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Tenía apenas 21 años cuando se vio obligada a migrar a Colombia. La crisis humanitaria por la que atravesaba su país le impedía ganarse la vida y suplir las necesidades de sus tres hijos. Era junio de 2018 cuando Karen* se aventuró a cruzar la frontera por un paso irregular, pues no contaba con los documentos para hacerlo de forma legítima. Esa vez viajó sola, pero, ocho meses después, en cuanto vio la oportunidad, fue a Venezuela a recoger a sus pequeños para traerlos al país y ofrecerles mejores oportunidades.
Pero, al poco tiempo de regresar a Colombia, Karen se enteró de que estaba embarazada. De inmediato, se ahogó de angustia, desespero, ansiedad y todas las reacciones que puede tener una mujer sola, en un país que no conoce, en condiciones económicas precarias, sin empleo, sin red de apoyo y con tres hijos. En busca de ayuda, acudió a una organización internacional para que la asesoraran sobre las causales para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Un médico de una clínica privada certificó que, en efecto, Karen estaba bajo las causales porque el embarazo representaba un riesgo para su salud mental (ansiedad) y física, pues su último parto había sido por cesárea y otro procedimiento similar la ponía en riesgo. El caso fue conocido por la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander que acompañó a Karen hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, para que le realizaran la IVE.
Sin embargo, el hospital se negó argumentando que como Karen tenía más de 20 semanas debía acudir a un centro de mayor complejidad. Solicitaron el traslado al Instituto Departamental de Salud, mientras Karen permaneció hospitalizada cinco días, pero el Instituto no autorizó el traslado. Argumentó que no estaba en la base de datos y que debía anexar documentos que la identificaran como colombiana o que certificaran permanencia legal en el país.
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Ante la negativa de las instituciones médicas a realizarle el procedimiento, Karen interpuso una tutela solicitando una medidas cautelares para acceder a la IVE, así como la protección de sus derechos a la vida, la dignidad humana y la salud. Para su respaldo, anexó el certificado del médico que la avala como apta para acceder a la IVE. Aunque el juzgado admitió la tutela, no otorgó la medida cautelar y decidió no tutelar los derechos de Karen argumentando que no había aportado elementos de prueba suficientes para probar que se encontraba en una causal.
Karen impugnó, pero la decisión en segunda instancia fue similar. El expediente fue remitido a la Corte Constitucional, sin embargo, el alto tribunal no lo seleccionó para revisión. Y mientras su situación se debatía en los estrados judiciales, a Karen no le quedó más alternativa que tener al bebé, pues lo cierto es que luego de acudir a instituciones del estado, prestadores de salud y comités, le negaron su derecho a acceder al procedimiento. Mientras tanto, su condición de salud y económica siguen siendo críticas.
El caso de Karen está en manos de las abogadas de la organización gubernamental Women´s Link Worldwide quienes el pasado 3 de septiembre presentaron una acción popular en contra de la Gobernación y el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, y la Secretaría de Salud y Alcaldía de Cúcuta. Buscan que se protejan los derechos e intereses sexuales y reproductivos de las personas que viven en esa zona del país que, además de ser un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado, se ha convertido en refugio de gran cantidad de población migrante.
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“Estamos solicitando que se genere un diálogo entre autoridades sanitarias y los encargados de proteger los derechos humanos porque las regulaciones existen, pero se quedan en el papel. Buscamos que se hagan campañas informativas porque el país no funciona como Bogotá y es frecuente la desinformación en torno a la IVE. Por ejemplo, ponen límites en edades gestacionales que no existen en el marco jurídico, pero que se van quedando en el imaginario tanto de mujeres, como del personal sanitario”, explicó una de las demandantes, Lucía Hernández.
Eva y Rut
La situación es alarmante. En alianza con la Corporación Denuncia y Muévete, las activistas han sacado a flote otras historias como las de Eva* y Rut*, mujeres que chocaron con muros cuando tocaron puertas en busca de la protección de sus derechos. Según el reporte de Women’s Link, Eva tenía apenas 14 años cuando llegó a Colombia. Estaba embarazada y tenía infecciones de transmisión sexual, producto de una violación. No quería ser madre. Acudió a un hospital en Cúcuta buscando interrumpir su embarazo y tratamiento para las infecciones, pero se encontró con algo muy diferente.
En el hospital le pidieron la denuncia por la violación y, como no la tenía (la Fiscalía no recibe denuncias de violaciones ocurridas en Venezuela), le negaron el procedimiento. De paso, médicos del hospital la presionaron para que no se realizara el procedimiento, al igual que su mamá, quien no dudó en llamarla “asesina”. Ante estos obstáculos, continuó el embarazo. Le programaron cesárea porque a su edad y con un cuadro de desnutrición a cuestas era riesgoso un parto natural.
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Pero los dolores llegaron justo el día en que el puente Simón Bolívar fue cerrado con barricadas y Eva se encontraba del lado venezolano. Tuvo que dar a luz en un pueblo de frontera donde le hicieron una cesárea sin anestesia, ni medicina. La bebé nació muerta. Finalmente, Eva logró llevar algunos medicamentos desde Colombia porque, tras el precario procedimiento, se encontraba en riesgo de morir. Ella sigue visitando el país para buscar su sustento y el de su familia.
Rut, con apenas 17 años, tenía que cuidar de su hermano menor. Es una migrante Venezolana que desde niña sufrió violaciones sistemáticas por parte de su padre y cuando intentaba llegar a Colombia fue violada por tres hombres. Producto de este crimen quedó embarazada. Acudió a un hospital en Norte de Santander con una crisis nerviosa manifestando que no quería seguir adelante con su embarazo. Pero le negaron el acceso a la IVE.
Women’s Link, señaló que la remitieron a un hospital en Medellín donde le dieron medicamentos para inducirle el aborto, pero el personal de salud la dejó sola durante todo el proceso. Llegaron cuando había expulsado el feto, se lo pusieron en el pecho y la trataron de asesina. Desde la organización aseguran que desde que Rut salió del hospital, tras enfrentar barreras y agresiones por parte de los médicos, no se supo más de ella y se fue sin recibir ayuda psicológica, ni controles a su salud.
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“Independiente de si la mujer es nacional o extranjera tiene derecho a acceder a servicios de atención de salud prioritaria o de urgencias, entonces la IVE, un parto, o cuidados posteriores se le tienen que brindar. La Corte Constitucional ha reconocido que estos son derechos en cabeza de la población migrante y los prestadores de salud estarían en la obligación de cumplirlos. Sino, también se puede acudir a la Defensoría o a organizaciones que conocen el marco legal y puedan prestar acompañamiento”, recomendó la abogada Ana Margarita González.
No obstante, las juristas consideran que las barreras son consecuencia de que el aborto siga apareciendo en el código penal como un delito. “La mujer que acude ante un prestador de servicios solicitando la IVE es vista con sospecha. Ese estigma genera temor en el personal de salud, los jueces, la sociedad y hasta en las mismas mujeres alrededor del procedimiento. Entonces, mientras esto no cambie, será muy difícil encontrar un acceso a la IVE sin barreras, empático y eficaz”, concluyó González.
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