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El sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de Chile se creó durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para reemplazar un sistema estatal de reparto. Desde entonces, los trabajadores se han visto obligados a ahorrar dinero en cuentas individuales y las AFP se han convertido en los mayores inversionistas institucionales del país.
Las pensiones privadas son para algunos uno de los aspectos más venerados del sistema financiero de Chile y un modelo para los países de todo el mundo, es valido recordar que Grupo Sura, a través de Sura Asset Management, es la tercera administradora de pensiones en ese país, pues maneja el 19,6 % del mercado.
De hecho, en el Índice Global de Pensiones, que analiza el estado de los sistemas pensionales de 43 países bajo los aspectos de adecuación, sostenibilidad e integridad, ese país obtuvo el puesto más alto entre las naciones de Latinoamérica, con un puntaje de 67,0.
Por ley, todo trabajador chileno debe aportar una parte de su salario a una cuenta individual. Sin embargo, miles de chilenos, después de no lograr ahorrar lo suficiente, han denunciado que las pensiones que reciben los dejan por debajo de la línea de pobreza. De hecho, una reforma total del sistema AFP fue una de las principales demandas de los manifestantes durante el estallido social de 2019.
Las pensiones que reciben afiliados al régimen de capitalización individual pueden llegar a ser incluso de US$20. Aunque la informalidad laboral es de menos del 30 %, quienes están llegando a la edad de jubilación enfrentaron niveles más altos de este fenómeno, lo que se traduce en menos años de cotización. Además, las personas que cotizaron al menos un mes en Chile de todas formas reciben ese ahorro en forma de pensión, sin requisitos de semanas cotizadas, como en Colombia.
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Ahora bien, un rasgo particular del escenario político chileno actual es la incertidumbre sobre su sistema de pensiones, que se ha descapitalizado por cuenta del COVID-19. Desde septiembre de 2020, en medio de la fase más dura de la pandemia en Chile y en el contexto de unas ayudas estatales que demoraron y fueron consideradas insuficientes, el Congreso aprobó tres retiros de hasta un 10 % de los fondos de pensiones por un total de aproximadamente US$49.000 millones, cerca de un cuarto de los fondos administrados por las AFP. Con casi 11 millones de afiliados a estas administradoras, la mitad de ellos quedó con sus cuentas en cero tras ejecutar los retiros de sus fondos de jubilaciones.
La medida demostró ser popular entre los chilenos, que necesitaban efectivo para sobrevivir a las cuarentenas por el COVID-19, pero ha socavado los mercados locales y ha ayudado a elevar la inflación mucho más allá del objetivo del banco central.
De ahí que las medidas que adopte el nuevo presidente en este sentido serán fundamentales. Pero sin mayoría en el Congreso, con una economía que se desacelerará en 2022 y la tarea de sanar a la sociedad tras una polarizada campaña, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, enfrenta un camino cuesta arriba.
Durante la campaña, el candidato ultraderechista a la presidencia José Antonio Kast proponía que el sistema siguiera tal como está con un único cambio: postergar la edad de jubilación. Mientras tanto, Boric propuso cambiarlo a favor de un administrador estatal.
Para algunos analistas, esta es una propuesta preocupante. Por ejemplo, Juan Andrés Fontaine, académico y exministro de Economía de ese país, dijo en noviembre que una decisión de ese tipo implicaba riesgo para los ahorradores y daño potencial a los mercados de capitales de Chile, que dependen de los flujos de las pensiones privadas. “Tengo serias dudas respecto de la capacidad del Estado para responder con buenas pensiones en el futuro, además del problema de los malos incentivos que tendría el Estado para manejar esos recursos”, afirmó.
Ahora, tras su triunfo en las urnas, Boric centrará su atención en formar un gabinete que intente satisfacer a los aliados y votantes sin alienar aún más a los nerviosos inversionistas que han estado vendiendo activos. El lunes, el peso chileno y varios indicadores financieros bajaron luego de las elecciones.
