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En un reciente pronunciamiento, un juez penal de Bogotá se pronunció en el caso que se adelanta contra exfuncionarios y particulares que son investigados por presunta corrupción en un contrato por $16.000 millones del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). En este caso son investigados preliminarmente los exsenadores (hoy presos) Musa Besaile y Miguel Ñoño Elías y quienes han dicho que les fue entregada esa entidad por el gobierno Santos como cuota burocrática. Los excongresistas se habrían quedado con un porcentaje de ese millonario contrato suscrito en 2017 y relacionado con viviendas de interés social.
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El juez segundo de conocimiento penal de conocimiento se pronunció en particular en el caso de Jorge Iván Henao Ordóñez, señalado de ser la ficha de Elías en Fonade. La cabeza de ese despacho judicial señaló que hace dos años el procesado aceptó cargos y no ha tenido una sentencia ya que la Fiscalía ha señalado en reiteradas ocasiones que se estudia la suscripción de un principio de oportunidad. El último aplazamiento que pidió el ente investigador fue el pasado 3 de septiembre. La Fiscal del caso en esa oportunidad aseguró que las demoras se debían al estudio de los términos de la negociación judicial.
“La tardanza es preocupante para este despacho, pues se trata de un proceso en el que se aceptó cargos desde hace dos años y no hay una condena de primera instancia (…) Se debe tener en cuenta que a mi juicio, parte del tiempo transcurrido es atribuible exclusivamente a la Fiscalía, lo cual será determinante al momento de establecer eventuales responsabilidades disciplinarias, penales o administrativas, derivadas de la prescripción de la acción penal”, señaló el juez del caso por medio de un documento conocido por este diario.
¿De qué se le acusa a la ficha del Ñoño?
Elías tenía como ficha en Fonade al asesor de gerencia Jorge Iván Henao, quien aceptó cargos en este caso en agosto de 2018. Mientras que Besaile designó a Nader Ordosgoitia para asegurarse de que el contrato de 2017 terminara en manos del contratista que les iba a dar una tajada. Además, tenía la ventaja de que, desde la entidad, se le entregaron los detalles de la futura contratación. Los dos empresarios se encargaron de buscar a un contratista que aceptara pagar el 25 % del valor del contrato al senador Musa Besaile, se lee en el fallo, cuya base fue la acusación de la Fiscalía contra los exfuncionarios de Fonade.
En abril de 2017, el Comité Evaluador de Fonade presentó un informe de evaluación de propuestas y todas fueron declaradas fallidas. Nader Ordosgoitia y la gente de Intervivienda “exterioriza[ro]n su inconformidad” con los funcionarios de la entidad por el concepto negativo y, además, aseguraron que la persona que realizó el informe podría hasta perder su empleo por no haberlos seleccionado como contratistas. Sin embargo, a través de la ficha del Ñoño Elías en Fonade, Jorge Iván Henao, “se aportaron documentos en la propuesta que no estaban inicialmente, para indicar que no [fueron] tenidos en cuenta”.
¿Qué dice la Fiscalía?
El Espectador se contactó con la oficina de comunicaciones de la Fiscalía para conocer por qué este principio de oportunidad estaba siendo sujeto de reproche por parte del juez del caso. “Respecto al principio de oportunidad tramitado en favor de los señores Juan Felipe Morales Tabares, Richard Kamal Náder Ordosgoitia y Jorge Iván Henao Ordoñez, procesados por hechos irregularidades de contratación en Fonade, la Fiscalía General dice que actúa con absoluta riguridad para garantizar el cumplimiento de las exigencias legales para suspender el ejercicio de la acción penal”.
Y agregó que “desde el despacho del Fiscal General de la Nación se ha realizado una verificación sobre la viabilidad de este principio de oportunidad, así como de los compromisos adquiridos por los aspirantes y la colaboración que ofrecen con la administración de justicia, para establecer si resulta proporcional y eficaz frente al daño ocasionado y la gravedad de la conducta, en este caso, delitos contra la administración pública. La Constitución y la ley no contemplan términos para el estudio de este mecanismo. Así que la Fiscalía procura ser muy juiciosa en esta evaluación para que la aplicación del principio de oportunidad sea avalada por el juez de control de garantías”.
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