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Casi todas las investigaciones de políticos y empresarios corruptos tienen un común denominador: aplazamientos, dilaciones e impunidad. En ellas se emplean triquiñuelas para obstruir a la justicia y lograr la absolución por la puerta de atrás, poniendo a un abogado por delante.
Varios de los más sonados casos que involucran a corruptos políticos o empresarios terminan sin ningún tipo de condena ejemplar, mucho menos en reparación para las víctimas, incluido el Estado. Aplazamientos por dolores de barriga, cólicos, intoxicaciones, dolores de muela y hasta depresiones de los investigados o sus abogados hacen parte de la lista de insólitas dolencias y afectaciones para evadir las citas con la justicia.
Desde que inicia el proceso, investigados y abogados tienen claro que su único objetivo es entorpecer la investigación para lograr la prescripción de sus delitos y posteriormente pregonar su inexistente honorabilidad.
No es una novela, es la realidad. Como se mostró en el reportaje de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, liderada por el periodista Juan David Laverde, el caso de Samuel Moreno es una clara muestra de esta triste realidad. Desde 2017, la Fiscalía imputó cargos a Moreno por la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas y la millonaria coima pagada por Odebrecht y Grupo Solarte, sin que hasta el sol de hoy se haya podido adelantar el juicio en contra del exalcalde debido a las múltiples solicitudes de aplazamiento soportadas en causas que hacen aún más larga la lista anterior, ingeniadas desde la privilegiada comodidad de la Escuela de Carabineros de Bogotá —no desde una cárcel— para burlarse de la justicia junto con su abogado, quien en Noticias Caracol vociferó que eso no era nada distinto al debido proceso. Tras de ladrón, bufón.
Ese no es el único caso en que los aplazamientos y maniobras dilatorias son el pan de cada día. Podemos referirnos a muchos procesos famosos, pero da igual. La conclusión es la misma: se trata de una práctica premeditada, común, habitual y hasta patrocinada por el entorno mismo, diseñado para que al final ganen los malos, se decreten prescripciones y todos puedan vivir del botín, que para el caso del abogado se llama honorarios.
Lo lamentable de todo esto es que los abogados de esas pobres “víctimas” de la persecución penal del Estado se prestan para ejecutar maniobras fraudulentas sin que ninguna autoridad disciplinaria se pellizque a quitarles la tarjeta profesional de abogado, oficio que cada día se “perratea” más por cuenta de quienes actúan en estos casos.
Hemos sido testigos de abogados que justifican el aplazamiento de las audiencias con excusas que son una cachetada a la justicia, como por ejemplo que el procesado tiene estreñimiento. Ya ni saben qué inventar. Algunos abogados se conocen más por sus apodos que por sus apellidos, como el tristemente célebre “Dr. Diarrea”, al que en el futuro no tardan en acompañarlo el “Dr. Jaqueca”, el “Dr. Dolor de Muela” o, como en el caso de Samuel Moreno, el “Dr. Sospecha de COVID-19”.
Y esas excusas nada tienen que ver con el ejercicio de las garantías del debido proceso, pues son una burla a él. Son maniobras dirigidas a entorpecer las labores de la justicia, buscar excarcelaciones por vencimiento de términos y “absoluciones” por prescripción. Aquí los “abogánsteres” actúan a sus anchas sin ni siquiera sonrojarse. Al contrario, se enorgullecen y se felicitan entre ellos, a través de la recién creada “Asociación de Abogánsteres” o como se llame ese colegio que funciona como fachada de sus travesuras. Horroroso.
Es una vergüenza que nuestro sistema penal, anunciado como acusatorio, haya quedado reducido a un “sistema penal aplazatorio” en el que priman el ausentismo, la impunidad y la burla a la justicia. Un sistema creado para proteger al delincuente de la sociedad y no a la sociedad del delincuente. Así es muy difícil acabar con la corrupción, por no decir imposible.
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