El escenario económico al que se enfrentará no es nada sencillo por varias razones. El banco central del país pronostica que el próximo año el crecimiento económico se ralentizará y caerá de cerca del 12 % registrado este año a tan solo un 1,5 %, a medida que se retire el estímulo pandémico y el próximo Gobierno debe abordar un déficit fiscal que ha aumentado a casi el 12 % del producto interno bruto.
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Los costos de financiamiento serán altos, ya que la inflación promediará el 5,9 % el próximo año y el banco central seguirá aumentando las tasas de interés para intentar controlar la subida en los precios. Los swaps de tasas de interés muestran que la tasa de política monetaria de referencia alcanzará el 7 % en seis meses.
Por otro lado, vale la pena recordar que actualmente cursa una iniciativa de ley de pensiones del presidente Sebastián Piñera. Según el Ministerio de Hacienda, el costo fiscal podría llegar al 0,95 % del producto interno bruto entre 2028 y 2034 y descender a un promedio de 0,92 % hacia 2040.
El proyecto de ley apunta a crear una pensión universal garantizada de 185.000 pesos (US$212) mensuales para todos los trabajadores mayores de 65 años que no pertenezcan al 10 % más rico. El financiamiento provendrá de exenciones tributarias y recursos adicionales ya considerados en el presupuesto de Chile para 2022 y en el presupuesto general de pensiones para el mediano plazo.
¿Cuál es la propuesta de Boric?
En campaña, el presidente electo propuso crear un sistema público sin AFP, pero aseguró que no interferiría en la propiedad de los fondos ahorrados; para eso, la propuesta tendría una primera fase de transición hasta llegar al nuevo sistema.
Sin embargo, en medio de las tensiones, ha dicho que su propuesta puede estar sujeta a cambios y, de hecho, ya ha modificado algunos puntos tras incorporar las opiniones de aliados que se sumaron en el proceso electoral; tanto así que no es del todo claro si en el nuevo sistema los fondos privados salen del cuadro por completo.
La propuesta original indicaba que, en el periodo de transición, las personas ya jubiladas recibirían una pensión contributiva complementaria a la actual; quienes no han cotizado entrarían al nuevo sistema y quienes no se han jubilado, están afiliados al sistema de AFP y tienen fondos, podrán trasladarse, si así lo prefieren, al sistema público. Bajo esa lógica, dicho periodo podría durar varias décadas.
Es importante señalar que para este modelo se plantea un aumento de la cotización mensual, desde el actual 10 % del salario al 18 %, “en forma gradual” y con gran parte del cargo al empleador.
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El sistema tiene tres pilares. Un primer pilar sería no contributivo, inicialmente, se habló de asegurar una pensión mínima de 250.000 pesos chilenos, equivalente a unos Us$308, para toda la población de 65 años o más. Después se dijo que esto sería gradual, priorizando a las personas más vulnerables que están actualmente por fuera del pilar solidario.
El segundo pilar sería contributivo y administrado por un órgano público autónomo. Además de los aportes, según la iniciativa, se considerará el trabajo de cuidados no remunerado y se subsidiarán los períodos de desempleo. La rentabilidad tendría un componente de capitalización colectiva que proviene del ahorro financiero y un componente que depende del crecimiento de la productividad del trabajo. Otro ingrediente es utilizar una expectativa de vida igual para hombres y mujeres.
El último pilar es el de ahorro voluntario, monto que se sumaría como complemento a la pensión de los anteriores pilares. En cuanto a la administración de ese nuevo sistema, la propuesta es que el órgano autónomo administre el pilar no contributivo y el pilar contributivo, mientras que el ahorro voluntario podría ser administrado por privados.
Estas son algunas de las bases de las propuestas de Boric, aunque se mantienen varias dudas sobre cómo materializarlas, financiarlas y adaptar el nuevo sistema. Tampoco hay claridad sobre las modificaciones que se han comentado en el camino.
Lo único cierto, por ahora, es que uno de los retos (y de las promesas) fundamentales del presidente electo es lograr un equilibrio en el sistema pensional y ganar apoyo para poder adelantar las reformas prometidas.
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