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El pasado 31 de agosto, la investigación contra Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos aterrizó en la justicia ordinaria, luego de que el expresidente renunciara a su cargo como senador. Y es la jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, quien tiene en su despacho la difícil tarea de decidir si el exmandatario sigue privado de su libertad, como ordenó hace dos meses la Corte Suprema, o si lo deja libre, como pide él. En manos de esta jueza cayó, por lo menos en esta fase procesal, el futuro de una de las personalidades políticas más notorias de Colombia, jefe natural del partido de Gobierno (el Centro Democrático) y el senador más votado en las elecciones de 2018.
La tarea encomendada a la jueza Salcedo, a todas luces la más espinosa en su carrera de 10 años como abogada, viene de un proceso tan extenso como controversial. Todo empezó en 2012, cuando el expresidente Uribe denunció al senador Iván Cepeda, ante la Corte Suprema de Justicia, por presuntamente ofrecer prebendas a testigos para hablar en su contra. Cepeda, por su parte, había acusado al exmandatario de nexos con el paramilitarismo en un debate de control político sustentado, en su mayor parte, en los testimonios de Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. El segundo es hijo de un administrador de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe hasta 1996, donde se habría gestado el bloque Metro de las Auc, según sus palabras.
El 21 de febrero de 2018, la Corte Suprema dio un timonazo al anunciar que quien quedaba bajo investigación porque habría manipulado testigos era el propio Uribe. Luego de dos años de investigaciones, la alta corte profirió una decisión inédita: ordenó, a través de un auto de 1.554 páginas, la primera medida de aseguramiento contra un expresidente en Colombia. Uribe dijo que no confiaba en la corporación y, entonces, se retiró del Senado. Al renunciar perdió, además de su escaño, el fuero que le daba competencia a la Corte para investigarlo. Con el caso ya en la Fiscalía, sus abogados le pidieron al organismo investigativo su libertad. Este les contestó que el tema era ante jueces. El azar movió ficha tras ficha hasta ubicar a la jueza Salcedo en esta historia.
De Salcedo no hay mucha información disponible y, ahora que está próxima la audiencia de Uribe, ningún funcionario de Paloquemao quiere o puede hablar de ella. En septiembre de 2010, cuando Uribe se acababa de despedir de la Casa de Nariño, Salcedo se graduó de derecho en la Universidad Nacional. En 2017, cuando Uribe terminaba su tercer año en el Senado, Salcedo llegó a apoyar el despacho del magistrado José Francisco Acuña en la Sala Penal de la Corte Suprema. En marzo de 2018, mientras Salcedo peleaba con jueces promiscuos por un cupo para oficiar como jueza penal municipal, la investigación contra Uribe apenas empezaba.
Ese mismo año, la Sala Penal de la Corte Suprema remitió el caso Uribe a la recién creada Sala Especial de Instrucción, para que el proceso pudiera tener doble instancia como determinó en 2018 el Congreso para los aforados constitucionales. Y aunque Salcedo buscaba ser juez de conocimiento, la vida le tenía otros planes: fue seleccionada como jueza 30 de garantías de Bogotá, con un puntaje sobresaliente en la prueba de conocimiento. Así, durante dos años, ella y el expresidente recorrieron caminos que parecían disímiles, alejados, él desde el Congreso y ella desde los juzgados de Paloquemao. No había razón para pensar que sus caminos se cruzarían, hasta que Uribe renunció al Senado.
La misión que tiene la jueza Salcedo no es cualquiera. Cuando se decretó el nuevo Código Penal, la Ley 906 de 2004, se incluyó todo un compilado de artículos sobre los jueces de control de garantías, quienes son los llamados a verificar el buen cumplimiento de las instancias iniciales en la justicia ordinaria. Es ella quien tomará decisión sobre la detención domiciliaria en la que se encuentra el expresidente Uribe desde el pasado 12 de agosto, determinación que dependerá también de la postura con la que llegue la Fiscalía a la audiencia. Para la Sala de Instrucción de la Corte, había pruebas suficientes para pensar que Uribe cometió un delito, por eso ordenó que fuera privado de la libertad. Para Uribe, la Corte no era objetiva ni le brindaba garantías procesales.
La libertad de Uribe, sin embargo, no es el único asunto clave que tendrá que resolver Salcedo este jueves 8 de octubre, entendiendo que ese es un derecho que solo debe ser restringido en circunstancias extraordinarias. La tarea más importante que cayó en sus manos, pues así lo determinó la Sala Plena de la Corte Suprema el lunes pasado al no hacerlo ella, es definir qué pasará con los testimonios y el material probatorio que recaudó la Sala de Instrucción de la Corte durante dos años. La ponencia del magistrado Gerson Chaverra proponía que se asimilara la indagatoria -que Uribe rindió exactamente hace un año- con la imputación de cargos. La Sala Plena no acogió esa propuesta y, ahora, será la jueza Salcedo la que resuelva la incógnita más grande que hay sobre este proceso desde que Uribe dimitió como senador.
La defensa de Uribe ha señalado, desde que el expediente llegó a la Fiscalía, que todo debe empezar de ceros, lo cual significa dejar a Álvaro Uribe libre mientras el ente acusador recauda pruebas para una imputación de cargos. Con esa idea en mente llega la defensa de Uribe a esta audiencia, en oposición a lo que pide la víctima acreditada en el proceso, el senador Iván Cepeda, quien de hecho solicitó que el caso se mantuviera por Ley 600. De haber prosperado su solicitud, la audiencia de mañana no tendría lugar y la Corte Suprema, la misma de la que Uribe se alejó a propósito, sería su juez. Pero ese ya no es el escenario. Las preguntas sobre lo que viene son muchas y es la jueza 30 de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, aislada estos días por seguridad, quien puede tener las respuestas.
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