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Congresistas apelaron al Estatuto de la Oposición para discutir ratificación de Escazú

Ante las persistentes cancelaciones de las sesiones conjuntas, los parlamentarios de la oposición movieron esta ficha como estrategia para que las mesas directivas privilegien este tema en la agenda.

El exministro de Ambiente, Ricardo Lozano, firmó el acuerdo para combatir la deforestación. / Cortesía Minambiente.
El exministro de Ambiente, Ricardo Lozano, firmó el acuerdo para combatir la deforestación. / Cortesía Minambiente.

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Los congresistas Antonio Sanguino y Neyla Ruiz (Alianza Verde), Iván Cepeda (Polo), y Feliciana Valencia y Abel Jaramillo (MAIS) movieron filas y acudieron al Estatuto de la Oposición para presionar la discusión de la ratificación del Tratado de Escazú.

Lea: Después de mucho pataleo, Colombia finalmente firmó el Acuerdo de Escazú.

Este miércoles ante las mesas directivas de las comisiones segundas conjuntas radicaron la solicitud para que los hagan partícipes en la agenda del orden del día, invocando el Estatuto de la Oposición.

La solicitud pide que se cite a comisiones el próximo 3 de noviembre para “no dilatar más la presentación del proyecto de ley que llegó al Congreso con mensaje de urgencia y que ha sido respaldado por más de 130 organizaciones ambientales, activistas y defensores ambientales”.

La oposición alerta que van cuatro sesiones canceladas, lo que ha impedido también la radicación de la ponencia conjunta del proyecto. “Nos tocó a una parte radicar texto positivo porque nos cansamos de esperar”, dijo el senador Sanguino.

Más contexto: Escazú, con pronóstico negativo en el Congreso.

Esta solicitud también va en concordancia del pedido que le hicieron las organizaciones y defensores ambientales al presidente de ratificar el compromiso, el cual lo resaltó como un avance en temas medioambientales en su discurso de Naciones Unidas, en la pasada Asamblea General.

“El Acuerdo de Escazú requiere un debate argumentado y avanzar en su ratificación, es urgente avanzar en la consolidación de la democracia ambiental y la garantía de entornos seguros para los y las defensoras de derechos humanos en materia ambiental”, resaltan los parlamentarios.

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