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Para el próximo 15 de octubre está fijada la audiencia en la que un juez determinará si el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y Laureano Martínez, el mayordomo de la finca de la familia del exembajador Fernando Sanclemente —en donde la Policía halló un laboratorio de procesamiento de cocaína en febrero de este año—, es aprobado o no. El documento, conocido por este diario, da detalles de cuál habría sido la participación del exempleado del antiguo diplomático del gobierno de Iván Duque en Uruguay, quien hasta el momento no ha sido requerido por el ente investigador. Martínez fue capturado el pasado 1° de julio y no aceptó cargos. Sin embargo, el pasado 3 de septiembre pactó una condena por 11 años de prisión y entregó información a la Fiscalía.
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El Espectador conoció más detalles de los datos que aportó a la justicia el administrador de la finca, quien se encuentra bajo la custodia de la Dijín de la Policía con el fin de salvaguardar su vida. Aunque gran parte de su colaboración está bajo reserva, porque son datos en los que aún la Fiscalía indaga, este diario estableció que Martínez dio la ubicación de otros laboratorios de cocaína de una red que tiene alcances internacionales. “Entregó la ubicación de un laboratorio en La Calera (Cundinamarca,a pocos minutos de Bogotá) y otro en San Luis de Gaceno (Boyacá, denominado como la Puerta de Oro del Llano en la región del piedemonte llanero)”, señaló Víctor Muñoz, abogado de Martínez.
El penalista señaló que su cliente va a declarar contra al menos 15 integrantes de esa red que aún están libres. No testificará contra el exembajador Sanclemente, al contrario, será testigo a su favor en el proceso de extinción de dominio que inició la Fiscalía el mismo día que capturó a Martínez. Ese día, miembros del CTI del ente investigador ocuparon seis bienes del antiguo diplomático, entre ellos la hacienda Haras de San Fernando, ubicada en zona rural de Guasca (Cundinamarca). Es el mismo lugar donde, el pasado 12 de febrero, las autoridades colombianas, junto con agentes en Colombia de la agencia federal de EE.UU. ICE-IHS (la rama investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos) capturaron a cinco personas.
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Otro de los laboratorios que ubicó Martínez está en Timbío (Cauca). La cocaína que era sacada de esta zona y de los demás laboratorios —comenta su abogado— era transportada en dos camiones y un automóvil. Incluso, ese mismo día de la captura de Laureano Martínez también fueron decomisados los vehículos donde se encaletaba la droga que salía por el aeropuerto El Dorado a través de correos humanos. A su vez, los dos camiones y el carro forman parte del proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía. Aunque Martínez testificará contra 15 miembros de la red, este diario estableció que esta estaba conformada por más de 30 personas.
El Espectador contactó también a la fiscal del expediente. Señaló que efectivamente el mayordomo Martínez entregó una información, pero que esta no podía ser revelada porque se pone en riesgo la investigación que hay en marcha y la propia vida de Laureano Martínez. Un dato que pudo conocer este diario es que uno de los financiadores de esta red es un empresario de las esmeraldas, dueño de una mina en el occidente de Boyacá. Su nombre permanece bajo reserva. El dato resulta relevante, ya que este diario ha conocido la participación de miembros de este gremio en redes de narcotráfico con destino a Europa y Canadá.
El primer caso es el del exfutbolista del Real Madrid y la selección de Colombia Edwin Congo, quien salió mencionado como integrante de una red de narcotráfico en la que participaría un esmeraldero que será llamado por las autoridades españolas para que rinda cuentas sobre la red internacional que camuflaba droga en cargamentos de piñas que salían por el aeropuerto El Dorado. Las autoridades españolas también han tenido bajo reserva este nombre, pues de filtrarse su nombre este podría darse a la fuga. Su pedido en extradición se truncó, porque los vuelos internacionales fueron suspendidos a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19 y la vacancia judicial durante el verano español.
Fuentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía también conocen que un familiar de un extinto capo de las esmeraldas es parte de una asociación ilícita para enviar droga a Canadá en alianza con un ciudadano de ese país, un español y otro familiar de un mafioso del desaparecido del cartel de Cali. Sin embargo, este diario no pudo establecer si se trata de un solo esmeraldero vinculado al narcotráfico o varios. Los últimos grandes esmeralderos que fueron extraditados por enviar droga al exterior fueron Horacio Triana y Pedro Orejas, quienes aceptaron cargos en EE. UU. en noviembre de 2019 y marzo pasado, respectivamente. Además, históricamente el factor esmeraldero ha sido clave para los grupos sucesores del narcoparamilitarismo en la subregión de la sabana de Bogotá.
