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El 29 de junio de 2011 una balacera irrumpió la tranquilidad del barrio Castropol en la comuna de El Poblado, en Medellín. La Policía llegó hasta un conjunto residencial en el que la gente reportaba haber visto a varios hombres saltar de un apartamento de gran altura y en el camino los agentes notaron que la calle que lleva a la portería estaba cubierta de aceite de carro y tachuelas lo suficientemente grandes para pinchar llantas. Los policías detuvieron a cinco hombres que salían del edificio y entre ellos estaba Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, líder a la sombra del grupo criminal El Mesa. Lo capturaron allí, pero luego la justicia, sin mucha idea de quién se trataba, lo absolvió.
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“Un grupo de hombres fuertemente armados que vestían prendas con logos de SIJIN y DIJIN llegó hasta la urbanización y luego de rociar aceite en la vía de acceso a la loma donde está ubicada y de regar tachuelas en la vía Las Palmas llegaron hasta el apartamento 702 y, destruyendo la puerta de entrada con una almádana, ingresaron al inmueble y de inmediato dispararon contra quienes allí se encontraban, ocasionando la muerte de uno e hiriendo a otro de sus acompañantes. Los demás se lanzaron por las ventanas de la residencia, lo que ocasionó la muerte de uno de ellos y causó heridas a los demás”. Así resumió lo sucedido la jueza que procesó a Vallejo en primera instancia.
Uno de los ocupantes del apartamento atacado era Vallejo. Se salvó de la baleada, pero del otro lado lo esperaba la Policía. Poco se sabía en ese momento de su actuar criminal. Sin embargo, en la cocina de la propiedad de la que huía, las autoridades encontraron un arsenal . Y, aunque Vallejo contaba con salvoconductos de la Cuarta Brigada del Ejército para portar armas, las que encontraron en la urbanización de El Poblado no están permitidas para la población civil. Se trataba, por ejemplo, de un fusil calibre 5.56X45 milímetros, así como toda la indumentaria (cañón, asa de soporte, mira, cerrojo) de un subfusil calibre 9×19 milímetros.
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La Fiscalía, entonces, comenzó a investigar a Vallejo por el delito de porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. En 2014, la jueza segunda penal especializada de Medellín, María Isabel Arango, encontró que había mérito suficiente para inducir que el hombre estaba involucrado en el delito, pues aunque el apartamento no era suyo ni el ente investigador demostró relación alguna, “puede afirmarse que todas y cada una de las personas que se encontraban en el apartamento 702 ese 29 de junio de 2011” serían culpables de portar armas de fuego de manera irregular.
La jueza envió a prisión a Vallejo por 11 años y tres meses, pero su defensa apeló y el caso quedó en el Tribunal Superior de Medellín. Mientras tanto, al jefe de la estructura criminal, que permanecía en la sombra, lo mandaron a casa por cárcel y en registros judiciales quedó plasmado que en varias ocasiones el hombre no estaba en su lugar de residencia cuando el Inpec llegaba a verificar. A su vez, la estructura delincuencial que lideraba, nacida en el barrio López de Mesa de Bello (Antioquia), crecía a punta de extorsiones a constructoras del norte del Valle de Aburrá y con el expendio de drogas ilegales allí y en los municipios vecinos de Copacabana, Barbosa y La Ceja.
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El Tribunal de Medellín, tras estudiar la sentencia y escuchar a las partes, tomó un camino distinto. Según el fallo de segunda instancia, “es de reconocer que no existe prueba testimonial que directamente comprometa al procesado en la tenencia de armas”. Como si fuera poco, “tampoco hay elemento de prueba alguno que establezca que las armas estaban visibles en la cocina cuando el procesado ingresó al apartamento, o cuando anduvo en el mismo, pues esto no fue establecido probatoriamente”. Es decir, la Fiscalía no probó que Vallejo supiera de las armas, pues el apartamento ni siquiera era de él, sino que estaba visitando a Marceliano Pineda, quien murió en la balacera.
Y, aunque a Vallejo le encontraron cuatro cartuchos de balas calibre 38 en sus bolsillos cuando fue capturado, para el Tribunal esto no probaba nada. “De lo ocurrido en el apartamento 702 no se conoce mayor cosa y menos de cómo fue el comportamiento del procesado una vez se inició el ataque de los asaltantes, así la tenencia de las balas que se le encontraron en el bolsillo pueda ser explicada con que se aprovisionó de ellas para repeler el asalto”, escribieron los magistrados, que, sin saberlo —pues la Fiscalía nunca lo dijo en el juicio—, terminaron absolviendo al jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas de Bello.
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De hecho, los magistrados reprocharon que la Fiscalía hubiera dicho que el ataque se debió a rencillas entre grupos delincuenciales, pues, “no hay una sola prueba que permita establecer que el procesado haga parte de dichas organizaciones delictivas”. Escribieron que “resulta[ba] imposible” determinar si hubo delito, “por la notoria falta de concreción probatoria de la actividad investigativa de la Fiscalía, si es que esta se realizó”. Por esto los togados no solo absolvieron al líder de El Mesa, también compulsaron copias para procesarlo por fuga de presos y para que se investigara a los fiscales del caso: Luis Amín Mosquera y Humberto Villamizar Corzo.
La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revisara el caso. Allí, el expediente le correspondió al magistrado Eyder Patiño, que se despachó contra el ente investigador por el argumento que escogieron para pedir la revisión. Y es que, en pocas palabras, la entidad dijo que el Tribunal había dejado por fuera varias pruebas, pero luego en su mismo escrito demostraba que los togados sí habían tenido en cuenta esos elementos en la sentencia absolutoria de Vallejo. “Los testimonios que (la Fiscalía) dice (que) se excluyeron sí fueron apreciados solo que, a juicio del Tribunal, no resultaron suficientes” para condenarlo.
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Así las cosas, el alto tribunal les cerró las puertas en 2015 y Vallejo pudo volver a las calles. Solo tres años más tarde, el jefe máximo de El Mesa fue capturado y en agosto pasado lo condenaron. Uno de los testigos en su contra lo definió como el “líder en las sombras” de la organización criminal, pues en El Mesa se compartimentan el trabajo y, en gran medida por eso han logrado extender sus negocios hasta Bogotá, Soacha y Boyacá. Vallejo está recluido en la cárcel La Picota y desde allí, le han dicho fuentes a este diario, sigue mandando.
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