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En la madrugada de este miércoles, 26 de febrero, mientras la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhamad, iniciaba su jornada en Roma (Italia), donde se adelantan las negociaciones finales de la COP16 de biodiversidad que preside, se publicaba la hoja de vida de quien, a falta de confirmación del presidente Gustavo Petro, sería su reemplazo: Lena Estrada.
Estrada, indígena Uitoto Minika del Amazonas, viene de trabajar en la Cancillería como directora de la Academia Diplomática, y ha sido representante indígena ante el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP).
La noticia llega dos semanas después de que Muhamad diera a conocer la carta de renuncia que presentó al presidente Gustavo Petro y que se haría efectiva el próximo 3 de marzo. Su “irrevocable” decisión respondió a las razones expuestas durante el polémico Consejo de Ministros del 4 de febrero, televisado por primera vez a nivel nacional. En ese momento manifestó que, como mujer y feminista, no podía compartir la misma mesa de trabajo con el recién nombrado Jefe de Despacho Presidencial, Armando Benedetti.
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Muhamad, quien pasará a la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP), buscó dar un parte de tranquilidad con la noticia de su renuncia. En su carta, afirmó que deja “una ruta de transformaciones ambientales en marcha”. Sin embargo, en el último año y medio que queda del gobierno Petro, Estrada deberá enfrentar varios retos, algunos de ellos, de gran envergadura.
Deforestación
El pasado jueves 20 de febrero, el Ministerio de Ambiente presentó las cifras preliminares de deforestación en 2024, confirmando un incremento del 35 %, respecto a 2023, en la pérdida de bosque en el país. La Amazonia sigue siendo la región más afectada y, según expuso Muhamad, dos de los núcleos críticos se presentan en el sur del Meta, en los Parques Nacionales Naturales Serranía de La Macarena y Tinigua, donde se perdieron 2.965 y 3.482 ha, respectivamente. Cabe resaltar que en 2022 y 2023, la deforestación había venido disminuyendo (frente a cada año anterior, respectivamente), tras alcanzar su punto máximo en 2021.
En la Amazonia, el principal motor de deforestación sería el acaparamiento de tierras. De acuerdo con Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), que estudia la dinámica de la deforestación en la Amazonia, una de las variables que impulsa la deforestación en parques como Tinigua y la Macarena es “la ampliación y profundización de diferentes carreteras que estaban cubiertas de bosque, que quedaron allí desde que las Farc se desmovilizaron”.
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A ojos de Lilia Roa, profesora de la Universidad Javeriana y bióloga con una maestría en Restauración Ecológica y un doctorado en Ciencias, hay desafíos estructurales que pueden dificultar el objetivo de contener la deforestación, como la persistencia de economías ilegales, la falta de recursos para las CAR y Parques Nacionales y la dificultad de implementar modelos de producción sostenibles a gran escala.
Además, como hemos contado en anteriores artículos, una de las principales dificultades para contener la deforestación en la Amazonia, pasa por el papel que desempeñan algunos frentes de las disidencias de las FARC, en particular, el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia más grande, que ha demostrado que tiene el poder para acelerar o frenar la deforestación.
Aunque la salida de Muhamad trae incertidumbre sobre la continuidad de algunas estrategias, Roa señala que se debe evitar que su renuncia lleve a una fractura en la implementación de los Acuerdos de Conservación y los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales. Además, la bióloga se refiere a fortalecer el trabajo interinstitucional: “La lucha contra la deforestación no depende solo del Minambiente, sino de la articulación con sectores como el de seguridad y el de desarrollo rural”.
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El reto, para Estrada a la hora de buscar una disminución sostenible de la deforestación es, según la profesora, establecer políticas para fortalecer la gobernanza ambiental territorial, promover modelos productivos sostenibles y asegurar una efectiva presencia del Estado en los territorios más afectados. “Con un año y medio restante del gobierno Petro, el reto es consolidar las bases de una estrategia que trascienda administraciones y que asegure que la tendencia de reducción de la deforestación no sea solo un logro temporal, sino un cambio estructural en la gestión ambiental del país”, agrega.