Aunque no es muy claro para qué grupo criminal trabajaba la red que se encontró en la hacienda del exembajador, pues aún es materia de investigación, investigadores explican que estas redes ahora pueden trabajar para cualquier organización. “Ya no existen esas grandes organizaciones criminales que controlaban toda la cadena del narcotráfico. Pueden tercerizar la siembra de los cultivos de uso ilícito, la producción de la cocaína, el transporte nacional e internacional. Lo importante ahora es que exista el dinero que financie toda la operación narcotraficante y tener los contactos en el mundo mafioso”, señala un investigador de la Dijín de la Policía.
Detalles del preacuerdo
En el documento de la negociación entre Martínez y la Fiscalía se dan detalles del operativo que obligó a Sanclemente a renunciar a su cargo en abril pasado. El 10 de enero de 2020, la Fiscalía se enteró de la operación Blow Fish (Pez globo) de la ICE-IHS, la cual daba detalles de la existencia de un laboratorio de cocaína en Guasca. Cinco días después, miembros de la Dijín de la Policía verificaron esa información y el 11 de febrero siguiente presentaron un informe al respecto. Un día después, la fiscal del caso solicitó la orden de allanamiento a un juez, procedimiento en el que fueron capturadas cinco personas, quienes aceptaron cargos: Cristian Gómez Vanegas, Dúmer Bohórquez Daza, Jhon Jairo Morales Zambrano, Pablo Castillo Perilla y Jhefer Castillo Gómez.
Según la Fiscalía, Martínez y Gustavo Enrique Bejarano, asistente en las labores de administración de la finca, permitieron el ingreso de las personas que manejaban el laboratorio de cocaína en los bosques de la finca de la familia Sanclemente y sus socios, el Grupo Dann. Ese 12 de febrero, dice el ente investigador, estos dos hombres fueron alertados de la presencia policial y huyeron. La Fiscalía también dice que Martínez fue contactado desde septiembre de 2019 por los cinco capturados con el fin de que prestara la finca para la instalación del laboratorio, que operó hasta febrero de 2020. En ese lapso, Martínez permitió el ingreso de insumos para el laboratorio, los transportaba hasta la finca y los aprovisionó de alimentos.
El preacuerdo también da cuenta de que el 24 de febrero, 12 días después de las cinco capturas en Guasca, Martínez se presentó a una URI de la Fiscalía para declarar bajo juramento que bajo amenazas permitió el funcionamiento del laboratorio de cocaína. “Para el 10 de septiembre llegaron 30 personas armadas y se ubicaron al fondo de la laguna (en la finca de los Sanclemente) para fabricar licor” y que solo supo lo que estaba sucediendo el 12 de febrero cuando llegaron miembros de la Fiscalía y el Ejército. Sin embargo, para el ente investigador esa denuncia es falsa: Martínez sabía a la perfección qué sucedía en la finca.
La defensa de los Sanclemente ha sido que descuidaron sus labores como gerentes de la hacienda, pero que no tenían idea del laboratorio. Así lo declaró Gilberto Sanclemente en el ente investigativo cuando rindió entrevista el pasado 24 de febrero, diligencia en la que le informaron que él no estaba siendo investigado, a diferencia de su hermano quien, según el fiscal Barbosa, “va a ser vinculado” y que “va a tener que responder ante la justicia colombiana”. Aunque, a la fecha, ninguna investigación formal se ha abierto en contra del exembajador Fernando Sanclemente.
Desde comienzos de este año, la Fiscalía abrió una indagación preliminar en contra del exembajador, proceso que está en manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Sin embargo, a Sanclemente no lo han llamado a interrogatorio como indiciado —uno de los primeros pasos cuando se sospecha que una persona cometió un ilícito—, ni lo han citado a una sola diligencia, a pesar de que su defensa le ha insistido al ente investigador que él está a su disposición y pide que su cliente sea considerado víctima. Fuentes que conocen el caso sostienen que Martínez habría declarado cómo temía que el exembajador Sanclemente se enterara de lo que estaba pasando en el interior de su finca.
Por David Escobar Moreno
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