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Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados 904 defensores y lideresas por las causas que defienden: la restitución de tierras, el modo de vida campesina, el agua, la sustitución voluntaria de cultivos, los derechos humanos y la defensa del territorio. También han sido asesinados 276 excombatientes de las Farc, 253 de ellos comparecientes ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Uno y otro fenómeno muestran la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana y la vida, honra, bienes y derechos de quienes han jurado proteger.
Con estas cifras, el vacío de Estado creado por un vacío de democracia se torna evidente. Cada vez que se sabe de un nuevo homicidio de un líder o lideresa social, los medios citan fuentes oficiales que responsabilizan al Clan de Golfo, a las Agc o a las disidencias, como si la Fuerza Pública no tuviera obligación alguna para evitarlo. Sobre el asesinato sistemático de los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, la canciller incluso se lavó las manos ante el Consejo de Seguridad de la ONU trasladando la responsabilidad estatal a “las organizaciones de narcotráfico y otras economías ilegales responsables del 80 % de los asesinatos”.
Las organizaciones sociales y de víctimas y la oposición reclaman acción efectiva del Gobierno que se declara impotente. Y los asesinatos siguen sin descanso a tal punto que ya no parecen conmover a la sociedad. La muerte anunciada se ha normalizado y el Gobierno luce apático.
¿Puede una sociedad que se proclama democrática aceptar la hecatombe social que se esconde detrás de la abultada y creciente cifra de líderes y lideresas asesinadas? ¿Y qué decir del incumplimiento del Acuerdo de Paz que la matazón de excombatientes pone al descubierto mientras el Gobierno reclama que “ha cumplido”?
Se trata de dos eventos distintos pero relacionados, ya que en ambos casos el Gobierno descarga su responsabilidad sobre grupos armados ilegales que ha sido incapaz de controlar. Parte de la incapacidad para garantizar la seguridad ciudadana se debe a que el Gobierno ha sido ambiguo respecto de la ideologización de extrema derecha y de los casos de corrupción al interior de la Fuerza Pública. Otra parte se debe a su incumplimiento del Acuerdo de Paz en temas críticos como el desarrollo rural integral, la sustitución voluntaria de cultivos y la desarticulación de los grupos sucesores de los paramilitares, a los cuales se han sumado desafectos y disidentes de la insurgencia.
Detrás de todo ello hay un irrespeto de los principios democráticos. En documentos aparecidos después de la Segunda Guerra Mundial se encuentran las instrucciones a seguir en la invasión alemana a Polonia. En ellas se ordena la decapitación de la élite polaca con el argumento de que “solo es posible empujar a una nación a la esclavitud mediante la destrucción de sus estratos superiores”. En los municipios victimizados, esos estratos superiores son los liderazgos de sus causas más preciadas, hoy camino al exterminio. Ello solo es posible cuando un vacío de democracia consiente un vacío de Estado a la vista de todos.
Por Clara López Obregón
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