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Desde el pasado 25 de septiembre, la Corte Constitucional ha recibido más de 3.000 peticiones de ciudadanos que le piden al magistrado Antonio José Lizarazo no admitir la demanda que el movimiento Causa Justa presentó el 15 de septiembre de este año buscando despenalizar por completo el aborto en Colombia, ya que hoy solo es permitido en tres circunstancias específicas. Las peticiones han llamado la atención, no porque no puedan hacerse, ya que los procesos en el alto tribunal son públicos y participativos, sino porque cada una tiene exactamente el mismo contenido. Y al menos dos personas advirtieron a la Corte que nunca hicieron tales escritos. (Los argumentos de la nueva demanda contra la penalización del aborto)
Los escritos hacen parte de una petición pública que organizaciones llamadas “provida” pusieron en la página web citizengo.org, en donde cualquier persona puede poner sus nombres, apellidos y correo electrónico y apoyar una petición llamada “Rechacen la nueva demanda del aborto por inconstitucional”. Ese texto coincide con los que han sido allegados a la Corte y en el mismo se advierte su desacuerdo con la despenalización del aborto, al estimar que iría en contra de la Constitución Política y la Convención Americana de los Derechos Humanos. Las peticiones fueron allegadas a los correos institucionales de la Relatoría y la Secretaría del alto tribunal.
La Relatoría, en respuesta, remitió dichas peticiones al correo secretaria3@corteconstitucional.gov.co, que es la cuenta a la que debían haber llegado inicialmente. Y llamó la atención que dos de los usuarios que supuestamente habían escrito a la Corte advirtieron no haber hecho tal petición. Uno escribió que, aunque nunca apoyaría el aborto, no sabía de qué le estaban hablando. Y otro más dijo: “Esto yo no lo he enviado, jamás he escrito algo el 25 de septiembre de 2020. No sé quién está utilizando mi correo”. El Espectador contactó a esta persona, quien confirmó que nunca hizo el escrito a la Corte Constitucional. “Yo soy administrador de empresas, no abogado”. Según dijo, él sí manifestó su desacuerdo con el aborto, pero en una página web. (“Un aborto se debe hacer tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario”: Mónica Roa)
“Estoy de acuerdo en que se penalice el aborto, pero no sé por qué hacen un documento firmado por mí”, dijo a este diario el administrador de empresas, quien luego dijo haber recordado que sí firmó dicha petición, pero solo en la página web. En el escrito que se encuentra en la página CitizenGo, que es un portal con posiciones ultraconservadoras de origen español, se invita a los usuarios a “escribirle” a la Corte firmando la solicitud de rechazar la demanda. Germán Realpe, gerente de Cloud Seguro, explicó a este diario que con este tipo de formatos se revelan dos asuntos a tratar. Por un lado, el componente de protección de datos y suplantación de identidad, ya que es posible que extraños usen nombres y correos de otras personas. Y la autenticidad de dichas firmas, pues en dichos portales no existe un mecanismo de verificación del usuario. Y por ello, una misma persona podría firmar con distintos correos electrónicos.
Según una investigación de Open Democracy de 2017, CitizenGo empezó en España como un proyecto de una organización que se llamaba HazteOir, que afirma tener partidarios en más de cincuenta países y se dedica a hacer peticiones masivas, siendo Madrid su sede central. Según su página web, su presidente es el abogado cristiano provida Ignacio Arsuaga, quien también es presidente de HazteOir.org. La publicación en donde se pide la firma contra la demanda que busca despenalizar el aborto está firmada por la organización Unidos por la Vida Colombia, que tiene otras cinco campañas en dicha página web. (“El aborto es un asunto de la autonomía de la mujer”: Kenneth Burbano)
Desde el movimiento Causa Justa, conformado por organizaciones sociales, activistas y académicos, entre otros, dijeron a este diario que la Corte debe atender las solicitudes de las personas que dicen que no han mandado los escritos para determinar si se está frente a un posible mal uso de datos personales. Además, explicaron que las peticiones son por lo menos atípicas, dado que la demanda que presentaron aún no ha sido admitida y, por tanto, no se ha abierto la etapa en que la ciudadanía puede procesalmente rendir concepto al respecto. En todo caso, las peticiones son legítimas, ya que este tipo de procesos en el alto tribunal son públicos y cualquier persona que quiera puede intervenir.
De igual forma, un grupo de sesenta mujeres presentaron un derecho de petición pidiéndole al magistrado Lizarazo que este caso no sea estudiado por su magistrada auxiliar Paula Robledo Silva, quien fue hasta hace muy poco defensora delegada para Asuntos Legales y Constitucionales de la Defensoría del Pueblo y, en ese cargo, en diferentes eventos y audiencias judiciales, expuso las barreras que enfrentan las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente la gestación en los tres casos que son legales por orden de la Corte Constitucional desde 2006. “Sus pronunciamientos, así como su expresa afinidad y cercanía con las demandantes, dejan en entredicho su imparcialidad”, dice el escrito que pide que se les informe qué magistrado auxiliar quedó a cargo del caso. Expertos consultados por El Espectador explicaron que esta petición no tiene fundamento alguno. (La pandemia de coronavirus desata una nueva guerra por el aborto en Estados Unidos)
La razón de ello es que las recusaciones —mecanismo legal para pedir separar a un juez de un caso— están solamente contempladas para los magistrados titulares, que son los que tienen voto en la Sala Plena. “Los demás son personas que los asisten. No es procedente”, señaló una fuente que consideró que, por lo controversial del asunto a tratar, se prevé que el debate esté lleno de este tipo de intervenciones. Al expediente también llegó una petición para que se acumulen tres demandas más que se presentaron contra el artículo 122 del Código Penal, en el cual está tipificado el delito de aborto.
Se trata de una del abogado Andrés Mateo Sánchez, que pide despenalizar el aborto por ser contrario a la dignidad humana, ir en contra de los derechos de la mujer, el libre desarrollo de la personalidad y el acceso a la salud, entre otros, que ya fue admitida por el magistrado Alberto Rojas. Otra presentada por Gerodel Hoffan, que pide también despenalizarlo, y una más radicada por la abogada Natalia Bernal Cano, quien, al contrario, propone prohibir por completo el aborto en Colombia. Estas últimas dos fueron inadmitidas. Causa Justa se opuso a acumular las demandas por haberse presentado esa petición fuera del tiempo reglamentario para ello.
En manos del magistrado Lizarazo está analizar las peticiones y definir si se admite o no la demanda del movimiento Causa Justa, que asegura que considerar el aborto como un delito no solo es ineficiente, sino injusto con las mujeres y que vulnera los derechos fundamentales a la salud, igualdad y libertad. El escrito asegura que las tres circunstancias que hoy son legales para abortar (cuando hay riesgo para la salud de la mujer, malformación del feto o es producto de violación o incesto) no son suficientes. Más, si se tiene en cuenta que solo del 1 al 9 % de abortos se hacen dentro del sistema de salud: “Las mujeres en Colombia siguen enfrentándose al riesgo de que se les inicie un proceso penal, ir a la cárcel o ser sometidas a la discriminación y al estigma cuando buscan acceder al servicio de forma segura, debido, en gran medida, a que el aborto sigue existiendo como delito en el Código Penal”.
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