Hipopótamos
Uno de los “pesos pesados” que enfrentará la nueva ministra de Ambiente del país serán los hipopótamos, una especie exótica invasora con importantes impactos negativos en el país (como hemos contado en varias notas). En julio de 2024, el ministerio de Ambiente, encabezado por Muhamad, publicó el plan de manejo para enfrentar la problemática de invasión biológica de esta especie (Hippopotamus amphibius).
Gina Paola Serna, veterinaria que estuvo al frente de ocho de las 12 esterilizaciones que Cornare hizo en hipopótamos hasta 2023, y Andrés Felipe García, biólogo de la Universidad Nacional, coinciden en que la expedición del plan fue un “paso fundamental” para poder determinar cuáles son las medidas para controlar a los hipopótamos. Ambos expertos, que hacen parte de las mesas que el ministerio convocó para elaborar una serie de protocolos que permitan ejecutar algunas de las medidas (como la caza de control o la translocación), resaltan que Muhamad fue la primera ministra en “ponerle la cara” a este problema.
Para García, sin embargo, las críticas apuntan a que, pese a que existe el plan, ha habido demoras en su ejecución y se “ha priorizado el tema de las esterilizaciones, que nos hemos cansado de advertir que no es un método de control”. De hecho, en una entrevista concedida por Muhamad a El Espectador hace dos semanas, reconoció que las esterilizaciones “han sido un fracaso” y que, “a pesar de las buenas intenciones, no está siendo efectivo”.
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Con este balance en mente, para Serna y García es claro que el principal reto de Estrada al frente de la cartera de Ambiente será empezar a implementar las otras medidas de control que están contempladas en el plan de manejo, como la eutanasia ética (caza de control) y la translocación de algunos individuos.
Esto, a los ojos de García, implica dos retos adicionales: el primero, será integrar a algunas comunidades locales en estos procesos, sobre todo a las que actualmente se están beneficiando de un turismo donde los hipopótamos son centrales. El segundo, apunta el biólogo, pasa por tener “una conversación clara y directa” con el sector animalista para decirle que “muy a pesar de los sentimientos que puedan generar algunas de las acciones del plan (caza de control), tenemos que implementarlas, ya que de estas acciones depende la salud ecosistémica de la cuenca media y baja del Magdalena”.
Los expertos han advertido que, en caso de no implementar medidas de control que permitan reducir el rango de distribución de estos animales, así como su población, para 2035 podría haber más de 1.000 individuos de esta especie.
Santurbán
El Páramo de Santurbán, ubicado en los departamentos de Santander y Norte de Santander, fue delimitado por el Ministerio de Ambiente a través de la resolución 2090 de 2014, con Gabriel Vallejo López, en ese entonces, como jefe de cartera. Sin embargo, en una acción de tutela, un grupo de ciudadanos de Bucaramanga alegó que para realizar dicho proceso no fueron convocados apropiadamente y que sus opiniones e insumos no se habían tenido en cuenta. La Corte Constitucional, finalmente, les dio la razón y en 2017 ordenó hacer una nueva delimitación.
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En la sentencia T-361, el alto tribunal también le exigió al Minambiente diseñar o crear un programa de reconvención o sustitución de labores, pues el Instituto Alexander von Humboldt demostró que en algunos municipios de la zona, como Vetas, California y Suratá, la minería de oro es la principal ocupación de sus habitantes. Por esta razón, concertar con los sectores de la minería artesanal no ha sido una labor sencilla. Al día de hoy, la delimitación del páramo no se ha logrado.
“En ese entonces, al ministerio se le dio un año para delimitarlo. Han pasado siete años y eso no ha ocurrido”, Mayerly López, lideresa social y ambiental e integrante del Comité de Santurbán. López tiene dudas sobre si en los 18 meses que le restan a esta administración, la nueva jefe de cartera alcance este objetivo que no se ha logrado en gobiernos anteriores. Más aún, subraya, porque debe “surtir la etapa de concertación. Hasta el momento solo ha logrado acuerdos con cuatro municipios, y son 40”.
