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En enero de 2008 el escándalo de la parapolítica estaba al rojo vivo y la crisis creada por el largo cautiverio de los secuestrados políticos de las Farc tenía contra la pared al gobierno del presidente Uribe. El Congreso era presidido por la senadora de Cambio Radical, Nancy Patricia Gutiérrez, quien sostuvo una reunión con el entonces embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, cuyos términos dieron pie a un cable diplomático sobre sus reflexiones acerca de las relaciones entre los dos países y la política interna.
En principio, la entonces senadora Nancy Patricia Gutiérrez le comentó al embajador que su interés era fortalecer las relaciones institucionales entre los congresos de las dos naciones, incluyendo más visitas e intercambios entre funcionarios de ambos países. La senadora precisó que a pesar de las permanentes críticas de la oposición hacia los Estados Unidos, la mayoría de los legisladores colombianos reconocían el apoyo que el país del Norte había dado a través del Plan Colombia. Por eso su objetivo era consolidar los nexos bilaterales.
En medio del diálogo entre la senadora y el embajador, Nancy Patricia Gutiérrez sacó a relucir el nombre de su colega, Piedad Córdoba, y manifestó que estaba usando a los medios de comunicación y a sus aliados políticos en Washington para ejercer presión sobre el presidente Uribe y su gobierno. En seguida comentó que hubiese sido más apropiado si Piedad Córdoba hubiera hecho acusaciones públicas de amenazas en su contra en el Congreso de Colombia en vez de hacerlo durante su visita a la capital de Estados Unidos.
De igual modo, Nancy Patricia Gutiérrez criticó al exsenador Gustavo Petro, de quien dijo que estaba avivando el espíritu contra el Tratado de Libre Comercio y antiuribista durante sus viajes a Estados Unidos. Sin embargo, la entonces presidenta del Congreso le hizo saber al embajador Brownfield que los analistas en Colombia criticaban al gobierno norteamericano porque sus preocupaciones parecían centrarse únicamente en la libertad de los tres estadounidenses que en ese momento estaban secuestrados por las Farc.
La entonces congresista destacó el apoyo que estaba dando Estados Unidos para alcanzar una solución humanitaria en el tema de los secuestrados políticos, pero le hizo saber al embajador que el rol que podían cumplir algunos líderes de América Latina y de Europa, así como los buenos oficios de la Iglesia católica, eran buenos siempre y cuando contaran con el apoyo del Gobierno de Colombia. En pocas palabras, el lineamiento que tuvo el país durante los ocho años de mandato del gobierno Uribe y los escasos momentos de realización de acuerdos humanitarios.
En la conversación salió a flote otro tema crítico: ¿qué hacer con 18.000 paramilitares desmovilizados que habían quedado en el limbo tras fallos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema que limitaron los alcances de la controvertida Ley de Justicia y Paz. En ese momento la senadora Gutiérrez le hizo saber al embajador de Estados Unidos que dudaba mucho que aún con modificaciones pudiera pasar una reforma sobre el estatus legal de los desmovilizados, pero dejó claro que si el gobierno presentaba una propuesta, ésta sería considerada por el Congreso.
No obstante, Gutiérrez admitió ante el embajador que los integrantes del Congreso se sentían intranquilos de sobrepasar la autoridad de la Corte Suprema de Justicia y que tampoco querían quedar en la mitad de la batalla que estaban librando la Corte Suprema de Justicia y el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese momento, justamente se vivía la hora más crítica en las relaciones entre los dos poderes, sobre todo después del montaje del caso Tasmania y de las mutuas acusaciones entre el presidente Uribe y el magistrado de la Corte César Julio Valencia.
La entonces senadora Nancy Patricia Gutiérrez insistió al embajador que la reforma pretendía responder a los términos de una sentencia adoptada en julio por la Corte Suprema de Justicia, que había dejado al menos 18.000 paramilitares sin una opción clara para saldar sus cuentas con la justicia. Aun hoy se sigue debatiendo sobre este asunto y se continúan buscando fórmulas para resolver el dilema de los desmovilizados del paramilitarismo que no terminan de cumplir deudas con el Poder Judicial.
La conversación entre la senadora Gutiérrez y el embajador Brownfield terminó con una exaltación de la congresista al Tratado de Libre Comercio, calificándolo como muy importante para fortalecer las relaciones bilaterales en los escenarios políticos y económicos. Aunque observó que veía con preocupación el lenguaje utilizado en algunos temas de propiedad intelectual, en términos generales manifestó su apoyo al posible pacto y exteriorizó su complacencia de acoger delegaciones del Congreso de Estados Unidos en Colombia.
La entonces senadora Nancy Patricia Gutiérrez, quien ocupó la presidencia del Congreso en la legislatura 2007-2008, fue afectada por una investigación preliminar de la Corte Suprema de Justicia dentro del denominado escándalo de la parapolítica en abril de 2008. Posteriormente, en septiembre de 2010, el alto tribunal le abrió una nueva investigación, esta vez por utilizar información ilegalmente recaudada por el DAS, para utilizarla en un debate que adelantó en el Congreso contra Piedad Córdoba.
El pasado 25 de mayo la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez fue afectada con medida de aseguramiento por el delito de tráfico de influencias, sobre la imputación de que sí utilizó información del DAS para su debate contra la exsenadora Piedad Córdoba. La información fue corroborada por la exsubdirectora de Operaciones del DAS, Martha Leal, quien confesó a la Fiscalía que recibió órdenes de la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, de darle información a Nancy Patricia Gutiérrez para ese debate.