El río del procurador

Pese a acudir al vacío “todos somos culpables” que usamos en Colombia cuando algo va muy mal, el discurso destacó la responsabilidad de las poblaciones ribereñas (“el río representa un servicio de sustento para el país. Sin embargo, los asentamientos humanos que se han asentado en sus orillas han dejado una huella poco sostenible… contaminación de aguas y en la disminución de la biodiversidad”). Se perdió así la oportunidad de hacer énfasis en los procesos precisos en que actores nacionales e internacionales sacan provecho económico a expensas del río: casos específicos de despojo de tierras que derivaron en el poblamiento desordenado de riberas, secuelas de hidroeléctricas, trayectorias de minería armada y legal.

La prensa, por su parte, alertó en su recuento del evento: “600 poblaciones están arrojando directamente las aguas residuales a la principal arteria fluvial”. Dejando quizá la impresión de que la gente escoge el sitio para mandar sus desechos (¿dónde vamos a verter nuestras aguas residuales hoy?). Muchas poblaciones reciben facturas pero no agua potable, diariamente y con presión. Ven comenzar plantas de tratamiento que nunca se terminan. Y tiene lugar una coreografía de mal servicio y pésima ejecución de obras, protagonizada por gobiernos locales y departamentales, concejos, asambleas, empresas (a menudo concesionarias) y entes reguladores y de control en todas las escalas.

Luego, además de impulsar una nueva política pública que salvará el preciado río, la Procuraduría podría preocuparse por hacer su trabajo.