea es que la caja que se libera al cerrar este hueco ayudaría a financiar las transferencias de $500.000 del primer pilar, el solidario.
Pero, como ya se dijo, la financiación del pilar solidario es una de las principales piedras en el zapato que tiene la propuesta del Gobierno. Para Mauricio Olivera, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes y expresidente de Colpensiones, la gran pregunta es cómo se van a financiar esos $500.000.
La segunda gran pregunta es qué pasará con el régimen de ahorro individual. Tanto Olivera, como Óscar Becerra, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, afirman que la cotización hasta cuatro salarios mínimos en Colpensiones prácticamente acabaría con las AFP, pues el 96 % de la población cumple con esa característica.
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Olivera agrega que ese escenario generaría problemas fiscales, ya que en el corto plazo implica traer recursos a Colpensiones, pero, teniendo en cuenta cómo se calcula la pensión, “cualquier peso que entre ahora generará una deuda porque hay que dar subsidio más adelante”.
Algunos expertos han propuesto que el límite en el sistema público sea de máximo un salario mínimo.
“El gobierno mantuvo su propuesta de campaña, pero surgen más preguntas que deben responderse en el calor de la discusión”, dijo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. Algunas de estas son “si el ahorro pensional ¿dejará de ser heredable? Para que se acrediten las semanas en Colpensiones, ¿los afiliados a los fondos de pensiones deberán renunciar a su ahorro? Quiénes no logran pensionarse, ¿perderán el derecho a que se les devuelvan sus aportes con sus respectivas rentabilidades?”, según se lee en un comunicado del gremio.
Para Daniel Mantilla García, profesor de la U. de los Andes, “el gobierno propone que dejemos de ahorrar para la vejez y comencemos a endeudarnos más a través del sistema pensional. Esto consiste en endeudar al Estado con quienes aportan a pensiones a una tasa de alrededor de 10 % real, a costa de los trabajadores informales, y además asumiendo el costo implícito de los retornos que se dejan de ganar, pues no se invierten los aportes. En contraste, en un sistema de capitalización los aportes pueden estar totalmente invertidos durante cerca de 30 años antes del retiro y en menor proporción durante los años de jubilación. El resultado de esa inversión de largo plazo es que cerca del 60 % de cada peso de pensión pagado proviene de los retornos que dichos aportes generan durante esos periodos de acumulación y jubilación (asumiendo 3,5 % de rentabilidad real anual y 21años de retiro). Por esa razón, en el sistema de reparto, financiar cada peso de pensión cuesta alrededor de 2,5 veces más pesos de aportes que en sistemas de ahorro. En Chile entendieron eso y su reforma rompe el debate puramente ideológico sobre si el administrador de los ahorros es público o privado. Y en lugar de dejar de ahorrar, como propone el gobierno Petro, el de Boric busca aumentar los aportes ahorrados en 60 % respecto a los actuales (después de un periodo de transición para aumentar ingresos de los pensionados actuales)”.
Izquierdo concluye diciendo: “Me preocupa (por lo pronto) que en el anuncio del gobierno no queda clara cuál será la fuente de financiación del pilar solidario y que el gobierno descarta de tajo la implementación de reformas paramétricas como el aumento de la edad, el aumento de la tasa de aporte y los topes de mesada pensional en el Régimen de Prima Media”.
La reforma aún tiene, cuando menos, un camino de seis meses antes de entrar al Congreso. El debate se anuncia agitado y en él se juegan objetivos cercanos, pero sobre todo futuros.
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