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Con 59 votos a favor y 12 en contra, la plenaria del Senado dio luz verde al estatuto orgánico de la nueva Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, con lo que se podrá dar inicio a su materialización.
El documento, que tenía mensaje de urgencia del Gobierno Nacional, no solo define las condiciones para crear esta nueva figura en la región, sino sus prioridades y métodos de financiamiento, que en los últimos días han causado controversia entre los gremios.
Al respecto, Patricia González, secretaria de Integración Regional, habla sobre los componentes del proyecto que incluye 58 artículos y los retos que tendrán una vez el proyecto sea sancionado por el presidente.
¿Qué diferencia a la región de las áreas metropolitanas que ya existen?
Legalmente es una figura diferente. Las áreas solo trabajan asuntos generados por el municipio núcleo, pero no problemas como la conurbación. La región, en cambio, basa la relación en dinámicas en común con Bogotá, como en seguridad alimentaria, ya que Cundinamarca le da más del 40 % que consume a la ciudad. Acá también participa la Gobernación, porque se necesita una figura que les dé tranquilidad a los municipios de que entran en las mismas condiciones y no terminarán absorbidas por la capital, lo que está prohibido. Acá solo se habla de asociatividad con los municipios.
¿Qué cambió en este último debate?
Entre lo importante están los recursos para la financiación de la Región Metropolitana, porque se incluyeron y complementaron fuentes de financiación como el aporte anual que dará el Gobierno Nacional y que se hará desde 2023, pero en realidad se mantuvo la esencia con los siete temas centrales: movilidad, servicios públicos, seguridad, desarrollo económico, medio ambiente, ordenamiento territorial y hábitat, y seguridad alimentaria y comercialización.
Los gremios han mostrado su inconformismo con los nuevos impuestos, ¿por qué los incluyeron como método de financiación?
La región tiene un componente de planeación, pero requiere de capacidad para ejecutar los proyectos y no se quede en buenas intenciones. No se están imponiendo impuestos de largo aliento, son opciones que se dan a los municipios para la ejecución de planes. Por ejemplo, la sobretasa se incluyó en los mecanismos de financiación, pero quienes finalmente deciden de dónde saldrán los recursos son los concejos. Lo mismo pasa con la valorización y la plusvalía. No se harán cobros porque sí, sino que estarán atados a obras y proyectos.
¿Qué papel juegan los concejos y la asamblea?
Harán el control político. Además, el director deberá presentar informes anuales a cada uno de los municipios que sea parte de la región y una rendición de cuentas no solo a los concejos municipales, sino que debe hacer una audiencia pública en cada uno de los entes territoriales. De igual manera, se abrió la posibilidad de que se conformen veedurías ciudadanas para hacerle seguimiento a la región.
¿Cómo podrán salir los municipios de la integración?
Al igual que el ingreso el retiro tendrá que pasar por aprobación del concejo municipal. El alcalde lo presenta, pero debe justificar la salida, que no puede ser inferior a un año de su ingreso. Además, deberá estar al día con sus obligaciones económicas o no tener ningún compromiso en desarrollo. Debe estar al día con la región.
¿Cuál será el nivel de decisión de los municipios?
La toma de decisiones es un tema vital y que se hará en consenso entre los miembros. El ideal es que estén todos de acuerdo, sin embargo, en caso de no darse, la idea es que en la quinta votación se permitirá que se apruebe un proyecto por mayoría, pero se requiere el voto positivo de Bogotá y Cundinamarca, para que de alguna forma se sientan representados la mayor parte de los participantes.
La prioridad serán las decisiones en consenso. No pesa más el voto de Bogotá, ni habrá derecho a veto o un peso mayor, porque no se permitirá que un solo miembro tome las decisiones.
¿Ahora qué viene?
Después de la sanción presidencial se debe llevar el proyecto al Concejo de Bogotá para el ingreso del Distrito a la región, y lo propio en Cundinamarca, ante la Asamblea. Luego haremos todo el proceso de vinculación a los municipios, que es lo que ofreceremos desde la región. Una novedad es que durante el trámite de ingreso se deben realizar audiencias públicas en las localidades de Bogotá y los municipios. Vamos a acompañar todo el proceso para el ingreso de los municipios paralelamente al montaje de la estructura de la región. El reto es dejarla funcionando para 2023, antes de que termine el mandato de Claudia López y Nicolás García.
Por Mónica Rivera Rueda
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