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Desde que fue detenido el 18 de febrero de 2019, dos meses después de que el gobierno de Estados Unidos enviara la nota verbal No. 2231 requiriendo su captura con fines de extradición, el ciudadano guatemalteco Josué Adán Lemus Lara ha recurrido a varios recursos legales tratando de esquivar el que parece ser su destino: una cárcel estadounidense. Pero, hasta ahora, sigue sin lograrlo. Su último intento fallido escaló hasta el Consejo de Estado, que acaba de fallar una tutela en su contra.
Lemus Lara, que según el indictment en su contra se conoce en el mundo del narcotráfico con el alias de Fénix, llegó a Colombia en 2017 y se radicó en el Eje Cafetero. “Comenzando en una fecha desconocida por el gran jurado y continuando hasta incluso enero de 2018”, se lee en el indictment, Lemus Lara y otras personas “conspiraron entre ellos y con personas conocidas y desconocidas por el gran jurado para poseer con la intención de distribuir” cocaína en Estados Unidos. (Detienen a 23 supuestos narcotraficantes en Guatemala, México, Colombia y Ecuador)
El primer cargo en contra de Lemus Lara tiene que ver con estupefacientes detectados en una embarcación. El segundo, con droga que habría tratado de ser introducida a ese país por otros medios, a través de una ruta de narcotráfico que pasaba por los países de Colombia, Costa Rica y Guatemala, tanto por aire como por tierra. En Guatemala, le han dicho fuentes de ese país a El Espectador, han aumentado las narcoavionetas significativamente en los últimos dos años.
Según la Policía, entidad que lo capturó, Lemus Lara se asentó en Pereira para posar de empresario mexicano en busca de aliados para exportar café. En los dos años que alcanzó a estar en el país como hombre libre, sin embargo, resultó implicado en una investigación por “por estar construyendo un sumergible en la zona rural del municipio de Majagual departamento de Nariño”, así como por la incautación de cargamentos de cocaína en Dagua (Valle) y aguas internacionales de Costa Rica.
Esos procesos judiciales abiertos en Colombia hicieron que la Corte Suprema, la cual avaló la extradición de Lemus Lara el 22 de enero de este año, pidiera al Gobierno que se considerara la posibilidad de postergar el traslado del guatemalteco a Estados Unidos para dar prioridad a los procesos en su contra abiertos por las autoridades colombianas. Según expuso la Corte, se trata de hechos “diferentes a los mencionados en la acusación” de la Corte del Distrito Sur de California.
“Corresponde al Gobierno Nacional considerar si difiere la entrena del requerido hasta cuando culminen las actuaciones seguidas en su contra por parte de las autoridades nacionales con el propósito de prevalecer la justicia nacional sobre la extranjera”, dijo en su momento el alto tribunal. Pero ese planteamiento no salvó a Lemus Lara de la suerte que a toda costa busca evitar. El Gobierno, en una frase, lo desestimó: “No se tiene conocimiento de la existencia de orden de captura vigente”. (Capturan a exmilitar guatemalteco que estaría vinculado a cartel de droga)
La administración Duque señaló en la resolución 019 de 2020, expedida el 13 de febrero de este año, que, “por el contrario”, aprobaba y ordenaba la extradición inmediata de Lemus Lara. Más allá de los debates sobre jurisdicción, la información con que contaba el Gobierno por inteligencia de la Policía era que Lemus Lara era un enlace clave entre Guerrillas Unidas del Pacífico, una disidencia de las Farc que opera en Nariño, y carteles de droga mexicanos.
Lemus Lara, también conocido como Chema, era al parecer un punto de conexión con el cartel de Sinaloa. De allí radicaba su importancia. Y una vez detenido, los recursos judiciales para que saliera libre no se hicieron esperar, sobre todo alegando que su detención se prolongó de manera ilegal. En enero de este año, cinco días después de que la Corte Suprema avalara su extradición, W Radio informó que un juez de Cali había ordenado su libertad por vencimiento de términos.
En otras palabras, recobraba su libertad porque las autoridades no hicieron lo necesario a tiempo para tenerlo tras las rejas. Pero Lemus Lara, quien llegó primero detenido a la cárcel La Cuarenta de Pereira y luego fue trasladado a La Picota de Bogotá, no salió libre. El proceso de extradición continuó y, entonces, él radicó una solicitud de habeas corpus. Es decir, reclamaba que su detención ya era ilegal y que por eso debía salir libre. (Pandillas en Guatemala serían tipificadas como organizaciones terroristas)
La petición llegó al Tribunal Superior de Bogotá, el cual, el pasado 25 de marzo, concluyó que Lemus Lara está “legalmente detenido” en el marco de su proceso de extradición, el cual, una vez recibió el aval del presidente Iván Duque, debía darse en cuestión de días. No fue así por una razón: la pandemia. A medida que en el mundo empezaba a expandirse el nuevo coronavirus, en Colombia se tomaron también decisiones al respecto y los efectos también los sintió Lemus Lara.
Su envío a Estados Unidos quedó suspendido por razón de la pandemia, algo que él mismo quería. El pasado 3 de junio presentó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de nuevo exigiendo su libertad, en la cual alegó que, además de que su detención afectaba derechos fundamentales como el de tener una familia, expuso que también estaban en juego sus derechos a la salud y a la vida dada la emergencia sanitaria que vive Estados Unidos por el COVID-19.
Como las extradiciones también quedaron suspendidas por la emergencia del coronavirus, el Tribunal le contestó que su vida no estaba en riesgo. Lemus Lara, no obstante, insistió, y cuando esa corporación le dijo que no podía quedar libre, impugnó y se fue para el Consejo de Estado, donde sus reclamos tampoco tuvieron eco. Su proceso de extradición tendrá que reanudarse porque esa suspensión fue hallada inexequible por la Corte Constitucional, pero nada más, dijo la alta corte.
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