Pero este no es el único reto para la nueva jefe de cartera en torno a este lugar. A finales de noviembre de 2024, el Minambiente publicó un borrador de una resolución para crear la primera zona de reserva temporal en el macizo de Santurbán, una figura que, en términos generales, prohíbe la minería durante un plazo de dos años en una porción del territorio. La propuesta ha generado tensiones, pues para los mineros y habitantes del páramo, “termina condenando a la pequeña minería tradicional, así como a los campesinos, agricultores y ganaderos a la total ilegalidad en el territorio”, dijo hace un tiempo Fabio Maldonado, director de la agremiación Consotonorte, a El Espectador. A Estrada se le presenta el desafío no solo de mediar con las comunidades, sino de “tomar una decisión de fondo de cómo se va a proteger, finalmente, toda esa zona”, dice López.
Bonos de carbono
Para Sebastian Lema, Director de Mercados de Carbono en el Center for Clean Air Policy (CCAP), lo ideal es que la nueva ministra, Estrada, trabaje en las propuestas regulatorias de mercados de carbono que están en curso desde hace tiempo, como la creación de un marco del Sistema Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales para iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero. Según explica el experto, en lo que va del Gobierno no se ha logrado avanzar en estos frentes, por lo que sería mucho más difícil concretarlos para el 2026 si se empieza desde cero.
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Para ello, sin embargo, son necesarios el interés y la voluntad política. Los bonos de carbono son una estrategia con la que empresas y Estados buscan compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, reconociendo pagos a comunidades que protegen los bosques. De acuerdo con Lema, los retrasos en la regulación de los también llamados proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD+), se pueden deber a que hay posiciones divididas sobre este tema. Mientras que esto por algunos es visto como una herramienta útil, también ha sido objeto de críticas por quienes lo conciben como una “mercantilización de la naturaleza”.
Sin embargo, “independientemente de que uno esté a favor o en contra, es importante que haya normatividad”, dice Lema. “Eso, en cierta forma, permite eliminar la incertidumbre que hay actualmente entre los diferentes actores del mercado de carbono. Es necesaria una reglamentación para que no sigan sucediendo los mismos problemas o incluso atropellos hacia las comunidades”.
Un caso que evidencia las vulneraciones a las que se refiere Lema es el de los indígenas del territorio Pirá Paraná. En julio del año pasado, a través de la sentencia T-248 de 2024, la Corte Constitucional amparó a estas comunidades, pertenecientes al Gran Resguardo Indígena del Vaupés, quienes argumentaron que sus derechos estaban siendo vulnerados por un proyecto REDD+, liderado por empresas privadas. Fue la primera vez que el alto tribunal falló sobre un conflicto asociado a bonos de carbono.
La Corte también ordenó al Ministerio de Ambiente realizar un informe técnico sobre las necesidades y circunstancias específicas para implementar proyectos REDD+ en territorios indígenas y crear y coordinar un protocolo con perspectiva étnica. Aunque el alto tribunal dio un plazo de dos meses para realizar el informe y seis para el protocolo, de acuerdo con Juan David Varela, líder del Laboratorio socio-jurídico de la Fundación Gaia Amazonas, aún no se ha publicado ninguno de los dos.
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El abogado también explica que la sentencia reconoce que este marco normativo debe ser integral. “Eso no se está atendiendo porque, por un lado, están hablando de los derechos de propiedad sobre los certificados de carbono, y otro instrumento normativo distinto, se refiere a la salvaguarda social y ambiental”, dice. Si bien este asunto es propio de la cartera de ambiente, Varela resalta la importancia de que otras entidades sean vinculadas, como los ministerios de Hacienda y del Interior. “Muhamad, por la visibilidad y el liderazgo que había asumido, tenía esa capacidad de articulación”. El reto para Estrada, en términos políticos y estratégicos, es ir en esa misma línea.
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