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Fracaso. Así catalogaron muchas voces la Cumbre UE-CELAC ocurrida en Bruselas a finales de julio. Lo hicieron porque a pesar de que mandatarios de 60 países de Europa y América compartieron ideas, opiniones y fotografías, no lograron consenso en dos puntos claves: denunciar la invasión rusa a Ucrania y garantizar la participación de la sociedad civil en la construcción de las nuevas relaciones políticas.
Muestra de lo primero fueron las evidentes diferencias al momento de redactar la declaración final, en la que no acordaron mencionar al agresor explícitamente. Expresan su “profunda preocupación por la guerra contra Ucrania”, en vez de rechazar la invasión. Tampoco lograron exigir que las tropas rusas se retiren de Ucrania. De hecho, ni se logró que ese documento aguado fuera firmado por todos los países que asistieron a la cumbre.
Pero quizás el mayor fracaso de este evento, que pretendía ser un puntapié inicial para fortalecer la relación entre los dos continentes, fue la marcada ausencia de la sociedad civil.
Aunque la Unión Europea convocó a las organizaciones sociales a una conferencia previa a la cumbre, de allí no surgió ningún canal para conectar con los mandatarios. Además, no hubo eventos paralelos a la cumbre, como sucede, por ejemplo, en el marco de la Asamblea General de la OEA. Con este marco es difícil no concluir que tanto la UE como la CELAC tenían miedo a la participación ciudadana.
Vale la pena recordar que hay varios acuerdos comerciales y políticos entre la UE y países de la región, incluida Colombia. Dentro de esa normativa hablan claramente de participación de la sociedad civil en el marco de diálogos políticos, de cooperación e incluso de derechos humanos.
Nada de esto se vio reflejado en la cumbre de julio.
En momentos de claro debilitamiento institucional y democrático en varios países de la región, de urgente participación y movilización de las organizaciones y los movimientos sociales en pro de la paz, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la libertad, la UE-CELAC debe voltear a ver más que nunca a la sociedad civil del continente.
El presidente Gustavo Petro y su gobierno tienen ahora una oportunidad histórica, ya que la siguiente cumbre se llevará a cabo en Bogotá en 2025. Colombia tiene la responsabilidad de convocar a la sociedad civil independiente del continente a que haga parte del evento que forja el derrotero de la relación hemisférica con Europa. Es también una posibilidad para Gustavo Petro de cumplir con sus propias promesas hacia la sociedad civil colombiana.
Esto implica, además, que las personas defensoras de derechos humanos, de los territorios protegidos y de la vida en el continente hagan parte del diálogo. Por ejemplo, la sociedad civil independiente de países como Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, que sufre la embestida represiva del Estado o que es legalmente excluida de la posibilidad de la libre asociación; la sociedad civil guatemalteca, para defender la democracia ante las amenazas del pacto de corruptos; las defensoras y los defensores del medio ambiente en Brasil, Colombia y México, y las comunidades étnicas que hoy sufren la violencia asociada al narcotráfico en Ecuador.
Esa participación de la sociedad civil debe darse, además, con todas las garantías de seguridad. Los acuerdos, medidas y protocolos que la Unión Europea pacte tanto con la CELAC como con cada país del continente tendrán un impacto directo en la ciudadanía. Por eso ni la UE ni la CELAC pueden encerrarse y dejarla afuera de la conversación.
* Director de Departamento de América Latina, Civil Rights Defenders.
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